Málaga, 17 de mayo de 2023

Santiago David Gallardo Herrero, orientador del programa de Mayoría de Edad Alta intensidad (P+18) desde sus inicios en Málaga. Ha desarrollado su labor profesional en diversas asociaciones, siempre ligado a dicho programa desde el año 2006, previamente trabajó en distintos recursos residenciales para menores tutelados. En el siguiente artículo comparte su experiencia.

Comencé a trabajar casi por casualidad en un centro de protección de menores, más concretamente en un residencial básico con forma de piso integrado en la comunidad, en el año 2002. En aquel momento el desconocimiento tanto en relación al trabajo que se realizaba en dichos dispositivos por parte de los profesionales recién licenciados como yo, como la escasa incidencia mediática que tenían tanto los y las menores tutelados/as como los lugares en los que se trabajaba con esta infancia más o menos olvidada, nos situaba de cara al público general en un lugar poco profesionalizado, más cercano a la caridad y al voluntariado que a una rama de las distintas disciplinas sociales que pretenden solventar, de alguna manera, las carencias de distintos sectores de la población y evitar así su condena a la exclusión social. 

En este sentido, y como veremos después, la infancia en riesgo y el trabajo con ella parecía no estar en el centro de ningún tipo de debate, quedando oculta entre otras cuestiones sociales “más acuciantes”, acaparando un escaso porcentaje de los discursos políticos, y por lo tanto, un escaso porcentaje de la inversión por parte de los diferentes gobiernos. 

Menor extranjero no acompañado

En estos años comienza a verse con más asiduidad una figura ya conocida en otras zonas fronterizas como es “menor extranjero no acompañado”. El desarrollo económico, la entrada en el euro por parte de España y el consiguiente aumento de  las diferencias económicas con nuestros vecinos africanos vuelve a nuestro país, ya no solo una zona de paso en el viaje hasta Europa,  sino un lugar apetecible en sí mismo como destino para mejorar las condiciones económicas de familias enteras y, en el caso que nos ocupa, de hijos (y en mucha menor medida hijas) menores de edad sin un futuro laboral y económico cierto y deseosos/as de aportar a la situación económica de sus progenitores. 

En este panorama, el paso a la mayoría de edad de este colectivo directamente no existía en la mente de nadie. La pregunta acerca de qué pasaba con un o una menor que residía en un centro de protección al cumplir la mayoría de edad, era una cuestión que sorprendía en sí misma por la paradoja que suponía: ¿Un/a menor mayor? ¿Se tutela a un/a mayor de edad sin familia?¿Qué pasa con estos niños y niñas cuando dejan de serlo al menos legalmente?.

Básicamente lo que ocurría en la mayoría de los casos en los que un/a menor de edad cumplía los 18 años era que, o bien era capaz de mantenerse económicamente con un empleo medianamente estable para poder emanciparse, o volvía con la familia de la que una vez había sido retirado por ser incapaces de protegerlo y cuidarlo, o, en el peor de los casos, terminaba en circuitos de exclusión social, marginalidad y precariedad. En el caso de los/as menores extranjeros/as sin familia, en el territorio español se añadía a esta precaria perspectiva el propio hecho del desarraigo cultural, un manejo del idioma insuficiente y la imposibilidad de contar con una documentación que les permitiese trabajar para poder sustentarse, quedando abocados en muchos casos a la exclusión social, al trabajo irregular y en numerosas ocasiones al ilegal (drogas, prostitución, etc.).

Recursos de atención

Concretamente en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, los primeros proyectos entre los años 1997 y 1998 relacionados con la integración y emancipación de los y las jóvenes tutelados/as, surgen a través del desarrollo del Plan +18, que inicialmente contaba con medidas y programas de media intensidad (orientación externa y algún apoyo económico a través del Programa Labora).

Alrededor del año 2000 comienzan las primeras experiencias piloto en algunas provincias andaluzas como Cádiz, en relación a los programas de alta intensidad, es decir, enmarcados dentro del Plan +18 aparecen los primeros recursos residenciales exclusivos para jóvenes extutelados entre 18 y 21 años en los que, además de la orientación formativa y laboral, comienzan a trabajarse también aspectos relacionados con la integración social y comunitaria y la vida independiente. 

