¿Trabajadores/as sociales en los centros educativos? Sí

Málaga, 29 de julio de 2020

María José Marteache Martín
Trabajadora Social. Equipo de Orientación Educativo Especializado
Miembro de la Comisión de Educación del Consejo Andaluz de Trabajo Social – por la defensa del Trabajo Social en los Centros Educativos

El marco legislativo social que se va introduciendo supone un gran avance en derechos sociales. Las nuevas normas se van actualizando e incluyendo coberturas donde antes había necesidades sin resolver, así se puede fortalecer el sistema de protección social. Este horizonte esboza un antes y un después en el fortalecimiento de la ciudadanía más vulnerable.

Ya sea el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital o, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, ambos realizan un gran esfuerzo por resolver sus cometidos. Es una ingente labor incluir las diferentes realidades que soportan distintos grupos de personas, y establecer medidas eficaces para sacarlas de su vulnerabilidad.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, es inevitable reconocer que viene a paliar carencias en diferentes ámbitos, educativo, servicios sociales, judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.

El proyecto de Ley es ambicioso y complejo, por ello es el momento de vislumbrar resquicios que puedan desmembrar la protección de niños y niñas. Escuchar al colectivo de Trabajadores Sociales, quienes están cercanos a las realidades sociales de las familias, ofrece la oportunidad de cerrar bien el círculo de la protección de la infancia y la adolescencia. El objetivo lo merece.

El sentido que recoge el proyecto de Ley aborda la necesidad de la notificación precoz de los casos de violencia. Así se incide en preparar a docentes, familias y al alumnado para mostrar atención ante cualquier indicio. Asimismo la difusión de los protocolos de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia es ventajosa para que salgan a la luz estas comunicaciones a los servicios necesarios cuando se producen. Además acciones como promover el respeto a la diversidad del alumnado, o la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, son elementos para propiciar un clima protector y un aprendizaje para la vida en sociedad.

En el proyecto de Ley, el timón de estas acciones será el o la coordinador/a de Bienestar y Protección. Es de considerar que estas novedades aplicadas en todos los centros educativos presentan un avance significativo, y si están recogidas en una Ley, tienen mayor garantía para llevarlas a efecto.

Una diferencia abismal sería que desde los centros educativos, se atendiera de una forma cercana a las familias en sus diversos procesos de vida, dónde se originan las dificultades familiares, y dónde éstas pueden derivar en situaciones de riesgo o desprotección ante adversidades. Acompañar a las familias en las dificultades para que realicen avances o cambios, significa incidir en la prevención de daños perjudiciales en la infancia y la adolescencia. Esta forma requiere manejar técnicas, habilidades, y estrategias enmarcadas en el procedimiento social. Saber reconocer los diferentes momentos de la intervención, y acompasar avances y retrocesos son elementos necesarios para intervenir con las familias.

Es decir, una acción profesionalizada del Trabajo Social en los centros educativos, va a evitar la notificación de muchas de las situaciones familiares que se pueden cronificar a no ser que se intervenga desde el medio educativo a tiempo. Incide del mismo modo en aquellas situaciones adversas por la que atraviesan niños o niñas, realizando intervenciones conjuntamente con trabajadores sociales de los servicios sociales o equipos especializados en el tratamiento familiar, y va a realizar una canalización técnica de situaciones de posibles riesgo o desprotección al organismo competente.

La aplicación de acciones de prevención, detección, diagnóstico social, intervención en el centro educativo, y seguimiento, junto a la coordinación con las distintos servicios sociales locales y especializados, y la posibilidad de emitir informes sociales, conlleva mayor eficiencia.

La intervención de trabajadores/as sociales se completa con su acción en el grupo clase, y la comunidad educativa, o sea se aborda la gestión de las emociones que produce ciertos hechos acontecidos a niños o niñas, se trabajar en diversos tiempos la prevención de situaciones adversas, etc. El efecto de trabajar a tres niveles individuo/familia, grupo y comunidad lo comprende el procedimiento del Trabajo Social. Tener esto en los centros educativos produciría una subida exponencial del nivel en la protección de la infancia y la adolescencia.

Los y las trabajadores/as sociales de educación intervenimos con las familias de esta manera, y lo venimos haciendo desde 1976 en el ámbito educativo. Estamos inmersos en los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y aportamos la orientación sociofamiliar del alumnado.

