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Córdoba, 4 de mayo de 2021

Mª José Serrano García
Trabajadora Social ETPOEP Córdoba.
Delegación Territorial de Córdoba

En enero de 2020 se declaró el estado de pandemia mundial, debido a la virus conocido por COVID 19, en aquel momento pocos podíamos imaginar las consecuencias que iba a tener esa declaración. En España se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo, debiendo permanecer toda la población confinada en sus domicilios, comercios, hostelería, universidades, colegios e institutos cerrados. Esto supuso un reto para el sistema educativo, atender a todo su alumnado de una forma virtual, cosa que hasta la fecha nunca se había hecho, para las familias de ese alumnado también supuso un gran esfuerzo, seguir el ritmo que desde los centros imponían sin que en muchos casos pudieran disponer de las herramientas necesarias para ello.

La pandemia descubrió una realidad de la ciudadanía en general y del sistema educativo, en particular. La falta de medios, preparación y conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas que existen, esta situación se superó gracias al gran esfuerzo que por todas partes se realizó, tanto por los equipos directivos, docentes y demás miembros del sistema educativo, como trabajadoras sociales, educadoras sociales, maestros de compensatoria, maestras de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) como por parte de las familias. Pero la realidad es que siempre existen personas que se quedan en los márgenes y que no pueden acceder a esta nueva forma de dar clase, por carecer de las herramientas necesarias para ello o  por no tener los conocimientos. Se vio claramente que hay familias que no tienen los medios necesarios para poder acceder a la educación en condiciones de igualdad, la falta de ordenadores, tablets… la falta de conexión a internet, la falta de una conciencia clara de la importancia de la educación que en determinados contexto existe, provocó desgraciadamente, que parte del alumnado se quedará fuera del sistema, y  que su curso escolar  terminará en marzo.

Ante esta situación tan inesperada, el sistema educativo tuvo que adaptarse muy rápidamente, realizando actuaciones,  que en algunas ocasiones, no estaban dentro de las competencias del mismo. Pero con el objeto de dar cobertura a las necesidades más básicas del alumnado, tanto es así que las trabajadoras sociales del sistema educativo, se coordinaron con los Servicios Sociales municipales para abordar las nuevas situaciones y demandas que estaban surgiendo, como gestiones de reparto de alimentos a familias, donde el alumnado que antes de la pandemia era atendido a través del Plan SYGA, se encontró de un día para otro sin recibir la comida y merienda que recibía, ahí se tuvo que hacer un gran esfuerzo de coordinación entre los centros educativos y los servicios sociales municipales para  organizar el reparto de comida lo más rápidamente posible, abriéndose los centros escolares para que las familias pudieran recoger la comida, este reparto también se realizó por parte de protección civil, la coordinación y derivación para el pago de suministros básicos, entrega de material escolar, incluso el más básico, a las familias con más vulnerabilidad social y por ende, con más riesgo de padecer desconexión digital y social.

En el empeño de evitar esa desconexión digital nos encontramos con un perfil de alumnado, que a pesar de disponer de los medios tecnológicos necesarios para continuar con el ritmo escolar, no estaban accediendo a las diferentes plataformas habilitadas, no entregaban las tareas que pedían desde tutoría, las familias no respondían a las llamadas que desde el centro se realizaban para conocer cuál era la situación de este alumnado, y en muchos casos, cuando conseguían contactar las familias no colaboraban para lograr que sus hijos e hijas se engancharan al ritmo de sus compañeros/as, a esta situación la denominamos  TELEABSENTISMO. Y se definió como la circunstancia que se da cuando en la etapa de escolarización obligatoria se tenga que dar a distancia o telemáticamente las clases por situaciones excepcionales, El “Alumno/a que lleve una semana (5 días lectivos) sin responder a la formación sin causa justificada, entendiendo esto último como avería, falta de medios telemáticos o infraestructura etc…)

