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Reflexión sobre el empadronamiento de las Personas Sin Hogar. “El primer escalón hacia la inclusión”

Málaga, 15 de septiembre de 2020

Gloria Medina Muñoz
 Trabajadora Social. ERACIS. Plan Zonas Desfavorecidas.

1985, 1996, 2015…parece que hablamos de tiempos inmemoriales cuando nos referimos a estos años dada la velocidad a la que “avanza” la sociedad. Y digo “avanza” porque hay personas para las que se ha parado el tiempo, un colectivo de olvidados e invisibles por los que parece no pasan los años, ni las leyes.

Poco ha cambiado desde las “Leyes de Vagos y Maleantes” del orden penal español de 1933, por la que los “vagabundos” eran equiparados a otros colectivos como los nómadas y proxenetas, considerándolos personas de conductas antisociales. A estos colectivos, con la reforma franquista de la ley, se unió a los homosexuales para su represión. Esta ley, conocida también como “La Gándula”, no sancionaba delitos sino que pretendía establecer medidas de alejamiento y control de conductas reprobables, desvirtuándose por completo con la creación de Centros de Internamiento, donde se retenía a las personas sin recursos hasta determinar su nivel de peligrosidad para la sociedad.

Esto que entendemos como “Historia Antigua de España”, no se aleja tanto de la “Historia Contemporánea”. Hoy por hoy, muchas son las personas permanecen “retenidas” en la burbuja invisible de la exclusión. Personas que no constan, que no existen en nuestra localidad, no porque no estén, sino porque no se las ve, no cuentan; y no cuentan porque no interesan, porque no votan (porque no pueden al no estar censadas), no contribuyen a la economía, sino que restan a ojos de conciencias conservadoras insolidarias.

Las personas sin hogar, son personas ante todo. Seres humanos que de una forma u otra han participado de la sociedad y que por circunstancias de la vida han perdido prácticamente TODO, hasta sus derechos fundamentales.

La Constitución Española de 1978 dice en su artículo 19, que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”. Se podría afirmar que en un alto porcentaje de los casos, la elección de la vía pública como residencia, no ha sido ni libre, sino inevitable por las circunstancias, ni en el ejercicio de los derechos, sino la única opción de muchas personas sin hogar al no contar con otra alternativa aceptable.

Por otra parte, si avanzamos hasta el artículo 47 de la CE, vemos como esta reconoce que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. (…)”. Esto no siempre es así, y lo más digno a lo que puede optar  una persona es un banco de la calle o unos soportales de la ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en un ejercicio de legalidad. Desde los Ayuntamientos no queda más que aplicar la ley, y amparados en la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la “Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal”, dignificar a esas “invisibles” de las que hablábamos, otorgándoles la posibilidad de adquirir vecindad administrativa donde efectivamente residan. El artículo 3.3 de la mencionada Resolución, “casos especiales de empadronamiento” que se ha mantenido inalterable desde su primera aparición en la “Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.”, trata el empadronamiento de las personas sin domicilio. Afirmando que “el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.”. Sí, lo recoge claramente “la ausencia total de techo, pueden y debenfigurar como domicilio válidos en el Padrón”, en estos casos se recurrirá al “domicilio ficticio”, entendido este como el lugar donde efectivamente reside y que pueda ser acreditado por los Servicios Sociales Municipales. Este tipo de empadronamiento debe cumplir una serie de requisitos que se señalan a continuación:

  • Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión.
  • Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar.
  • Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública.

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc.

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar.

Conocida la norma ya solo cabe reflexionar sobre el tema.

¿Quién tiene la potestad para excluir definitivamente de la sociedad a las personas sin hogar? ¿Acaso no tienen suficiente con enfrentarse a diario a su realidad? ¿No es lo bastante denigrante ser un número negativo en  la sociedad, como para además ver limitada la posibilidad de prosperar? El empadronamiento puede ser la llave que abra la puerta a la inclusión de muchas de estas personas, siendo la única forma de acceso a las prestaciones autonómicas y municipales que les apoyen de cara al futuro.  Pensemos, ¿Qué puede hacer una persona sin hogar de 63 años con una discapacidad que viva en la calle para salir de esta situación?, parece imposible la inclusión desde la perspectiva laboral por su edad y por su discapacidad ¿verdad? Pues bien, si esta persona estuviera empadronada podría tener acceso a asistencia sanitaria o que se valorase su solicitud de Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que con suerte y según el motivo de su discapacidad, podría incluso  tramitarse ágilmente por el procedimiento de urgencia. Esta RMISA, la dotaría de recursos económicos de subsistencia para el alquiler de una habitación o una vivienda asequible, que la liberaría de la lacra de pertenecer al colectivo de personas sin hogar  y le ayudaría a dar cobertura a sus necesidades básicas. Este, sería un ejemplo de tantas otras situaciones de sin hogarismo que podrían verse resueltas con un mero trámite administrativo.

Ahora bien, esta actuación puede generar controversias ya que hay quien considera que estas personas no dan una buena imagen al municipio que los “reconoce como vecinos”. Alzándose voces en contra de quienes toman esta decisión, aludiendo al “efecto llamada” de personas sin hogar hacia ciertos municipios que reconocen sus derechos (algo que no está demostrado que sea así), hablando de la inmoralidad de empadronar a alguien al raso sin garantizarle otra serie de recursos que mejorasen su calidad de vida, u otras argumentaciones carentes de fundamento y cargadas de prejuicios.

Ante esto, planteo, ¿No es más inmoral conocer la Ley y no aplicarla en perjuicio de los más vulnerables?

Bibliografía

  • “Ley de Vagos y Maleantes” BOE 874 de 5 de Agosto de 1933 “Gaceta de Madrid”. NUM 217.
  • Constitución Española de 1978.
  • Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.
  • Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
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Miscelánea

Inclusión Social y Pobreza Cero: metáforas para la construcción de la agenda social

Málaga, 3 de septiembre de 2020

Leonel Del Prado
 Licenciado en Trabajo Social (Universidad Nacional de Entre Ríos). Especialista en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales (Universidad Nacioal de Lanús). Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires)

Abelardo Del Prado
 Licenciado en Ciencia Política (Universidad Nacional de Entre Ríos). Estudiante del Doctorado en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario)

Metáforas maestras

El antropólogo David Mosse refiere a que las políticas de desarrollo producen adhesión, estabilidad y éxito gracias a lo que denomina “metáforas maestras” (Mosse, 2012:267), según el autor estas poseen la característica de ser ambiguas, a lo que agrega a su vez, que necesitan un conjunto de actores que denomina “negociadores duchos” que llevan adelante la tarea de “traducir” las políticas de desarrollo, dentro de estos negociadores incluye a encargados, consultores, trabajadores de campo, responsables de comunidades. Partiendo de esta perspectiva, entendemos que en las políticas públicas implementadas en Argentina por los últimos gobiernos, ocupa un lugar especial la construcción de las metáforas maestras de la Inclusión Social y la Pobreza Cero, las mismas permiten aglutinar un conjunto de actores con intereses diferentes para la construcción de una agenda de problemas, a su vez es difícil encontrar actores que se proclamen en contra de ello, ya que las discusiones permanecen en el modo en cómo se llevaría a cabo la misma, pero en tanto metáfora son efectivas ya que nadie se proclama en contra de la inclusión social o el fin de la pobreza, nadie se encuentra por fuera de ellas, no genera rechazos, sino más bien adhesiones. Dichas metáforas lo que permiten a su vez es generar vinculaciones de diferentes acciones o políticas que se llevan adelante por parte de los sectores gobernantes, las que parecerían en un primer momento que no poseen vinculación alguna, pero son mostradas coherentemente a través de las metáforas, así como les permite a todos los miembros del sector gobernante fundamentar su actividad bajo la misma.

Volcándonos hacia la literatura propia de la Comunicación Política, la metáfora maestra sería una parte de lo que Mario Riorda (2008) llama el “mito de gobierno”, como narrativa que vincula la ciudadanía  con el gobierno y explica el proyecto general del gobierno.

Inclusión social

Dicha noción no se utilizó como un concepto –el cual es muy difundido al interior de las ciencias sociales- sino como una metáfora maestra, la cual se enmarca en el pensamiento dicotómico y binario de las políticas de desarrollo social kirchneristas (Rosato & Del Prado, 2016). En este marco la inclusión social se contrapone a la exclusión asociada a las políticas neoliberales; es una concepción amplia que se utilizó desde el campo político y sirvió para la imposición y construcción de una agenda de problemas y por lo tanto la relegación de otros. En ese contexto desde la construcción de un Centro Integrador Comunitario –edificio que brinda servicios de atención primaria de la salud y desarrollo social en barrios vulnerables del país-; la realización de un Mural Colectivo (presentado en el portal oficial de internet del Ministerio de Desarrollo Social como “La voz de las comunidades en pinceladas de inclusión”),  hasta el Tren de Desarrollo Social y Sanitario que recorre el país prestando servicios (“La inclusión sobre rieles”) se fundamentan en la inclusión social. En un texto publicado desde el Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de los tres gobiernos kirchneristas  (Del Prado, 2015), reflexiona: “Cuando hablamos de inclusión hablamos de muchísimo más que de cosas palpables o materiales. Hablamos de educación, de salud, de oportunidades, de empleo, de acceso a la justicia, de respeto por la diversidad, de inclusión cultural y social” (Kirchner, s.f., 30). 