En Málaga los primeros recursos residenciales se conciertan en el año 2004 con las asociaciones Movimiento por la Paz (MPDL) y Nueva Alternativa de Intervención y Mediación (NAIM), inicialmente se cuenta con dos recursos para chicos con un total de 8 plazas y uno para chicas con 4 plazas. A partir de la redacción en 2005 de la ley que regula las subvenciones para entidades colaboradoras con recursos para jóvenes que hayan estado tutelados por la administración, se amplían el número de plazas en Málaga en 2006 a un recurso residencial más con 4 plazas para chicos, en el que comienzo a trabajar. Así, finalmente, contábamos con 4 recursos residenciales en Málaga con un total de 12 plazas para chicos y 4 para chicas. 

La escasez de plazas no se ve solucionada hasta bien entrada la década de 2010, cuando se origina en gran medida, como veremos después, la dinámica de trabajo de los propios recursos residenciales para personas extuteladas y se hacen patentes los propios déficits que emergen en ellos. Así surgen algunas asociaciones que, con recursos propios y subvenciones menos específicas, comienzan a acoger también a jóvenes extutelados en recursos para personas sin hogar o reservan algunas plazas para esta población, hasta que también comienzan a aparecer subvenciones de ámbito estatal (IRPF) pero gestionadas a través de la comunidad autónoma multiplicando los recursos residenciales.

Finalmente, aparecen en el 2021 los programas JEM (Jóvenes Extutelados Migrantes) que definitivamente han aumentado, hasta sobrepasar la centena, el número de plazas residenciales dedicadas en exclusiva para jóvenes extutelados y extuteladas. 

Por último, el aumento de plazas en recursos residenciales exclusivos para jóvenes extutelados/as también se ha visto acompañado de un aumento de los programas de media y baja intensidad para trabajar con estos/as jóvenes preparándolos/as así para la vida adulta, desde que se encuentran en los propios centros de protección y ven cada vez más cerca la mayoría de edad. 

Programas de intervención

Tanto en los recursos de media intensidad como en los recursos de alta intensidad nos encontramos con jóvenes de diversas características y problemáticas que pueden definir concretamente las áreas de trabajo fundamentales, siendo siempre este trabajo individualizado y personal a cada joven. Algunas de las áreas que son desarrolladas en los diferentes recursos por distintas figuras profesionales han ido modificándose hasta llegar al  trabajo más integral que se puede dar en la actualidad, en ámbitos como empleo, documentación, formación, integración o más relacionadas con la vida cotidiana.   

Como decíamos anteriormente, la propia dinámica de la escasez de plazas planteó y afianzó unas líneas de trabajo que priorizaban una serie de cuestiones sobre otras. Así el hecho de contar, por ejemplo, con 12 plazas para chicos en toda la provincia de Málaga cuando más de 100 menores de edad cumplían los 18 en un solo año, hacía que la selección de los jóvenes participantes fuese muy dura. Los criterios a tener en cuenta siempre valoraban e intentaban ponderar entre la necesidad manifiesta y la capacidad de aprovechar un recurso. 

Así numerosos jóvenes con itinerarios fluctuantes, incidencias y/o problemáticas añadidas eran rechazados, ya que no se veían a la altura, en el limitado tiempo disponible -normalmente un año después de cumplir los 18- alcanzar una serie de objetivos extremadamente difíciles para poder conseguir emanciparse adecuadamente. Si había una mínima posibilidad de reagrupación, emancipación en solitario, o de participación en otro tipo de recurso, también eran desestimadas determinadas candidaturas. 

A partir de estas mismas necesidades se comienzan a priorizar algunas áreas de trabajo sobre otras. Él área de documentación para los y las  jóvenes migrantes se convierte en prioritaria, seguida del área laboral y económica ya que, a pesar de todos esfuerzos y el trabajo de los diferentes equipos, si los y las jóvenes no eran capaces de sustentarse por sí mismos mediante un empleo no podían emanciparse de ninguna manera. Se convierte en un objetivo primordial que los y las jóvenes pudiesen  sustentarse económicamente en el menor tiempo posible. Desgraciadamente, en muchos casos el único empleo al que podían acceder solía ser precario y mal pagado como en el régimen agrario, en los puestos más básicos de la hostelería, etc. 