Durante el primer periodo de confinamiento desde los centros escolares tuvieron que solventar un gran número de incidentes, desde alumnado que no sabían dónde se encontraban, ya que sus familias habían decidido cambiar su domicilio habitual por el de segundas residencias, en parcelas o zonas de la sierra, donde tienen más dificultades para poder acceder a internet, por falta de ordenadores o tablets en esas residencias, poca cobertura para los móviles; en otros casos las necesidades eran de primer orden, encontrándonos con alumnado que no tenía libretas, lápices…, el material más esencial para poder estudiar, y tampoco tenían medios económicos para poder comprarlos, ya que no podían ni cubrir las necesidades más básicas, como la alimentación, higiene o pago de suministros; Otra dificultad fue la que tuvieron muchos progenitores para compaginar su “teletrabajo” con el “tele-estudio” de sus hijos e hijas relegando en alguna ocasión la educación de sus hijos e hijas a un segundo plano para poder cumplir con sus obligaciones laborales; Otra realidad que detectamos fue la de los progenitores que pertenecían a “colectivos considerados esenciales” y debían seguir trabajando fuera de sus domicilios, dejando en algunos casos a sus hijos e hijas solos, en los casos de los más mayores, o al cuidado de los/as abuelos/as, cosa que dificultaba mucho que los pudiera ayudar con el uso de los ordenadores, tablets, plataformas…

Esta situación nos mostró que la realidad es compleja, ya que no existe una normativa adecuada a esta nueva realidad y hay que adaptar una normativa ya obsoleta a un escenario que nos supera.

Para empezar hemos tenido que diferenciar muy bien, entre el “absentismo tradicional, aquel con el que estamos más familiarizadas, y existe una normativa al respecto, aunque  esté desfasada. Este alumnado comparte unas características muy similares, zonas geográficas muy delimitadas (Barriada de Palmera, Sector Sur, Moreras en la ciudad de Córdoba, en Puente Genil con las barriadas de Juan Rejano y Quevedo, la Barriada de los Mochos en Almodóvar del Río, y otras) , con situaciones de riesgo de exclusión social o exclusión social, familias con grandes necesidades económicas, donde lo importante es llevar un jornal a casa,  poca conciencia de la importancia de la educación para conseguir  salir de estas situaciones de pobreza y exclusión social, familias donde el absentismo escolar es la norma y el asistir al centro  es la excepción.

Por contra, ha surgido otro perfil, y que hemos denominado  “Alumnado no Vulnerable”,  donde sin justificación alguna se están dando situaciones de absentismo escolar, por miedo al Covid, este ámbito es de los más complejos de abordar, ya que nos encontramos con diferentes casuísticas, desde la que los progenitores justifican sin más las faltas de asistencia, produciéndose, en algunos casos un abuso de estas justificaciones,  y donde a pesar de todas las actuaciones que se han hechos desde el centro escolar (se  han puesto en contacto con la familia para solventar el absentismo, ofreciendo espacios de diálogo y colaboración e incluso acompañamiento desde los equipos de orientación, donde se ha hecho una labor encomiable de acercar lo máximo posible  el centro escolar a las familias, para que se sientan segura). Pero desgraciadamente en algunos casos no se ha obtenido respuesta alguna. Hasta casos donde los progenitores se han encargado de solicitar las actuaciones de notarios y abogados para cuestionar la seguridad en los centros educativos, con el único fin de no llevar a sus hijos e hijas al centro escolar. Ante estos casos desde el sistema educativo, se ha optado por abrir los expedientes de absentismo escolar,  iniciándose un gran número de expedientes al principio de curso, pero estos casos han ido evolucionando en el transcurso del primer trimestre, en su mayoría la situación se ha reconducido y el alumnado se ha ido incorporando poco a poco de nuevo a sus clases, pero desgraciadamente tenemos que reconocer, que siempre existe un número de casos, en que esto no se ha producido y son en estos, donde el protocolo debe seguir adelante, y  ya se están interviniendo desde los ETAES, los Servicios Sociales, la Policía Local para evitar que estos alumnos y alumnas sigan sin asistir al centro escolar, por que al final los grandes perjudicados son nuestros alumnos y alumnas.