En la amplitud y la ambivalencia de la metáfora de la inclusión social está su fuerza, ya que en la misma puede incluirse prácticamente todas las acciones realizadas por el gobierno. 

Pobreza Cero

Para la campaña de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) el líder PRO se mostró en una sucesión de abrazos a ciudadanos argentinos, en distintos puntos del país. Con una estética muy cuidada, existía una mínima diferenciación entre las piezas comunicativas, con la excepción del ciudadano al que el candidato amarillo visitaba. 

La utilización de esta metáfora maestra comenzó en la campaña para las elecciones generales de 2015. En las primarias, la idea era encarnar el cambio, confrontarlo con el discurso fuertemente ideológico del partido del Gobierno (el FPV), y hacerlo casi sin palabras, por lo que los spots solo mostraban a Mauricio Macri abrazando gente en distintos puntos del país. Para las generales de octubre, en cambio, se vio a un Macri más propositivo. La serie de piezas mostró al candidato rodeado de jóvenes, como en una figura de pastor, abogando por el cambio. Allí la pobreza cero, terminar el narcotráfico y unir a los argentinos, fueron las banderas con las que comenzó la propuesta de Cambiemos.

En la primaria el PRO jugó a decir mucho diciendo poco, sin propuestas políticas concretas. Finalmente el cambio al que refirió Cambiemos agregó más palabras y propuestas, a través de nueve micro spots de menos de quince segundos: salud, escuelas del siglo XXI, policía, jardines infantiles, contra el paco y la droga, Asignación Universal por Hijo y otros temas, son tratados. Para Mauricio Macri el mensaje es presentar a un candidato que profesa su creencia, la creencia de una Argentina distinta, limpia y pulcra. La estrategia de comunicación sigue siendo netamente positiva, cargada de esperanzas y emotividad; construida sobre un único concepto: el cambio juntos. 

Llegado a la presidencia el cambio, y su veta social se arraigó en este norte que es la reducción absoluta de la pobreza. La metáfora pobreza cero, es una intención que dota al nuevo gobierno de aquello que los estudios coinciden que carece, sensibilidad social. Junto a volver al mundo, volver a crecer y la cultura emprendedora, la pobreza cero configura el mito de gobierno de Cambiemos, el cual es precisamente el cambio.

Reflexiones finales

La utilización de las metáforas maestras es una herramienta esencial que se utiliza en el campo político para la construcción e imposición de una agenda de problemas. Se considera importante comprender esta dimensión simbólica de las políticas, en tanto fuerza modeladora de la realidad. 

En este caso fue descrito como tal herramientas dan fuerza e intentan definir por parte del gobierno, como denominar problemas acorde a sus necesidades y programa político.

Bibliografía

Del Prado, L. (2015). Alicia Kichner: la ideóloga de las nuevas políticas sociales en Argentina. Más Poder Local(25), 18-20.

Kirchner, A. (s.f.). Los Derechos Sociales son Derechos Humanos. 

Mosse, D. (2012). Una etnografía de las políticas de la ayuda en la práctica. En B. Pérez Galán, Antropología y desarrollo. Discurso, prácticas y actores (págs. 258-281). 2012: Los Libros de la Catarata.

Riorda, M. (2006). Mitos de gobierno. Una visión desde la comunicación política. HOLOGRAMÁTICA (4). 21-45.Rosato, A., & Del Prado, L. (2016). Construyendo hegemonía. El caso de las Políticas Sociales del Bicentenario. En V. Verbauwede, & R. Zabinski, La intervención del Estado en lo Social ¿Desde un enfoque de derechos? (págs. 67- 87). Paraná: Fundación La Hendija.

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Servicios Sociales

El Trabajador/a Social frente a lo comunitario en el ámbito local

Málaga, 11 de agosto de 2020

Juan Manuel Miranda García
Trabajador Social del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

Los profesionales del Trabajo Social no podemos trabajar aislados en un despacho sin tener en cuenta la comunidad, lo comunitario. En palabras de Marco Marchioni, la comunidad es “Un territorio en el cual vive una determinada población que tiene determinadas demandas y que cuenta con determinados recursos.” (Marchioni, 1999: 40).

Las personas no podemos sobrevivir fuera de la comunidad, necesitamos interactuar y relacionarnos con nuestros semejantes. Nacemos en una comunidad dada, con unas costumbres y valores predeterminados, lo que condicionará en buena medida nuestra trayectoria de vida. Cuando Aristóteles define al hombre como zoon politikón, lo hace por su capacidad de relacionarse, crear sociedades y organizar la vida en ciudades.

En este artículo, abordaremos lo comunitario desde la perspectiva local, es decir desde lo más cercano, nuestros barrios y ciudades. Para ello, resulta necesario definir el concepto de identidad local, que hace referencia al sentimiento de pertenencia que tenemos hacia nuestra comunidad. Santiago Ortiz Crespo, define el término de identidad local, del siguiente modo: “Los actores tienen una historia y un sentido de pertenencia a partir de los cuales constituyen valores y un proyecto común, de manera que su cultura se convierte en una palanca de desarrollo.”    (Ortiz, 2004:48).

Otro término que tiene especial relevancia en el trabajo social comunitario es el de “participación”, ya que resulta clave para que los agentes sociales nos podamos integrar en los procesos comunitarios que se generan en nuestros barrios. De esta forma, definiremos el término participación como “(…) los procesos de compartir las decisiones que afectan a la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive (…)” (Hart, 1993: 5).

El trabajador social comunitario debe encontrar sus respuestas en la comunidad, partiendo de los valores de la ciudadanía democrática, que lo conduzcan hacia soluciones colectivas para hacer frente a los problemas estructurales de la sociedad.

En la intervención comunitaria, el trabajador social debe poner en marcha procesos de diagnósticos sociales participativos, que le permitan a la sociedad en su conjunto elaborar una programación comunitaria con las prioridades que se deben abordar en los barrios. Tras la ejecución de las acciones o actividades programadas se debe realizar una evaluación comunitaria, para actualizar el proceso y volver al punto de partida. De esta forma, la intervención comunitaria se constituye como un proceso cíclico y de enriquecimiento de todos los agentes de la comunidad.

En este sentido, los trabajadores sociales en la intervención comunitaria debemos tener en cuenta la comunidad en su conjunto, los cambios sociales, las relaciones de los diferentes agentes sociales, los cambios en la comunicación, las políticas públicas, y los movimientos migratorios, entre otras cosas. Se trata de prestar atención a todo aquello que sucede fuera de nuestros expedientes y de nuestro despacho profesional.

El trabajo social comunitario puede impulsar importantes mejoras en la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la convivencia, mediante la puesta en marcha de procesos comunitarios en los que participe la ciudadanía, la administración, y los recursos técnicos-profesionales que se encuentran en nuestra ciudad.

En la ciudad de Málaga podemos citar diferentes iniciativas comunitarias, como el Proyecto Hogar, implantado en el Distrito de Palma-Palmilla, o el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI), implantado en el Distrito Bailén-Miraflores, con la intención de promover procesos comunitarios interculturales que promuevan la cohesión social y la mejora de la convivencia.

La dinámica de trabajo del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, Accem y la Obra social “la Caixa”, gira en torno al establecimiento de las relaciones, mejora de lo existente, y la puesta en marcha de diferentes acciones que mejoren la cohesión social, la convivencia, y la calidad de vida de las personas del distrito. Y ello, mediante la participación igualitaria y horizontal de la administración, los recursos técnicos y la ciudadanía.

En el barrio Lagunillas se produce un fantástico triángulo entre las asociaciones del barrio, el Centro de Salud Victoria y el Colegio Nuestra Señora de Gracia, promoviendo la mejora del barrio, mediante la participación activa de la ciudadanía. Destacamos la iniciativa de mejora y embellecimiento del barrio, a través de la técnica del grafiti, y la recuperación de espacios públicos como espacios de participación y encuentro de los vecinos y vecinas.

La Administración Local también ha impulsado órganos de participación ciudadana, los denominados Consejos Territoriales de distrito.

Desde el ámbito de la educación podemos mencionar la experiencia de la Red Intercentros Escuela Espacio de Paz del Distrito Bailén-Miraflores, espacio compartido por los centros educativos, entidades sociales, y ciudadanía, que a su vez se encuentra integrado en el proceso comunitario del distrito, impulsado por el Proyecto ICI, que promueve la cultura de paz, la mejora de la convivencia, la participación familiar, y la participación infantil y juvenil.