Nuestras funciones están reguladas por en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, y entre ellas se encuentran las siguientes:

• El desarrollo de acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social.
• La aportación de información sobre las características del entorno, de los recursos educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías adecuadas para su utilización.
• La promoción de la integración de las familias y del entorno en las actividades de los centros y la colaboración con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia.
• La colaboración en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera.
• En el desarrollo de nuestras funciones, intervenimos entre otras acciones en:
• Contextos familiares que obstaculizan el adecuado desarrollo del alumnado.
• Procesos de aceptación de la familia ante las necesidades especiales de apoyo educativo de su hijos/as, o ante cualquier tipo de diversidad
• El asesoramiento y la sensibilización de la comunidad educativa ante las características sociofamiliares del alumnado.
• La resolución de conflictos entre el centro educativo y familia/s, o viceversa.
• El asesoramiento y seguimiento en el proceso de detección y/o notificación de posibles situaciones de riesgo y desprotección de niños y niñas.
• La coordinación de los casos de alumnos y alumnas en situaciones de riesgo o desprotección con los servicios sociales comunitarios, equipos de tratamiento familiar, servicio de protección de menores, etc.
• El fomento de la coordinación entre el centro educativo y los agentes externos que intervienen con el alumnado.
• El asesoramiento sobre la aplicación de protocolos en casos de absentismo escolar, acoso escolar, ciberacoso y acoso sexual, maltrato infantil, violencia de género, e identidad de género.
• El desarrollo de actuaciones para proveer habilidades en la resolución de conflictos y prevenir dificultades en la convivencia entre el alumnado.
• La realización de actuaciones para evitar la brecha digital entre el alumnado desprovisto de tecnología digital, y sus consecuencias.
• Y otras intervenciones propias de la disciplina científica del Trabajo Social.

Es legítimo por tanto, que el trabajo que venimos desarrollando trabajadores y trabajadoras sociales en la administración educativa se refleje en la normativa educativa, y toda aquella que tenga repercusión en el ámbito educativo, especialmente en las Leyes que se están fraguando y que tendrán repercusión en los próximos años, como La futura Ley de Educación (LOMLOE) y en la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. En concreto es palpable que trabajadores/as sociales ocupen la figura de Coordinador/a de Bienestar y Protección en los centros educativos.

En el transcurso del tiempo en el que trabajadores/as sociales formamos parte del ámbito educativo, los/as trabajadores/as de educación, hemos observado los cambios en la forma de educar, a la vez que la sociedad en general ha ido experimentando avances. En el inicio se consideraba que el trabajo social en educación debía estar cerca del alumnado de necesidades educativas especiales en vías de integración, o tenía que centrarse en centros educativos situados en zonas en vías de transformación social para atender al alumnado de familias socioculturalmente desfavorecidas. Fueron las realidades de los años 70 y 80. Paulatinamente el sistema educativo fue otorgando mayor papel a la relación con las familias, pues sin éstas no se puede educar; pero esta transformación no acompañó el aumento de la plantilla de trabajadores/as sociales, se mantuvo igual, incluso con algún retroceso.

En la actualidad cada vez menos personas dudan de que el Trabajo Social no solo se necesita para trabajar en contextos de pobreza, sino que situaciones familiares que pueden acontecer a cualquier tipo de familias como: la aceptación de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje, etc., conflictos de pareja, procesos de separación y divorcio, cambio de cuidadores en niños y niñas, perdidas de seres queridos, suicidio, duelo, etc. pueden dejar secuelas en menores, y que la intervención de trabajadores/as sociales en esta situaciones está indicada.

El principal detector de las necesidades de niños y niñas es la escuela. Es ahí el ámbito de base dónde es preciso dotar de trabajadores/as sociales si se quiere incidir en la infancia y la adolescencia, aparte de reforzar el sistema de servicios sociales, y el de protección.

La apuesta por la cobertura de trabajadores/as sociales en los centros educativos es todo un reto presupuestario, pero en la actualidad en que se va a disponer de un ingreso mínimo para sacar de la pobreza a una parte de la población más vulnerable económicamente, queda hacer los esfuerzos por su inclusión social, y esto va aparejado con la necesidad de prevenir situaciones adversas en las familias.

Evitar secuelas que den origen a conflictos personales en los hombres y las mujeres de las nuevas generaciones es la forma de conseguir esa inclusión. Así si se consigue la protección de la infancia y la adolescencia.