Este momento que estamos viviendo nos ha aportado un amplio abanico de situaciones, y cada una  necesita una respuesta adecuada a las necesidades, así pues nos estamos encontrando con “Alumnado Vulnerable”, que entendemos por aquel que no puede asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido a su enfermedad o por la de un familiar cercano. En este caso, desde el sistema educativo ha habido que habilitar las herramientas tecnológicas necesarias para ofrecerle un acceso a la educación en iguales condiciones que sus compañeros y compañeras, debiendo al mismo tiempo realizar seguimientos y coordinaciones entre el equipo directivo, tutores y tutoras y demás miembros del sistema educativo  y las familias, para comprobar que se está aprovechando al máximo las clases.

Esta pandemia nos ha demostrado una vez más que la norma va siempre por detrás de la sociedad, y que si la normativa en el tema de absentismo escolar ya no estaba cubriendo algunas necesidades respecto a este tema, ha puesto en el tablero una realidad que era inimaginable, la enseñanza a través de las nuevas tecnologías y las necesidades que este método puede tener. Quizá esta sacudida tan grande debiera hacer reflexionar a nuestras clase política y apostar por una educación inclusiva en todos los niveles e incluir en la nueva normativa sobre absentismo escolar, todo lo que en estos meses de pandemia el sistema educativo ha tenido que reciclarse para llegar a aquellas personas que menos tienen.

Málaga, 3 de marzo de 2021

Arantxa Hernández Echegaray
Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de Palencia.
Profesora colaboradora Universidad Oberta Cataluña (UOC).
Profesora asociada Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Javier Pacheco Mangas
Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Profesor Tutor Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Artículo breve basado en: Hernández-Echegaray, A., & Pacheco-Mangas, J. (2018). The debate on minimum income in Spain: charity, development or citizen right. Journal of Sociology & Social Welfare, 45(1), 77-94.

Puede consultarse el original en: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol45/iss1/6/ 

Artículo premiado en la III Edición del Concurso de Publicaciones 2019, en la modalidad de “Mejor artículo científico publicado en 2018 o 2019 vinculado al Trabajo Social” que otorga el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.


Los Servicios Sociales Comunitarios en el marco de las Rentas Mínimas

La principal potencialidad con la que cuentan los Servicios Sociales Comunitarios es su construcción en una historia y en un contexto local. Si bien, y en términos generales, su crónica está marcada por dos hitos principalmente, los cuales aún determinan las concepciones del presente y del futuro en las políticas sociales municipales y autonómicas. A saber, la fuerte herencia de la Beneficencia en la configuración de los servicios sociales (Aguilar, 2013) y la reconceptualización del Trabajo Social en las primeras fases democráticas que tratan de adaptarse a las nuevas exigencias sociales (Las Heras y Cortajarena, 2014). En este tiempo y de forma convergente y homogénea en todo el territorio del Estado, Antoni Vilà diferencia cuatro fases o etapas en los servicios sociales: “gestación (1975-1981), configuración (1981-1992), consolidación (1992-2005) y reforma (a partir del 2005)” (2010, p.22).

La crisis económica, en lo referido a los recortes presupuestarios, reformas legislativas y empobrecimiento de la población marca un reto sustancial para los Servicios Sociales de futuro y de proximidad. “La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y fragmentado” (Laparra, 2010, p. 469). “El actual modelo asistencial y de servicios sociales no se encuentra adaptado a las necesidades y los mecanismos de funcionamiento de los nuevos pobres” (Tezanos et. al, 2013, p. 162). Ambas afirmaciones, ponen de relieve la necesidad de replanteamiento de los servicios sociales públicos, en cuanto a sistema de organización y en cuanto a red de protección pública y ciudadana.

Abordaje de la problemática. Metodología.

Para abordar esta investigación era necesaria la introducción de una metodología cualitativa, basada en un análisis del discurso según la propuesta de Wetherell y Potter (1996), que se articula a través de los conceptos de función, variabilidad, construcción y unidad analítica del repertorio interpretativo. Muestran los patrones de regularidad discursiva que se dan entre las personas y que “se pueden considerar como los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos” (ibídem: 66). 