Y, desde el ámbito de la salud podemos señalar las mesas de participación en los Distritos de Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Lagunillas, Centro, o Puerto de la Torre, con el fin de promover barrios más saludables y socialmente más responsables.

Por otro lado, debemos diferenciar los procesos comunitarios de las reuniones de coordinación de proyectos finalistas, o la realización de actividades puntuales desarrolladas en los barrios, ya que el desarrollo comunitario en el ámbito local va más allá de la ejecución o asistencia de acciones puntuales. El trabajo social comunitario debe aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas en su entorno más cercano.

Los procesos comunitarios deben ser una palanca de cambio en las relaciones actuales entre la administración, los recursos técnicos y la ciudadanía, siendo la información pieza clave en el impulso y mantenimiento de dichos procesos.

Los trabajadores sociales debemos dejar un hueco en nuestras agendas laborales para lo comunitario, escapando de la excesiva burocracia en el ejercicio de nuestra profesión. No se trata de sobrecárganos de trabajo, ni de realizar un sinfín de actividades sin lógica alguna, sino de estar y formar parte de la comunidad en la que intervenimos, integrándonos dentro de procesos comunitarios, fortaleciendo las relaciones con el resto de agentes sociales, mejorando lo existente, evitando duplicidades, y afrontando de forma colectiva los desafíos actuales de la sociedad.

Ojalá, que al terminar la lectura de este artículo os apetezca asomaros a lo comunitario, o por lo menos a “estar” en la comunidad como agentes claves del desarrollo local.

Referencias

Marchioni M (1999) Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid. Editorial Popular. Pp: 44-44.

Marchioni M (2014). De las comunidades y lo comunitario. Revista Digital “Espacios Transnacionales”. http://grupal.reletran.org/

Marchioni M (2016). Democracia, participación y ciudadanía (para el debate). Espacio Communitas. Instituto Marco Marchioni.

Ortiz Crespo, S. (2004). Cotacachi: una apuesta por la democracia participativa. Ecuador. Flacso. Pp: 47-56. Roger A. Hart (1993). Ensayo: La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica. Ensayos Innocenti. UNICEF. Pp: 1-7.

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Mayores

La sexualidad en el ámbito geriátrico-residencial

Málaga, 4 de agosto de 2020

Rubén Yusta Tirado
Trabajador Social especializado en el ámbito de la gerontología.
Doctorando en Trabajo Social. Docente.

El ámbito de la gerontología se encuentra en pleno proceso de cambio y esto es algo que se pone de manifiesto en las previsiones demográficas que actualmente manejamos, que reflejan un gran incremento del número de personas mayores en las próximas décadas (Organización Mundial de la Salud, 2018), y la aparición y desarrollo de múltiples prestaciones y servicios dirigidos a este colectivo que estamos viviendo en este momento. Estamos asistiendo a la implantación de nuevos modelos de atención, al desarrollo de nuevas técnicas de cuidado y a la promoción de muchos valores que, hasta el momento, parecían obviarse para las personas que alcanzaban una determinada edad. En cambio cuando hablamos de sexualidad y gerontología, y sobre todo  de sexualidad y entornos residenciales, todavía parece que hay algo que no nos permite desarrollar acciones e intervenciones en este sentido, “normalizando” una situación que es común en prácticamente todas las etapas de la vida y que al llegar a la vejez deja de tratarse como una actividad o un proceso más de la vida de las personas. ¿Cuáles son los aspectos que intervienen en esta extraña relación entre la sexualidad y el ámbito geriátrico-residencial?

La Organización Mundial de la Salud (2018) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Sin duda nos encontramos ante un término que, lejos de la coacción, la violencia o la discriminación, debería reportar a la persona una serie de aspectos positivos que coinciden con el propio desarrollo vital de la persona por el que todos/as vamos avanzando. Esto es algo presente en la mayoría de las etapas de la vida y, obviando ciertas corrientes de pensamiento enfrentadas al progreso, cada vez son más habituales los proyectos y jornadas enfocadas a promocionar una educación sexual de toda la sociedad. En cambio cuando nos referimos a la vejez y a los entornos institucionalizados, los profesionales del ámbito sociosanitario observamos que esta normalización y esta difusión de la educación y la salud sexual no es tal, y en su defecto en muchas ocasiones este ámbito sexual se vuelve tabú por diversos motivos que intervienen en el ámbito geriátrico-residencial.

Una de las principales causas que intervienen en el establecimiento de la sexualidad como tabú son los propios agentes que intervienen en el desarrollo vital en los centros. Mientras que en un entorno diferente al de las residencias de mayores la sexualidad es un tema que afecta fundamentalmente a las personas implicadas, en el ámbito residencial confluyen otros agentes que, en mayor o menor medida, acaban influyendo en el desarrollo de la sexualidad de los/as usuarios/as: profesionales del centro, entorno sociofamiliar del usuario/a o incluso los órganos organizativos y directivos del mismo. En este sentido la gestión de un tema como éste, las creencias individuales o la propia filosofía del centro frente a la sexualidad afecta de forma determinante al desarrollo sexual de los/as usuarios/as.

El estado de los/as usuarios/as también es otro de los aspectos que intervienen en el desarrollo de la sexualidad en los centros. Como sabemos la vejez puede conllevar una serie de síndromes o limitaciones que determinan, en mayor o menor medida, la vida de las personas. Uno de los síndromes que más repercusión tiene es la posibilidad de que la persona sufra deterioro cognitivo, con las consiguientes implicaciones legales y éticas que este deterioro introduce en el dilema de la sexualidad que estamos tratando. En este sentido la capacidad de la persona, el grado de afectación por el deterioro cognitivo, la situación legal y, sobre todo, el consentimiento de las partes, será clave en el desarrollo sexual de los/as usuarios/as del centro residencial.

La protección o la “sobreprotección” que en ocasiones se vive en los centros residenciales es otra de las cuestiones que intervienen en este debate. En ocasiones encontramos problemas a la hora de llevar a cabo acciones tan beneficiosas para los/as usuarios/as como una retirada de sujeciones, una disminución de la medicación o algo tan simple como una participación en una actividad, debido nuevamente a la intervención de todos los agentes que confluyen en los centros residenciales. Muchas veces profesionales y familiares tendemos a sobreproteger a los/as usuarios/as, limitando su actividad y olvidándonos de que los centros residenciales deberían ser una continuidad de la propia vida de las personas en lugar de un ámbito en el que únicamente importa la salud de la persona.

Muy unido a este último término también encontramos la despersonalización que en ocasiones se produce en los centros. El desarrollo de actividades demasiado técnicas y alejadas del entorno doméstico, los horarios demasiado estrictos o la prioridad del funcionamiento del propio servicio frente a las preferencias de las personas generan que, sin darnos cuenta, nuestros/as usuarios/as vayan perdiendo aspectos o características que en otros ámbitos diferentes a la gerontología serían impensables. En la mayoría de centros es complicado encontrarnos con profesionales que pregunten a los/as usuarios/as sobre sus preferencias, sus deseos o sobre lo que quieren hacer y es en gran parte por esto que los modelos centrados en la persona están teniendo tanta repercusión en este ámbito.

Por último no podemos olvidarnos de las propias características del medio residencial. Aspectos como la presencia de habitaciones compartidas, el manejo de la intimidad de los/as usuarios/as por parte de los/as profesionales o el gran número de personas que a lo largo del día pasan por las zonas comunes y privadas del centro, hacen del ámbito residencial un entorno poco proclive para desarrollar la sexualidad de un grupo de personas que, como hemos visto, por su propia condición ya tienen bastantes obstáculos en su desarrollo sexual.

Como acabamos de ver nos encontramos ante una situación en la que, debido a diferentes cuestiones, un aspecto tan relevante en la vida de las personas como es la sexualidad se ve limitado y en ocasiones restringido al llegar al ámbito geriátrico-residencial. Obviamente existen cuestiones que por las propias características del colectivo son complicadas de abordar, pero también hay muchas otras muchas cuestiones en las que, como trabajadores/as sociales y/o como profesionales del ámbito sociosanitario, podemos intervenir partiendo de los principios básicos de dignidad, libertad e igualdad, que fundamentan nuestra disciplina y que se recogen en nuestro código deontológico (Consejo General del Trabajo Social, 2012) y a su vez intervienen de forma determinante en el desarrollo de la sexualidad de la persona.   

Bibliografía

Consejo General del Trabajo Social (2012). Código Deontológico del Trabajo Social. Extraído de https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico

Organización Mundial de la Salud (2018). Centro de prensa. Notas descriptivas. Envejecimiento y Salud. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud

Organización Mundial de la Salud. (2018). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas – Organización Mundial de la Salud.

