Abuso de temporalidad y precariedad en los Servicios Públicos: Las víctimas no son el problema

Málaga, 8 de junio de 2021

Elisabet Rodríguez Zurita
Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios
Empleada pública en abuso de temporalidad

¿Es posible un ERE de cientos de miles de empleados/as? ¿Es posible que las administraciones públicas que deben cumplir las leyes, proteger los derechos laborales y no revictimizar, no sean capaces de dar una solución administrativa y legal a quienes son víctimas de un sistema que ha promovido el abuso de la temporalidad de las/os profesionales en las Administraciones Públicas españolas? ¿Existe una relación entre el empleo público precario y unos Servicios Públicos precarios? ¿Quién es responsable de tanta precariedad? 

Me he decidido a compartir mis opiniones y reflexiones, tanto personales como profesionales, porque es urgente dar visión y solución a una situación que lleva años afectando a empleados/as y a servicios públicos, haciendo que éstos sean cada día menos organizados y más precarios, privando a la ciudadanía de respuestas y recursos para su atención y mejora de calidad de vida.

Como afectada no puedo ser objetiva en mis opiniones, mi pretensión es comunicar y compartir cómo veo y vivo esta realidad, dar visibilidad a este problema y con ello, intentar que se promueva la búsqueda de soluciones justas y responsables a esta situación.

No soy una plaza, soy una persona/profesional que accedí conforme a la Ley

Me llamo Elisabet y tengo 50 años. Soy trabajadora social desde 1992 y durante varios años trabajé en el Tercer Sector, especializándome en Drogodependencias. En el año 2001, me presenté a un proceso selectivo de Diputación de Málaga que cumplía los principios legales de publicidad, mérito y capacidad, prueba que superé, quedando en 5º lugar, pero no conseguí la única plaza ofertada.

Por necesidades de esta administración, pasé a formar parte de una bolsa de empleo. Durante 3 años, compaginé mi trabajo habitual con la cobertura de vacaciones en Diputación (cuando todavía se cubrían vacaciones). En el año 2002, estando embarazada de mi hijo, estuve preparando oposiciones, las cuales fueron impugnadas y nunca se realizaron.

En 2004, me llamaron para una baja laboral de 2 meses, por las mañanas trabajaba en la Administración y por las tardes en la Federación de Asociaciones de Drogodependencias, entidad que me facilitó todo lo posible compaginar ambos trabajos, para mí era una oportunidad y conté con su inestimable apoyo. 

Tener una familia, ser madre y llevar 2 trabajos pronto fue un imposible, parecía que la baja iba a ser más duradera de lo esperado y tomé la decisión de continuar trabajando en Diputación. En 2005, de nuevo embarazada y tras concluir el contrato anterior, me llamaron para cubrir el puesto en UTS del que entonces era el director del centro de servicios sociales en el que comencé a trabajar. En 2007, tras una restructuración del Servicio, pasé a ser la trabajadora social de la UTS Campillos II. Desde entonces soy funcionaria interina, es decir, personal temporal desde hace 14 años, en una plaza estructural de nueva creación. ¿Conocen a alguien que trabaje de forma continuada en una empresa privada y que después de 14 años continúe siendo temporal? 

Después de 20 años, en mi caso, es un insulto y un trato indigno por parte de las Administraciones a las que prestamos nuestros servicios que pongan en duda nuestras capacidades o nuestra forma de acceso a la Administración (forma de acceso que en su día impuso la misma Administración).

Mi situación no es excepcional, sino la realidad de cientos de miles de empleadas/os públicas/os interinas/os y laborales fijos no indefinidos que llevan una, dos y hasta tres décadas desarrollando su trabajo como “temporales”, siendo víctimas del abuso de la temporalidad de las Administraciones Públicas españolas. En mi caso he tenido la fortuna de tener asignado  un puesto estable, no es el caso de empleadas/os que durante años sufren cambios de puesto de forma continuada y/o excesiva temporalidad, estas situaciones son más numerosas y comunes en Sanidad o Educación.

Temporalidad y precariedad de los Servicios Públicos van de la mano

Era estudiante cuando todavía resonaba la Reconceptualización y figuras como Marco Marchioni o Ezequiel Ander-Egg pasaban por la Escuela de Trabajo Social de Málaga. En aquellos tiempos emergía el Sistema de Servicios Sociales (el famoso 4º pilar), el Plan Concertado, posteriormente los  Centros de Servicios Sociales, la Red de Atención Pública especializada,… Mis profesores/as me hablaban del Estado de Derecho, de Política Social, Servicios Sociales, del Método básico en Trabajo Social (Observación/investigación, Interpretación diagnóstica, Planificación/programación, Ejecución, Evaluación); todo ello fundamental para un trabajo profesional y de servicio a la ciudadanía. 

Cada vez son menos las/os profesionales que tenemos estos recuerdos. Hemos vivido la construcción de los Servicios Sociales, y sin que esta construcción llegase a culminarse, llevamos más de una década asistiendo a la deconstrucción de los mismos. Vemos nacer nuevas leyes que reconocen derechos, incluso subjetivos, leyes que no se reglamentan ni dotan presupuestariamente, promoviendo la desprotección. De nada sirve un Ingreso Mínimo Vital que tarda meses en dar respuesta o toma datos económicos de hace dos años.

La Política Social ha dejado de existir, dando paso a la “programitis”, una suma de programas de intervención social, donde trabajamos sin una visión integral ni integradora del trabajo que se desarrolla. El Trabajo Social Comunitario, ¿alguien se acuerda de él?