La recogida de datos se realizó en dos modalidades: una indirecta, a partir del análisis de fuentes documentales (normativa básica, documentos informativos e instrumentos profesionales y artículos de investigación con un objeto de estudio análogo, en concreto Ayala (2009) y Cortinas (2012a y 2012b)); y otra directa, consultando a los profesionales del Trabajo Social implicados en las políticas sociales y en la gestión en los servicios sociales comunitarios, mediante cuestionarios abiertos (con una muestra de 28 sujetos, entre las comunidades de Andalucía y Castilla y León). 

Para el análisis documental y del material recogido en las entrevistas, nos apoyamos en la herramienta-software Atlas.ti 6.  Ello nos ha permitido extraer la información relevante para observar los relatos y los planteamientos discursivos que se ponen en práctica, mediante la aplicación de preguntas implícitas, en el análisis documental y explícitas a los/las profesionales. Presentamos las categorías de análisis y los repertorios discusivos más relevantes. Por la naturaleza de este trabajo, únicamente presentamos los resultados obtenidos, referidos a la política de rentas mínimas de inserción, al entender que engloba los discursos mayoritarios del resto de políticas sociales llevadas a cabo a consecuencia del impacto social de la crisis.

Principales discursos profesionales

De las entrevistas realizadas a los/las profesionales del trabajo social que gestionan las rentas mínimas, se obtuvieron los repertorios interpretativos que se muestran a continuación, de forma sintética. Conviene destacar, la coincidencia de las percepciones entre profesionales, a pesar de sus diferencias geográficas, así como de concepción y gestión de dicha prestación.

  • La lógica del recurso, sobre la lógica de la necesidad. Los/las profesionales enfatizan la “rigidez en la aplicación normativa”, la existencia de “requisitos trampa” y la desconexión de los plazos con los momentos de urgencia social, entre otros. Ello implica que los sistemas de rentas mínimas, a pesar de su renovación legislativa, no responden adecuadamente a las situaciones de necesidad social planteadas por los ciudadanos en los servicios sociales.
  • El/la profesional como agente de control de la estabilidad, sobre el/la profesional como agente de cambio social. Este es un discurso mayoritario en la percepción de la profesión. La escasez de recursos y la desconexión con políticas activas y de promoción familiar, reducen las oportunidades de reinserción social. Son varios los/las profesionales que apuntan discursos latentes, y por otra parte, ya tradicionales sobre estas prestaciones como instrumento de “paz social”, de “pensionismo” o la combinación con rentas no laborales, así como el cambio de paradigma de esta política, como “renta básica”.
  • La obligación, sobre la negociación. El cuestionamiento mayor es de índole ética, pues su aplicación entra en conflicto con principios esenciales del trabajo social, como la autodeterminación. Sobre esto, se avanza sobre la cuestión de la arbitrariedad profesional, “¿tantas contraprestaciones y seguimientos, cómo profesionales?”. En la profesión hay una ausencia clave, en la sistematización de los procesos de inclusión de familias y personas participantes en los sistemas de rentas.
  • Constante: políticas insuficientes e ineficaces. La escasez es un denominador común en los servicios sociales. Un/a profesional resume el discurso en la siguiente expresión “la ineficacia de esta política revierte en un aumento de la caridad y de las prácticas benéficas”.

Discusión

De los repertorios obtenidos se deduce una importante desconexión de la realidad social con la implementación de los sistemas de rentas mínimas (SRM). Los/las profesionales ponen en práctica una serie de estrategias discursivas que muestran como la intervención en el marco de los SRM ha derivado hacia actuaciones que tienden a la fiscalización, frente a la potenciación de los procesos de cambio y transformación. Este proceso, que tiende a burocratizar la intervención profesional, provoca una despersonalización del proceso que deja de relacionarse con la propia persona usuaria, a intervenir con una composición que se realiza del mismo (Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013), a la vez que da como resultado la aparición de problemas éticos (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012) Estas prácticas inhibidoras de la creatividad y la innovación en la intervención social son espacios propicios para la involución en el ámbito de los Servicios Sociales, propiciando prácticas asistencialistas y clientelistas que provocan en los/las profesionales sentimientos de frustración, así como una “percibida incapacidad para ayudar a la sociedad a lograr sus objetivos y solucionar sus problemas” (Schön, 1998, p. 47). 