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Educación

¿Trabajadores/as sociales en los centros educativos? Sí

Málaga, 29 de julio de 2020

María José Marteache Martín
Trabajadora Social. Equipo de Orientación Educativo Especializado
Miembro de la Comisión de Educación del Consejo Andaluz de Trabajo Social – por la defensa del Trabajo Social en los Centros Educativos

El marco legislativo social que se va introduciendo supone un gran avance en derechos sociales. Las nuevas normas se van actualizando e incluyendo coberturas donde antes había necesidades sin resolver, así se puede fortalecer el sistema de protección social. Este horizonte esboza un antes y un después en el fortalecimiento de la ciudadanía más vulnerable.

Ya sea el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital o, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, ambos realizan un gran esfuerzo por resolver sus cometidos. Es una ingente labor incluir las diferentes realidades que soportan distintos grupos de personas, y establecer medidas eficaces para sacarlas de su vulnerabilidad.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, es inevitable reconocer que viene a paliar carencias en diferentes ámbitos, educativo, servicios sociales, judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.

El proyecto de Ley es ambicioso y complejo, por ello es el momento de vislumbrar resquicios que puedan desmembrar la protección de niños y niñas. Escuchar al colectivo de Trabajadores Sociales, quienes están cercanos a las realidades sociales de las familias, ofrece la oportunidad de cerrar bien el círculo de la protección de la infancia y la adolescencia. El objetivo lo merece.

El sentido que recoge el proyecto de Ley aborda la necesidad de la notificación precoz de los casos de violencia. Así se incide en preparar a docentes, familias y al alumnado para mostrar atención ante cualquier indicio. Asimismo la difusión de los protocolos de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia es ventajosa para que salgan a la luz estas comunicaciones a los servicios necesarios cuando se producen. Además acciones como promover el respeto a la diversidad del alumnado, o la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, son elementos para propiciar un clima protector y un aprendizaje para la vida en sociedad.

En el proyecto de Ley, el timón de estas acciones será el o la coordinador/a de Bienestar y Protección. Es de considerar que estas novedades aplicadas en todos los centros educativos presentan un avance significativo, y si están recogidas en una Ley, tienen mayor garantía para llevarlas a efecto.

Una diferencia abismal sería que desde los centros educativos, se atendiera de una forma cercana a las familias en sus diversos procesos de vida, dónde se originan las dificultades familiares, y dónde éstas pueden derivar en situaciones de riesgo o desprotección ante adversidades. Acompañar a las familias en las dificultades para que realicen avances o cambios, significa incidir en la prevención de daños perjudiciales en la infancia y la adolescencia. Esta forma requiere manejar técnicas, habilidades, y estrategias enmarcadas en el procedimiento social. Saber reconocer los diferentes momentos de la intervención, y acompasar avances y retrocesos son elementos necesarios para intervenir con las familias.

Es decir, una acción profesionalizada del Trabajo Social en los centros educativos, va a evitar la notificación de muchas de las situaciones familiares que se pueden cronificar a no ser que se intervenga desde el medio educativo a tiempo. Incide del mismo modo en aquellas situaciones adversas por la que atraviesan niños o niñas, realizando intervenciones conjuntamente con trabajadores sociales de los servicios sociales o equipos especializados en el tratamiento familiar, y va a realizar una canalización técnica de situaciones de posibles riesgo o desprotección al organismo competente.

La aplicación de acciones de prevención, detección, diagnóstico social, intervención en el centro educativo, y seguimiento, junto a la coordinación con las distintos servicios sociales locales y especializados, y la posibilidad de emitir informes sociales, conlleva mayor eficiencia.

La intervención de trabajadores/as sociales se completa con su acción en el grupo clase, y la comunidad educativa, o sea se aborda la gestión de las emociones que produce ciertos hechos acontecidos a niños o niñas, se trabajar en diversos tiempos la prevención de situaciones adversas, etc. El efecto de trabajar a tres niveles individuo/familia, grupo y comunidad lo comprende el procedimiento del Trabajo Social. Tener esto en los centros educativos produciría una subida exponencial del nivel en la protección de la infancia y la adolescencia.

Los y las trabajadores/as sociales de educación intervenimos con las familias de esta manera, y lo venimos haciendo desde 1976 en el ámbito educativo. Estamos inmersos en los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y aportamos la orientación sociofamiliar del alumnado.

Nuestras funciones están reguladas por en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, y entre ellas se encuentran las siguientes:

  • El desarrollo de acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social.
  • La aportación de información sobre las características del entorno, de los recursos educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías adecuadas para su utilización.
  • La promoción de la integración de las familias y del entorno en las actividades de los centros y la colaboración con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia.
  • La colaboración en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera.
  • En el desarrollo de nuestras funciones, intervenimos entre otras acciones en:
  • Contextos familiares que obstaculizan el adecuado desarrollo del alumnado.
  • Procesos de aceptación de la familia ante las necesidades especiales de apoyo educativo de su hijos/as, o ante cualquier tipo de diversidad
  • El asesoramiento y la sensibilización de la comunidad educativa ante las características sociofamiliares del alumnado.
  • La resolución de conflictos entre el centro educativo y familia/s, o viceversa.
  • El asesoramiento y seguimiento en el proceso de detección y/o notificación de posibles situaciones de riesgo y desprotección de niños y niñas.
  • La coordinación de los casos de alumnos y alumnas en situaciones de riesgo o desprotección con los servicios sociales comunitarios, equipos de tratamiento familiar, servicio de protección de menores, etc.
  • El fomento de la coordinación entre el centro educativo y los agentes externos que intervienen con el alumnado.
  • El asesoramiento sobre la aplicación de protocolos en casos de absentismo escolar, acoso escolar, ciberacoso y acoso sexual, maltrato infantil, violencia de género, e identidad de género.
  • El desarrollo de actuaciones para proveer habilidades en la resolución de conflictos y prevenir dificultades en la convivencia entre el alumnado.
  • La realización de actuaciones para evitar la brecha digital entre el alumnado desprovisto de tecnología digital, y sus consecuencias.
  • Y otras intervenciones propias de la disciplina científica del Trabajo Social.

Es legítimo por tanto, que el trabajo que venimos desarrollando trabajadores y trabajadoras sociales en la administración educativa se refleje en la normativa educativa, y toda aquella que tenga repercusión en el ámbito educativo, especialmente en las Leyes que se están fraguando y que tendrán repercusión en los próximos años, como La futura Ley de Educación (LOMLOE) y en la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. En concreto es palpable que trabajadores/as sociales ocupen la figura de Coordinador/a de Bienestar y Protección en los centros educativos.

En el transcurso del tiempo en el que trabajadores/as sociales formamos parte del ámbito educativo, los/as trabajadores/as de educación, hemos observado los cambios en la forma de educar, a la vez que la sociedad en general ha ido experimentando avances. En el inicio se consideraba que el trabajo social en educación debía estar cerca del alumnado de necesidades educativas especiales en vías de integración, o tenía que centrarse en centros educativos situados en zonas en vías de transformación social para atender al alumnado de familias socioculturalmente desfavorecidas. Fueron las realidades de los años 70 y 80. Paulatinamente el sistema educativo fue otorgando mayor papel a la relación con las familias, pues sin éstas no se puede educar; pero esta transformación no acompañó el aumento de la plantilla de trabajadores/as sociales, se mantuvo igual, incluso con algún retroceso.

En la actualidad cada vez menos personas dudan de que el Trabajo Social no solo se necesita para trabajar en contextos de pobreza, sino que situaciones familiares que pueden acontecer a cualquier tipo de familias como: la aceptación de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje, etc., conflictos de pareja, procesos de separación y divorcio, cambio de cuidadores en niños y niñas, perdidas de seres queridos, suicidio, duelo, etc. pueden dejar secuelas en menores, y que la intervención de trabajadores/as sociales en esta situaciones está indicada.

El principal detector de las necesidades de niños y niñas es la escuela. Es ahí el ámbito de base dónde es preciso dotar de trabajadores/as sociales si se quiere incidir en la infancia y la adolescencia, aparte de reforzar el sistema de servicios sociales, y el de protección.

La apuesta por la cobertura de trabajadores/as sociales en los centros educativos es todo un reto presupuestario, pero en la actualidad en que se va a disponer de un ingreso mínimo para sacar de la pobreza a una parte de la población más vulnerable económicamente, queda hacer los esfuerzos por su inclusión social, y esto va aparejado con la necesidad de prevenir situaciones adversas en las familias.

Evitar secuelas que den origen a conflictos personales en los hombres y las mujeres de las nuevas generaciones es la forma de conseguir esa inclusión. Así si se consigue la protección de la infancia y la adolescencia.

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Miscelánea

Trabajo Social en tiempos de pandemia II

Málaga, 22 de julio de 2020

ENTREVISTA A
Cayetana Puertas Orozco.
Trabajadora Social. Centro de protección de menores.