Las habilidades relacionadas con la búsqueda de empleo y su mantenimiento, los recursos formativos breves que capacitan al desempeño de trabajos sin mucha especialización, han sido los aspectos más utilizados y demandados en el trabajo con los y las jóvenes, que a menudo abandonaban sus estudios (grados medios y superiores) debido a la escasez de tiempo, llegando a ser casi residual la participación en estudios universitarios por parte de la juventud extutelada. Actualmente, la ampliación del número de plazas ha conllevado una flexibilización del tiempo disponible, siempre ligado a la consecución de objetivos, propiciando así la participación en formaciones más complejas y duraderas y favoreciendo especializaciones, incluso en el ámbito universitario. 

Uno de los aspectos que se ha priorizado, y aún hoy sigue siendo fundamental, es la posibilidad de documentación de los y las jóvenes migrantes. Desde las primeras legislaciones específicas en materia de extranjería -Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y posteriores modificaciones- el reconocimiento de la autorización de residencia para menores extranjeros no acompañados/as, se ha basado siempre en la autorización de residencia no lucrativa, es decir, una autorización de residencia que permitía vivir legalmente en territorio español pero incapacitaba para trabajar legalmente. 

Los criterios de renovación de la misma se fueron volviendo más y más duros hasta llegar a la práctica imposibilidad de renovación de la autorización de residencia de un mayor de edad extutelado si no mediaba una modificación hacia una autorización para trabajar. En este caso nos encontrábamos con requisitos tan complicados (contrato de un año a jornada completa, justificación económica de los 3 últimos años mostrando impuestos y otros pagos, presentación personal por parte del administrador/a de la empresa en las oficinas de extranjería, aportación a la administración de documentación sensible e importante para las empresas, etc.) que hacía que solo las empresas más comprometidas socialmente estuviesen dispuestas a contratar a un o una joven migrante. Afortunadamente, y tras muchos años de movilizaciones por parte de los colectivos profesionales y diversas entidades, la última modificación en relación a los artículos 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, las autorizaciones de residencia de menores tutelados/as y jóvenes extutelados/as autorizan a trabajar y se renuevan en las mismas condiciones que un permiso de trabajo, favoreciendo así la integración social y una posible emancipación económica y personal.  A pesar de las mejoras producidas en el ámbito de la legislación, continúa siendo de extrema importancia el proceso de documentación y renovación de la misma, de cara a una participación social activa y a una integración real de la población extutelada.

Otra de las áreas, que cobra cada vez mayor importancia, tiene que ver con las habilidades relacionadas con la vida cotidiana. Así uno de los puntos fuertes de los recursos de alta intensidad en los programas de mayoría de edad está directamente relacionado con la presencia/ausencia de los y las profesionales que trabajan con los y las jóvenes. La ruptura con las dinámicas más asistencialistas de los centros de protección de menores y el comienzo de gestión de la vida cotidiana con el apoyo y supervisión de profesionales, que no convive con ellos/as, facilita su futura integración en la comunidad que, en otras ocasiones, se veía abocada a un ‘salto mortal’ en el que, tras las condiciones de protección y a veces sobreprotección de los centros, encontraban en la libertad de la vida en solitario una distancia tan grande que eran incapaces de gestionar de una manera adecuada, provocando grandes fracasos.

El reto de la emancipación

La mejora de las condiciones, el aumento de las plazas disponibles y de subvenciones dedicadas a la mejora de la situación de los y las jóvenes extutelados/as ha supuesto un increíble salto en relación con las posibilidades de integración de esta población tan desconocida por un lado y tan usada mediáticamente por otro. No obstante la distancia efectiva entre la mayoría de edad legal, que determina las obligaciones por parte de los distintos gobiernos con la infancia, con la mayoría de edad efectiva, tal y como se vive en la mayoría de las familias españolas y que determina la emancipación de la juventud y/o el abandono del hogar familiar, no para de crecer. 

La mayoría de los y las jóvenes que viven en familias normalizadas, cada vez, abandonan más tarde el hogar familiar mientras que los y las jóvenes tutelados/as deben romper con una infancia/juventud de forma drástica para poder acceder a un mundo adulto. 

Es importante tomar conciencia de este fenómeno y desarrollar futuras medidas que pasen por reconocer la duración insuficiente del tiempo de integración que actualmente permite la permanencia en los pisos de mayoría de edad y la diferencia social que se genera entre jóvenes que provienen de familias normalizadas y jóvenes extutelados/as.