Titmuss (1974) denominará a los/las trabajadores/as sociales como “los trabajadores del Estado” e Illich (1977), usará el término de “profesión inhabilitante” para definir las prácticas llevadas a cabo por los trabajadores sociales. El/la profesional no se siente cómodo/a en el rol de vigilancia sobre normas imperativas, aunque muestran un rol conformista, alejado del ideal reivindicativo que lleva aparejado el desempeño de las profesionales del ámbito de la intervención social. En estos nuevos escenarios, en los que se plantean necesidades y realidades cada vez más complejas, los/las profesionales, en especial los/las trabajadores/as sociales, tienen que asumir un papel proactivo en el diseño, definición e implementación de las políticas sociales, reforzando de esta forma el sistema y contribuyendo a su consolidación (De la Red y Barranco Expósito, 2014).

La intervención social en los sistemas de rentas mínimas debe dar un paso adelante en su configuración transformativa. Por un lado, los/las profesionales tienen que asumir su rol de agente de cambio que han perdido en detrimento de otros con carácter de control y fiscalización, y por otro, se debe tomar una actitud proactiva al cambio, venciendo las resistencias que establece la propia estructura de los sistemas de protección social, evitando prácticas que merman la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía. Así mismo, se ha de avanzar en la participación del diseño de las políticas sociales, donde los/as profesionales tienen que estar representados/as e involucrados/as en todo el proceso de disminuir la vulnerabilidad y la exclusión social.

Referencias

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación social, 166, pp. 145-168. 

Ayala, A. (2009). Secretos a voces: exclusión social y estrategias profesionales de construcción de la obligatoriedad en la intervención social vinculada a la Renta Mínima de Inserción (RMI) con el colectivo de etnia gitana. Cuadernos de Trabajo Social, 22, 19-40. 

Ballestero Izquierdo, A., Úriz Pemán, M. J., & Viscarret Garro, J. J. (2012). Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España. Papers, 97(4), 875-898.

Cortinas, J. (2012a). La identidad profesional de los trabajadores sociales como elemento clave en el acceso a los programas de rentas mínimas: el caso de Catalunya. Zerbitzuan, 51, 95-105.

Cortinas, J. (2012b).  Las normas de clase como base del acceso a las nuevas políticas sociales para hacer frente a la precariedad vital. Papeles del CEIC, 2, 1-25. 

De la Red, N., & Barranco Expósito, C. (2014). Trabajo Social y participación en las políticas sociales. Azarbe. Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, 3, 39-45.

Idareta-Goldaracena, F., y Ballestero-Izquierdo, A. (2013). Ética, paternalismo y burocracia en Trabajo Social. Portularia. Revista de Trabajo Social, 13(1), 27-35. doi: 10.5218/prts.2013.0004

Illich, I. et al. (197a). Disabling Professions. London: Marion Boyars.

Laparra, M. y Pérez, B. (2010). El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. Madrid: FOESSA.

Las Heras, Mª. P. y Cortajarena, E. (2014). Introducción al Bienestar Social. El libro de las casitas. Madrid: Paraninfo y Consejo General de Trabajo Social.

Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actuan. Barcelona: Paidós.

Tezanos, J.F., et. al. (2013). En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis. Madrid: Biblioteca Nueva.

Titmuss, R. M. (1974). Social Policy: An Introduction. London: Allen & Unwin.

Vilà, A. (2010). Los cambios legislativos en materia de Servicios Sociales (2000-2009). En Casado, D. (Coord.). Leyes de Servicios Sociales del siglo XXI. pp- 17-48. Madrid: FOESSA.

Wetherell, M. y Potter, J. (1996). El análisis del discurso y la identificación de los repertorios interpretativos. En Gordo, A. y Linaza, J. (Eds.), Psicologías, discursos y poder. Madrid: Visor, pp. 63-78.

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