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Sí. Ha cambiado en diferentes aspectos del funcionamiento en general. Por un lado, en la dinámica del trabajo puesto que desde que se declaró el estado de alarma he estado combinando trabajo presencial con teletrabajo. A su vez, las funciones diarias se han visto afectadas, ya que durante el confinamiento no se han efectuado ni ingresos ni traslados de menores, tampoco se han realizado visitas supervisadas ni permisos de salidas de los/las menores con los familiares, ni se ha llevado a cabo una gestión y coordinación con los diferentes recursos y entidades con las que nos coordinamos en nuestro día a día en el trabajo, puesto que todo ha estado parado.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

Haber contado desde primera hora con material suficiente de protección para prevenir el contagio del COVID-19, así como con un protocolo previamente establecido para hacer frente a la crisis sanitaria.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

A pesar de la importancia que tiene el desarrollar mi actividad laboral de manera presencial, considero que se puede implementar el teletrabajo combinándolo con el trabajo presencial. Desde mi punto de vista es una manera de optimizar el tiempo para llevar a cabo funciones, como por ejemplo, la realización de informes sociales, coordinación telefónica con otras entidades, e incluso las reuniones realizadas desde cualquiera de las diferentes plataformas que te permiten mantener una reunión en linea entre las distintas partes intervinientes en un caso.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

Desde mi puesto de trabajo y en relación a los contactos de los/las menores con sus familiares, hemos añadido durante el confinamiento la realización de videollamadas, así como la ampliación de los días de llamadas telefónicas.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Tener que trabajar bajo un estricto protocolo interno consistente en medidas de prevención del COVID-19.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID?

Un trabajo de calidad que garantice el acceso a los diferentes recursos y se apoye para cubrir las necesidades de todas las personas en situación de vulnerabilidad social.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Desde mi puesto de trabajo y teniendo en consideración las circunstancias y las limitaciones que hemos tenido desde que se declarase el estado de alarma, no se ha podido hacer más de lo que se ha hecho; ampliación de contactos familiares a través de llamadas telefónicas y videollamadas, ya que hemos estado muy limitados/as a la hora de poder coordinar con los diferentes recursos.

ENTREVISTA A
Macabea Cucarella Ortega.
Trabajadora Social. Centro de menores.

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Si ha sido distinto, se han paralizado en gran medida las gestiones técnicas propias, dando prioridad a las comunicaciones de los/as menores acogidas con sus familiares a través de videollamadas y en el desarrollo de actividades creativas, de ocio y deportivas.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

Soporte digital de calidad, para las gestiones telemáticas.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

Si, dotando de equipos y plataformas que sean capaces de soportar las gestiones de forma telemática.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

El desarrollo del régimen de contactos familiares, en lugar de forma presencial a través de videollamadas. Así como las reuniones de coordinación con las distintas instituciones intervinientes.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

A día de hoy, aún no me atrevería a decir nada más que la ejecución de gestiones de forma telemática; pues en mi opinión, el trabajo social requiere del contacto con las personas y su medio/contexto.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

Que somos profesionales imprescindibles para la sociedad.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Seguro se podría haber hecho algo más, ha sido una situación tan excepcional que no existían precedentes de intervención. Desde mi punto de vista, ha sido fundamental acompañar a los/as menores acogidos en el centro y a sus familiares, con actitud positiva, creativa y de recuperación.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el COVID 19?

El aumento de vinculación entre los/as menores acogidos y los profesionales (dirección, equipo técnico, equipo educativo y servicio externo) y la horizontalidad, siendo todos/as imprescindibles en la lucha contra la pandemia. Participando todos/as en la mayoría de las actividades programadas y la inversión en muchas ocasiones de roles, donde los/las menores apoyaban, animaban y empatizaban con sus adultos de referencias. Reconociendo y alabando el trabajo realizado y fundamental del servicio externo (limpiadoras) que normalmente en el día a día de un centro, es el menos reconocido.

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Miscelánea

Función pública y Trabajo Social

Málaga, 14 de julio de 2020

Carlos J. Núñez Gómez
Trabajador Social
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología Doctor por la Universidad Pablo de Olavide

La profesión de Trabajo Social tiene una presencia destacada en los sistemas públicos de protección social, sistemas que sustentan el actual Estado de Bienestar, especialmente los sistemas de Servicios Sociales y los de Salud. Por su número destacan en servicios sociales y salud. Según datos aportados por el Consejo General de Trabajo Social (2016) la gran mayoría del colectivo realiza su trabajo en algún organismo público, siendo lo más habitual que desarrollen su labor en administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones).

En la esfera pública, el Trabajo Social junto a otras profesiones integran el conjunto de los empleados públicos, que se dividen en:

  • Funcionarios de carrera. Que son aquellos que en virtud de su nombramiento legal desempeñan servicios de carácter permanente, y que han sido seleccionados según los principios de mérito y capacidad a través de oposición, para los que no solo se requiere una formación específica, sino además conocimientos más concretos sobre el Estado y las administraciones públicas y otros relacionados con el funcionamiento del servicio público donde se va a prestar el servicio.
  • Funcionarios de empleo: los interinos- que por necesidad o urgencia ocupan plazas de plantilla en tanto no se provean por funcionarios de carrera. Los eventuales que son nombrados y cesados discrecionalmente- para desempeñar cargos de confianza o asesoramiento especial no reservado a funcionarios de carrera, que cesan automáticamente al cesar el cargo político al que sirven. También personal por contrato (trabajos específicos de carácter extraordinario o de urgencia), contratos de colaboración temporal
  • Personal laboral: fijos y de duración determinada.

Dentro de la administraciones son las relaciones de puestos de trabajo (RPT) el instrumento técnico a través del cual realizan la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto (Parada, 1995). También se llevan a cabo los concursos de provisión de puestos de trabajo (PPT) en los que rigen los méritos (grado personal consolidado, formación, antigüedad…) y que permiten acceder a las diferentes jefaturas con distintos niveles de responsabilidad. También existe la comisión de servicio (CS) una forma más de provisión de puestos pero para la cobertura urgente e inaplazable necesidad, siendo de carácter voluntario, cuya duración no podrá exceder de un año, prorrogable por un año más si, si sigue vacante.

Si nos acercamos al ordenamiento jurídico, tenemos en primer lugar la Constitución, que en su artículo 103.3 dice que:

“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.”

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su  artículo 1,  expone entre otros fundamentos de actuación, la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. Por tanto, los empleados públicos, entre otros derechos, tienen el de la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas y procesos objetivos y transparentes de evaluación. Y entre los deberes tienen los de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los principios de objetividad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad o ejemplaridad. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, ni deben influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Y aunque obedecerán las instrucciones y órdenes de los superiores, si estas constituyeran una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, deberán poner en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Por tanto, los funcionarios de carrera son una barrera ante comportamientos políticos no deseables.

Es por ello que las administraciones proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Donde el concurso consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

Pero, sin duda, los funcionarios titulares pueden ser susceptibles de que se les influya, pues sus complementos salariales o su provisión profesional dependen a menudo de los políticos. En ocasiones la política campa a sus anchas en la administración pública, y utiliza mecanismos que no se ajustan de la mejor manera de hacer las cosas en cuanto a gestión de personal se refiere, como por ejemplo las comisiones de servicios interminables que sobrepasan con mucho los dos años máximo o a veces excesivas en número, refuerzos temporales o entrada de personal interino con carácter temporal. Si esto, además, se hace en tiempos de crisis y recortes públicos, su visibilidad es mayor al coincidir en el tiempo con recortes en personal y servicios, la no cobertura de jubilaciones o las bajas de larga duración. Por esto, resulta indispensable reglar al máximo estas cuestiones.

A veces la falta de una adecuada promoción interna, de convocatorias de concursos de provisión y de traslados, pueden llevar al personal funcionario a la desmotivación, la falta de ilusión y de iniciativas a posibles cambios en los servicios y puestos de trabajo. En este contexto aparece el desánimo, la exasperación y el agotamiento.

En el caso concreto del Trabajo Social, a lo anteriormente expuesto, se debe añadir las limitaciones que la profesión ha tenido y tiene dentro de la administración pública. Su acceso, en la mayoría de los casos, se ha realizado con un título de grado medio que limita la promoción  interna a niveles de superior  responsabilidad en la función pública (con un nivel tope de 26 frente a los 30 de las titulaciones de grado superior). Esto no parece haber mejorado con la nueva titulación de grado, pues las ofertas públicas, oposiciones y concursos que actualmente se vienen realizando por las administraciones para el acceso de trabajadores sociales se convocan dentro del grupo A2 (diplomatura), pero, sorprendentemente, incorporan a los titulados de Grado en Trabajo Social en el mismo grupo A2. Pero, curiosamente, se observa que cuando se convoca una plaza del grupo A1 se pide licenciatura o grado (ej. Grado en Derecho). Este hecho en sí es contradictorio y a la vez discriminatorio para los Graduados y Graduadas en Trabajo Social. ¿Cómo puede ser que un Grado de Trabajo Social se incluya en el grupo A2 y un Grado en Derecho en el grupo A1, máxime cuando ambas titulaciones tienen el mismo nivel universitario?