La falta de Política Social y planificación estratégica, por un lado, y la crisis económica y sus famosos “recortes” han sido caldo de cultivo para que las Administraciones Públicas hayan cronificado la temporalidad en las contrataciones. Temporalidad que ha originado, entre otros, dos graves problemas que necesitan ser solucionados:

• Servicios Públicos precarios. No es posible mantener una continuidad en el trabajo cuando cada 3 o 6 meses cambia la persona que lo desarrolla, o cuando se tarda meses, e incluso años en cubrir plazas estructurales básicas de servicio a la población.
  Trabajamos con personas/familias/grupos con problemas ¿Qué calidad de atención y servicios les estamos prestando? ¿Las Administraciones Públicas están siendo responsables del agravamiento de sus problemas? 

• Empleo público precario. Las Administraciones Públicas llevan más de dos décadas abusando de la temporalidad en las contrataciones de sus empleadas/os, lo que genera desprotección laboral y vulneración de derechos, algo silenciado todo este tiempo. En 20 años han salido escasas ofertas públicas, siendo casi inexistentes las destinadas a solucionar este problema.
  Las/os empleadas/os públicos estamos asistiendo a la desatención y/o destrucción continua de puestos: no se cubren vacaciones, bajas, excedencias, jubilaciones; se privatizan servicios que tienen que ser públicos; se realizan contrataciones “fugaces” de 3 o 6 meses, es decir, cuando la persona empieza a desarrollar de forma ágil y eficaz su trabajo de nuevo “al paro” con la siguiente sobrecarga laboral para otros, ralentizando de nuevo el trabajo que anteriormente se había adelantado.
  ¿Alguien puede entender que un servicio estructural y esencial tenga un 80% de temporalidad en sus empleadas/os públicas/os? Pues ésta es la situación.

Ineficacia de los Servicios Públicos, oportunidad para la privatización

Como he indicado al principio, no puedo ser objetiva respecto al abuso de la temporalidad, pero creo que ésta contribuye, y mucho, al deterioro de los Servicios Públicos, algo que es aprovechado por intereses y políticas privatizadoras, sino ¿alguien puede explicarme por qué servicios públicos que están al servicio de la ciudadanía y deberían garantizar su mejora de calidad de vida son infradotados para que su funcionamiento sea cada día peor? ¿Por qué no se inspecciona la temporalidad y la precarización en las administraciones públicas? Cada día son más los servicios estructurales y básicos que son privatizados o “externalizados” con el beneplácito político.

En las Administraciones Públicas, se presupone que el trabajo de dirección y planificación debería ser desarrollado, principalmente, por personal funcionario con formación y experiencia necesarias para esta tarea, que asuman la responsabilidad del desempeño. Si llevamos dos décadas sin apenas concursos ni pruebas selectivas, si las jubilaciones y bajas en muchos casos no se ha cubierto… ¿Es posible que contemos con equipos de planificación suficientes y actualizados? ¿Se aprovecha esta situación para que las responsabilidades y criterios técnicos se diluyan? Ante la falta de personal técnico estable y “de peso” ¿no se favorece una excesiva injerencia política en un trabajo que debe ser principalmente técnico?

Para el Trabajo Social y para una intervención integral con la población es fundamental el trabajo en equipo, pero éste se ha convertido casi en un imposible, la infradotación y/o la excesiva temporalidad en las/os miembros de los equipos hacen que el trabajo interdisciplinar sea inestable, y en muchas ocasiones irrealizable. ¿Cómo podemos plantear en estas condiciones planificar o intervenciones a medio o largo plazo? ¿Qué profesional asume la responsabilidad de las intervenciones? Esto incide también en las valoraciones para derivaciones de casos y en la emisión de informes, de los que dependen, en muchas ocasiones, las actuaciones que realicen otros servicios y que puede tener una repercusión muy importante en la vida de las personas.

Repercusión sobre el Trabajo Social, necesitamos soluciones

Tras todo lo expuesto y tras 25 años de desarrollo profesional, muchos son los sentimientos que me acompañan. Frente a los sentimientos positivos que me genera el poder ejercer la profesión que elegí estudiar y ejercer, así como el trato directo con la ciudadanía, se encuentran los sentimientos negativos que me genera la situación de los Servicios Públicos: preocupación, vergüenza, desapego, pesimismo, insatisfacción, inseguridad, desmotivación,… siendo la desesperanza, quizás, el sentimiento que más me ha dolido y que me ha hecho reaccionar, motivando este artículo.

Cuando hablo con compañeras/os, constato que sus sentimientos poco difieren de los míos, se evidencia la enorme frustración profesional que vivimos. 

Quiero cerrar esta reflexión dirigiendo un llamamiento hacia los Colegios profesionales provinciales, autonómicos y al Consejo General del Trabajo Social, quienes nos representan profesional y políticamente: Estamos en un momento que se puede resarcir a todas/os las/os profesionales cuyos derechos laborales y profesionales se han vulnerado durante años y décadas mediante el abuso de temporalidad en sus contratos, lo que ha tenido indeseables consecuencias sobre los servicios en los que trabajan y ha afectado negativamente a la ciudadanía a la que atienden. La Justicia Europea con su normativa y sentencias ampara los derechos laborales que la Administración Española e incluso los sindicatos, que nos deberían defender, nos niegan, pidan una solución política y administrativa a tanta precariedad e injusticia. Las/os profesionales y la ciudadanía a la que atendemos merecemos un trato justo y digno, denuncien nuestra situación y la precariedad de los Servicios Públicos.