Lo anterior no es una cuestión baladí pues además de implicar una menor remuneración económica, lleva parejo un menor reconocimiento público y la imposibilidad de acceso a determinados puesto de mayor responsabilidad dentro de las áreas y servicios de las administraciones donde la toma de decisiones es mayor en relación a los servicios públicos que se prestan o se pretenden prestar.  

Los colegios profesionales, como menciona Parada (1995), es “el ejemplo más típico de los entes corporativos, entre sus notas más significativas está el interés homogéneo entre sus miembros” (p.30). Al ser corporaciones de derecho público, amparados por la ley y reconocidos por el Estado con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Estos deben garantizar la defensa de los intereses profesionales, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales (artº 13 de la ley de colegios de 13/2/1974), que  entre sus funciones tiene la colaboración con las administraciones públicas, posibilitando su adecuado funcionamiento, pero también exigiendo aquellas cuestiones que son de derecho y que afectan al colectivo.

La Ley 10/2011 de los Colegios Profesionales de Andalucía en su Artículo 17, al hablar de los fines, establece la defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas, la defensa de los intereses generales de la profesión, así como la consecución de su adecuada satisfacción en relación con el ejercicio de la profesión respectiva.

Por lo dicho, los Colegios Profesionales deben abordar estos temas, con la mayor celeridad posible, pues esto afecta al desarrollo de la propia profesión y a su futuro. Independientemente de que los sindicatos tengan un papel destacado en las cuestiones planteadas.

Bibliografía

  • Bosch, J. y Escolar I. (2018) El secuestro de la Justicia. Roca Editorial de Libros
  • Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 (BOE núm. 311-I, de 29 de diciembre de 1978.
  • Lima, A.I. (Coord.) (2016). II Informe sobre los servicios sociales en España. Consejo General del trabajo Social. Madrid.
  • Jefatura del Estado (1974) Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Publicado en BOE núm. 40 de 15 de Febrero de 1974. Revisión vigente desde 27 de Julio de 2012.
  • Junta de Andalucía. Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. 
  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE» núm. 261, 31/10/2015. https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con Parada, R. (1995). Derecho Administrativo, Organización y empleo público (9ºedic). Marcial Pons, ediciones Jurídicas, S.A. Madrid
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Miscelánea

Trabajo Social en tiempos de pandemia

Málaga, 7 de julio de 2020

En febrero de 2020, y tras casi un año de trabajo creando un nuevo proyecto de revista, TSDifusión inició su andadura. Apenas comenzó nuestro “rodaje” cuando éste se vio interrumpido por las consecuencias que ha traído la pandemia del COVID-19, y que tantas cosas ha cambiado en los últimos meses.

Si algo positivo nos deja la pandemia, es que hemos aprendido que las Nuevas Tecnologías nos permiten comunicarnos, interrelacionarnos y trabajar de forma conjunta, y pueden facilitar que TSDifusión cuente con un equipo de trabajo real e interprovincial que va a aprovechar la oportunidad que nos dan las herramientas digitales para fomentar la participación y enriquecer la revista.

En nuestra vuelta a las publicaciones, os invitamos a que contéis vuestras vivencias profesionales durante la pandemia. TSDifusión agradece la colaboración a las profesionales que nos han contado su experiencia a través de una entrevista, las cuales iremos publicando.

ENTREVISTA A
María del Pilar Estévez Muñoz
Trabajadora Social. Centro de Menores

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Muy distinto. Tratándose de un centro de protección de menores, hemos tenido que confinar a 19 menores, los y las cuales no han podido relacionarse ni siquiera con sus familiares de manera directa, teniendo que cambiar una dinámica completa de funcionamiento, para adaptarla a la situación generada de dicho confinamiento. Con flexibilización de normativa interna, cambios en el Proyecto Educativo y demás instrumentos educativos de centros, reinvención en las formas de relación (video llamadas con familias, intervenciones telemáticas) etc.

Todo ello con el objetivo de reducir el impacto emocional que ha producido el aislamiento de la población atendida, y en un tiempo record para adaptar rápidamente la situación a las necesidades del grupo de menores atendidos/as.

Igualmente se ha tenido que imponer un protocolo estricto de medidas sanitarias, tanto para un equipo de profesionales que trabajamos en el centro, como para los propios y las propias menores, teniendo que integrarlo e interiorizarlo en la dinámica convivencial del recurso. Algo que ha sido realmente complicado.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

En una fase inicial, más apoyo de la Administración Pública de la que dependemos. En la primera fase del confinamiento, los centros de protección de menores no se les reconocían como servicio esencial, por lo que no se nos consideraba como grupo de riesgo. A pesar de que tuvimos a un menor durante 20 días en aislamiento, con síntomas compatibles al COVID-19. Y en otros centros, me consta que también ha habido menores aislados/as.

Empezamos a afrontar la situación sin los equipos de protección adecuados y suficientes. Los pocos que teníamos se consiguieron a través de nuestra propia organización Prodiversa. A medida que fueron pasando las semanas, la Junta de Andalucía, reconoció a los centros de protección de menores, como servicio esencial y de riesgo, y empezaron a surtir de los medios para llevar a cabo nuestras funciones. Hasta el momento, que han vuelto a retirar la distribución de los EPI, coincidiendo con la reanudación de las visitas familiares e intervenciones con las mismas, aludiendo que el material está disponible en distintos comercios.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

El teletrabajo combinado con lo presencial de las intervenciones, ha supuesto una novedad importante, que ha resultado ser bastante positiva y productiva.

Pero es imposible un Trabajo Social solo desde el teletrabajo, éste debe quedar para la parte más creativa y de desarrollo de nuestras funciones, como la elaboración de los planes de intervención, acciones administrativas telemáticas, proyectos, programaciones y memorias, redacción de informes sociales, etc.; y de coordinación con reuniones telemáticas. En cierto modo el COVID-19 ha servido para reinventarnos.

Y la parte presencial para intervenciones directas, que éstas evidentemente siempre deben ser presenciales, porque se ha demostrado en estos días de confinamiento, en las que se han tenido que hacer intervenciones sociales vía telemática, han perdido cercanía, calidad y calidez en las mismas. Algo que en Trabajo Social es fundamental, para conseguir unos resultados óptimos.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

Seguimos manteniendo dos días de teletrabajo, para todas las funciones que anteriormente se ha mencionado, y las reuniones de coordinación telemáticas con distintos profesionales externos e internos de nuestra área.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Aprender a trabajar con un estricto control en protocolos y medidas sanitarias que muchas veces cuesta mantener, sobre todo en cuanto al distanciamiento social.

Trabajamos con personas, y cambiar un sistema de relación, en intervenciones sociales, teniendo en cuenta las situaciones que tratamos, es muy difícil. Pero hay que integrarlas, a pesar de lo que nos va a costar cambiar ese modelo.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

El Trabajo Social es un servicio esencial que debe estar presente más que nunca en estos momentos. Debemos aportar todos los medios técnicos necesarios para resolver aquellos problemas derivados de esta grave crisis, y acompañar a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dotándolos de todas las herramientas necesarias para que puedan salir de la situación en la que se encuentran. Esto solo lo puede hacer la profesión.

Si se me permite la comparación, yo siempre digo, que el Trabajo Social es como la Medicina en el ámbito de los problemas sociales. Más que nunca debemos estar al pie de cañón interviniendo de manera directa en los problemas derivados de esta grave situación. Porque somos los/las profesionales especializados/as y formados/as para ello.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

En mi área de trabajo, se ha hecho todo lo que se podía hacer. No creo que se podría haber hecho más, dadas las circunstancias.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el Estado de Alarma?

En un centro de protección de menores, se podrían escribir mil anécdotas. Momentos de angustias y miedo, familias desesperadas y asustadas por sus hijos e hijas sin poder verlos, el aislamiento de un menor, etc.  

Pero de todo me quedo con la lección que me han dado 19 menores con sus diferentes problemáticas, que han superado de manera muy positiva una situación tan complicada a pesar del aislamiento que han tenido; y el trabajo de un equipo interdisciplinar que ha trabajado intensamente, demostrando que sin ese espíritu de equipo y gran profesionalidad hubiera sido imposible salvar estos días tan terriblemente duros que hemos pasado. 

ENTREVISTA A
Josefa Rodríguez Galán
Trabajadora Social. Centro de personas con diversidad funcional

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

No ha variado mucho, en el sentido de que he seguido con mi día a día, gestionando recursos para las familias que lo precisan e informando

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

El contacto directo con las familias y las administraciones. 

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

Si, a través de video llamadas con familias y otras Asociaciones.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

No, he seguido trabajando como siempre, de forma presencial en mi trabajo a puerta cerrada, pero con los mismos recursos (telefónicos y ordenador).

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Más labor social, ya que debido a esta situación han aparecido muchas familias en situación de riesgo y vulnerabilidad.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

El Trabajo Social debe aportar mucho ánimo a las familias y reforzar las medidas de protección para los usuarios y familiares  para poder volver a la normalidad lo antes posible, ya que nuestros/as usuarios/as son de gran riesgo.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Se ha trabajado e intervenido en todas las situaciones que se nos han planteado, dentro de nuestras limitaciones, ya que no se ha podido tener un contacto directo, que esto siempre facilita mucho el trabajo.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el Estado de Alarma?

Una familia que me comentó que su hija gravemente afectada, llevaba una semana en la cama sin poder levantarla para sentarla en la silla de ruedas, por ser ellos mayores y no poder hacer la transferencia.

Me puse en contacto con Servicios Sociales Comunitarios para solicitarle ayuda a domicilio, les expuse el tema y les comuniqué que esta usuaria, aunque asiste al Centro de día, y debería de tener las 22 horas mensuales de ayuda domicilio, la familia nunca la había solicitado. Les comenté la posibilidad de que pudiera ir una cuidadora por la mañana para asearla y levantarla y nuevamente por la tarde/noche para volverla a asear y acostarla, para evitar que se le produjeran escaras.

A la semana llamé a la familia y ya tenían a la cuidadora que les prestaba el servicio solicitado. Volví a retomar la conversación con el padre, para que una vez que finalice el confinamiento, debe solicitar la ayuda domiciliaria, de una hora diaria de lunes a viernes que le corresponde por asistir al centro de día, ya que su hija lo precisa y ya han visto el problema que les ha surgido por no haberla solicitado en su momento. Siempre que se les proponía, la rechazaban. 

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Miscelánea

Reflexionando sobre Trabajo Social

Málaga, 11 de febrero de 2020

Mónica Tabares Arrebola
Trabajadora Social en Servicios Sociales Comunitarios. Experta en Intervención Comunitaria y Bienestar Social. Miembro de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Servicios Sociales del CPTS de Málaga

Actualmente, las personas profesionales de Trabajo Social estamos inmersos en una crisis política que nos afecta en nuestra forma de intervenir y nuestro quehacer profesional diario. Cuando la esfera política confunde las políticas sociales con políticas de beneficencia, los y las profesionales de lo social nos enfrentamos a un gran debate moral interno: ¿Seguir la directriz establecida o no?  

A las/os trabajadoras/es sociales se nos conoce por ser agentes de cambio social, pero, si esto es así, debemos avanzar en políticas igualitarias, menos asistenciales, y no ser partícipes y cómplices del sistema benéfico y desigual que, algunos políticos quieren imponer porque, de cara a la ciudadanía, se reviertan en votos. Nosotras/os no somos políticos, somos profesionales técnicos y como tal deberíamos actuar.  

Para la ciudadanía, tristemente, estamos, nuevamente, afianzándonos en meros dispensadores de prestaciones económicas, las famosas “ayuditas”.  Pero ¿es este realmente el Trabajo Social qué queremos hacer? Parto de la base de que no es así. Otra cuestión diferente, es que estas prestaciones económicas, sean un recurso, un medio, para que el profesional haga uso de él, durante el transcurso de su intervención.  

Me gusta mucho una frase de Mahatma Gandhi que dice: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”. Desde mi punto de vista, con meras “ayuditas” poco vamos a cambiar el mundo. 

Si realmente queremos hacer un verdadero Trabajo Social, igual nos tendremos que plantear explicarle, a más de un político, en qué consiste nuestra profesión, cuáles son los campos de intervención y dejarle muy claro cuáles son nuestras funciones ya que, estoy convencida que, la mayoría de los políticos, desconocen en qué consiste nuestra profesión. En nuestro devenir profesional diario, nos encontramos también con políticos que dicen conocerla, pero, visto lo visto, habrá que refrescarles también la memoria.  

Por otra parte, me parece fundamental que no solo se nos reconozca como profesionales de referencia en el ámbito de los servicios sociales, ya que somos profesionales de referencia, desde la perspectiva social, en todos los sistemas de protección social públicos, entidades privadas y   tercer sector.  

Está claro que, aún nos queda mucho por hacer en nuestra profesión, pero en ocasiones es importante realizar también una autocrítica y analizar, con objetividad, dónde estamos fallando, como profesionales, para poder, a partir de ahí, articular mecanismos de solución que nos permita empoderar nuestra profesión y llevar a cabo un TRABAJO SOCIAL con mayúsculas. 

Antonio Machado decía: “Caminante hace camino al andar…” que no se nos olvide que de nosotras/os depende que ese camino lleve una dirección de avance o de retroceso. Yo, estoy dispuesta avanzar, espero que vosotras/os también lo estéis porque tenemos mucho que aportar como profesión a la sociedad, mucho aún por hacer y un largo camino que recorrer hacia adelante.  

En nuestras manos está el demostrar que, somos realmente agentes de cambio, por eso sigamos luchando por la defensa de nuestra profesión, de los derechos sociales y de políticas sociales realmente eficientes, eficaces y de calidad.

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Personas sin hogar

Desapercibidas

Málaga, 4 de febrero de 2020

Pedro González Aceituno
Trabajador Social del Programa de Intervención en Salud Mental y Exclusión Social – PISMES, hasta su reciente jubilación

En 1980, cuando entré a trabajar en el manicomio, perdón, en el Hospital Psiquiátrico, me encontré con una realidad que hasta entonces no conocía: cientos de personas hacinadas en salas con camas litera, sin ropa personal, ni taquillas, en unas deficientes instalaciones, encerrados e invisibles a la sociedad. En nombre de la ciencia, de la salud, de la seguridad, se encerraba a unas personas para ponerlas en tratamiento, para protegerlas, o quizás era para proteger a la sociedad de esas personas que no queríamos en la comunidad, que no queríamos como vecinos/as, porque generaban incertidumbre y miedo. El resultado era la exclusión social de un colectivo, lo que entraba en contradicción con los derechos humanos más elementales, algo que no podía soportar una sociedad que salía de una dictadura. La Reforma Psiquiátrica fue un proceso imparable que posibilitó la apertura de las puertas del manicomio, la salida de estas personas a recursos sociales comunitarios, logrando su derribo definitivo tras un proceso de más diez años. Algunos pensaron en utilizarlo para actividades ocupacionales y rehabilitadoras, pero su demolición fue algo lleno de simbolismo, había que destruir físicamente el lugar donde se había producido tanto sufrimiento y exclusión.

Años después pudimos ver que la desaparición física fue positiva, pero quedó manicomio en nuestras mentes, en la de los/as usuarios/as, en la de los familiares, en la de los/as profesionales y en la sociedad. Algo que, hoy día, todavía perdura. El manicomio sigue vivo en nuestras actuaciones y en el ideario colectivo, que lo sigue reivindicando, aunque sea teñido de hermosas palabras protectoras.

Durante los noventa aparece por Málaga, pero es en el cambio de milenio cuando nos encontramos con un fenómeno nuevo que no cesa de crecer, aunque ya teníamos referencia de su existencia en otros lugares. Son las personas en situación de sin hogar –PSH- que sufren un Trastorno Mental Grave –TMG-. Me encontré, como profesional de los servicios sociales y de la salud mental, con unas personas doblemente estigmatizadas, por su situación social, vivir en la calle, y por su salud, sufrir una enfermedad mental.

¿Qué sociedad hemos construido? ¿Hemos cerrado los manicomios, centros de reclusión y exclusión social, para ingresarlos y excluirlos en las calles? ¿Habría que abrir de nuevo instituciones para acoger a quienes viven en la calle y sufren una enfermedad mental?

Muchas voces achacaron la culpa a la Reforma Psiquiátrica; “quienes viven y deambulan por las calles son locos, no tienen un lugar donde recibir tratamiento y vivir”, era frecuente escuchar  en reuniones sociales, sanitarias y políticas. La presión no se hizo esperar. Los vientos de libertad y respeto de los derechos humanos de finales de los setenta habían amainado, e incluso, si se me apura, corrían vientos contrarios, eso sí, camuflados en discursos proteccionistas, en los que se proclamaban la ayuda a estas personas, sacándolas de la calle, diseñando maravillosas instituciones donde ser acogidas y cuidadas. Eufemismo de los manicomios tradicionales, se buscaba volver a la exclusión mediante el encierro. “Hay que recogerlos/as de la calle y meterlos/as en una institución adecuada para que sean atendidos/as, no digo que sea un manicomio”, era la respuesta más frecuente que escuché en aquellos años, por parte de profesionales sociales, sanitarios y políticos.

No nos engañemos, las PSH con TMG resultan desagradables cuando nos tropezamos con ellas, sucias y malolientes, dañan nuestra vista y olfato, son un mal ejemplo para nuestros menores, ¿qué explicación le vamos a dar cuando nos pregunten por qué vive esa persona en la calle, cerca del parque donde ellos juegan? Pero nunca se plantearon los/as profesionales preguntarle a estas personas por qué vivían en la calle, cuáles fueron las razones por las que terminaron en situación de calle. Jamás se cuestionó que quizás el sistema sanitario, los servicios sociales y las prestaciones de protección estaban fallando en alguna medida. El sistema es perfecto, luego el fallo estaba en ellos/as.

Creo que las PSH, en general, con o sin TMG, son el síntoma que nos muestra que vivimos en una sociedad gravemente enferma, donde prima la insolidaridad, la competitividad, lo que provoca la exclusión social de las personas más vulnerables. Me niego a aceptar que la solución sea la institucionalización de estas personas, le pongan el nombre que le pongan a la institución, no me vale un nuevo manicomio con barrotes de oro y suelos de mármol. Hay que diseñar alternativas residenciales inclusivas, tratamientos asertivos comunitarios, promocionar actividades de ocio, formativas, de empleo. Trabajar en el camino de la recuperación y en que las personas puedan tener un proyecto de vida.

Hoy partimos con ventaja. Antes eran “locos, locas”, personas sin derechos ciudadanos, encerradas en manicomios, excluidas e invisibles, ahora son personas que aún en situación de exclusión, mantienen sus derechos aunque no tienen acceso a su disfrute, pero son visibles, están en la calle, entre nosotros/as, antes no nos molestaban, ahora molestan.

Han pasado casi veinte años, y las PSH con TMG constituyen un problema que no para de crecer y no se le dan las alternativas adecuadas, ni desde salud mental, ni desde los servicios sociales con la Ley de la Dependencia. Es más, cada día expulsamos a la calle más personas y más jóvenes, que, tras sufrir sus primeros episodios psicóticos, carecen de los apoyos adecuados; familiares, sociales, económicos, de alojamiento…

Las causas para que una persona termine en situación de calle son muchas y variadas, algunas las podemos encontrar en la propia persona, otras en su entorno familiar, en la sociedad, o en los sistemas (sanitario, social, laboral). No hay una única razón, ni una misma razón interfiere por igual es todas las personas. El proceso hacia la exclusión social es multidimensional y largo. Vemos caer la persona, pero no hacemos nada por evitarlo, lo más frecuente es culpabilizarla del proceso de deterioro, el resultado final es la calle o, en el mejor de los casos, su alojamiento en un centro de acogida.

¿Es un centro de acogida el lugar más adecuado para estabilizarse y realizar un tratamiento?, ¿puede alguien construir un proyecto de futuro desde un centro de acogida? Ante esta realidad, la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga se plantea en 2004 la necesidad de poner en marcha un programa de atención a las personas en situación de sin hogar que sufre un TMG. El objetivo es contactar con estas personas para mejorarles su calidad de vida e iniciar tratamiento, esto nos lleva a tener relaciones con las instituciones que trabajan con las personas en situación de calle, con el objetivo de coordinarnos y establecer planes conjuntos de atención. Pese a que los recursos para atender a las personas en situación de sin hogar han crecido y se han agrupado mediante la creación de la Puerta única, contándose hoy con un Equipo de Calle, la realidad supera a los recursos actuales, que son insuficientes y no adecuados para atender la problemática de estas personas en general, menos para quienes sufren un TMG.

Algunas reflexiones

  1. Las personas en situación de sin hogar tienen carencias económicas y materiales, pero los problemas más importantes son los no visibles, como la soledad, afectividad, aislamiento, intimidad, falta de autoestima, de familia, amigos, derechos, redes de apoyo social,… provocando que la dignidad, esencial en la construcción de la persona, se dañe hasta destrozar al ser humano, impidiendo que sean vistas y se sientan como personas valiosas. Los recursos solo suelen ofrecer alojamiento, comida, aseo, ropa, apoyo en las gestiones,… lo que es insuficiente para atender a las personas en situación de sin hogar, más cuando llevan años de calle, momento en el que prevalece la indefensión aprendida y no confían en los/as profesionales ni en las instituciones.
  2. Los centros no se adaptan a las necesidades de las personas; sus normas, la burocracia, la rigidez administrativa,… provocan que las personas sean excluidas de los centros que deben acogerlos para trabajar su inclusión social. Faltan recursos, pero no hay que aumentar las plazas en más de lo mismo, menos construyendo macrocentros, hay que diversificar las instituciones, evitando la masificación, especializarlas en diferentes perfiles, y que sean los centros los que se adapten a las necesidades de las personas y no a la inversa.
  3. Huir de la creación de experiencias, con subvenciones temporales, en las que no esté garantizada la continuidad. Hay que conseguir un compromiso institucional en los presupuestos para que la atención se mantenga en el tiempo. No es ético atender a unas personas durante un periodo de tiempo para después abandonarla por falta de presupuesto. El daño es irreparable y la desconfianza aumenta, la próxima vez que se le aborde será más difícil.
  4. El voluntariado, el paternalismo, la caridad, el consejo… hay que sustituirlo por los profesionales, la planificación, los derechos, la calidad,… las personas en situación de calle han de ser las protagonistas, quienes decidan su proceso de inclusión, su proyecto de vida, hasta ahora son vistas como objetos de nuestro trabajo, tienen poco margen para decidir, solo pueden huir de nuestros despachos y no acudir a los centros, las ayudas y prestaciones son “impuestas”, no consensuadas, los ritmos y tiempos se ponen desde la institución, sin contar con sus dificultades y deseos. Son consideradas beneficiarias, de beneficencia, no ciudadanos/as con derechos. Cuando hay fracaso se les culpa y añadimos “no quieren nada de nosotros/as”.
  5. Los recursos existentes no reúnen la calidad que exigiríamos para nosotros/as. Debemos exigir recursos de calidad, dignificando la atención, protegiendo la intimidad, lo que no se protege solo aplicando la ley de protección de datos, a lo que estamos obligados, sino evitando dormitorios con camas litera y donde duermen varias personas, colas en la calle de los comedores sociales, en el reparto de alimentos, colas indignas, humillantes.
  6. Hay que profesionalizar la atención y darle al voluntariado su lugar. Si entendemos la atención a las personas en situación de sin hogar como el reparto caritativo de alimentos, no es preciso profesionalizar, pero si vamos a atender a una persona destrozada por los sucesos vitales estresantes que ha sufrido durante su proceso de exclusión social, hacen falta profesionales. La exclusión social se trabaja desde la dignidad de las personas, no desde la caridad, apoyando a la persona a recomponerse, a estructurar su proyecto de vida. Igual que caer en la exclusión social es un proceso largo, trabajar la inclusión es un proceso no exento de dificultades, donde, a veces, surgen momentos duros y se fracasa, pero que no deben ser vistos como la derrota y ni motivo de abandono, ahí debe estar atento/a el/la profesional para retomar la motivación.
  7. Las órdenes de alejamiento, los ingresos involuntarios, los encarcelamientos, el apoyo tras el excarcelamiento, las incapacitaciones, son elementos que no apoyan la inclusión social, todo lo contrario, facilitan el proceso de exclusión social. En el caso de las PSH con TMG problemas de salud mental, que deben ser atendidos desde lo sanitario y servicios sociales, se han convertido en problemas judiciales, las togas negras están sustituyendo, dando las respuestas que no se dan por las batas blancas.

¿Qué hacer? ¿Dejar que la calle se siga llenando de personas en situación de exclusión social? ¿Son correctas las actuaciones profesionales y políticas que realizamos?

Dicen que en un barrio obrero, mal iluminado, había un hombre agachado en el suelo debajo de una farola, camino de su casa iba un vecino, que al verlo agachado le preguntó qué hacía. “Busco las llaves de casa, que se me han caído”. El vecino, solidario, se agachó y se puso a buscar con él. Tras un rato buscando, el vecino le preguntó, “¿Estás seguro de que se te cayeron aquí?”. A lo que el hombre le respondió. “No, se cayeron en la acera de enfrente, pero allí no hay luz”.

Buscamos soluciones donde ya sabemos que no las hay, reproducimos actuaciones ancestrales, las fáciles, el protocolo y las normas las cumplimos a rajatabla, aunque sabemos de antemano que no solucionan el problema. Los/as profesionales nos dedicamos a replicar las actuaciones sin pensar, sin innovar, sin ajustar nuestro modelo de trabajo en beneficio de las personas, lo importante es cumplir los objetivos administrativos y las leyes, que ¿por qué han de estar por encima de la dignidad de las personas, conculcando los derechos humanos? Mientras que no crucemos la acera y busquemos las llaves allí donde hay posibilidades de encontrarlas, mientras que no perdamos el miedo a afrontar soluciones difíciles, será imposible dar una respuesta digna y de calidad a las personas en situación de sin hogar.

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