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Madrid, 18 de mayo de 2021

Lorena Gallardo Peralta
Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

Esteban Sánchez Moreno
Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid

En este libro Lorena Gallardo y Esteban Sánchez nos presentan un recorrido transparente y crítico sobre la profesión. 

Nos enseñan, el papel que las trabajadoras sociales tienen cómo agentes fundamentales del conocimiento de la exclusión social, el impacto de las desigualdades de género, la edad, la diversidad o la interseccionalidad, destacando esta labor, como una de las principales características de la profesión. 

Nos hacen comprender, de una manera sencilla, la importante función que jugó el Estado de Bienestar en Europa para el desarrollo del trabajo social y la salvaguarda de derechos. Esto dio lugar a los sistemas de protección y pilares del bienestar, como son la salud, educación, o el sistema de pensiones. Se hacen eco y llaman a la reflexión acerca del debate existente sobre el cuarto pilar, lo que han dado en llamar “el pilar de los cuidados”.

Definen, como el paso más decidido hacia este pilar, la creación de la Ley de Dependencia, dónde las trabajadoras sociales tienen un papel fundamental en su creación y son sustentadoras de todo el recorrido hacia el reconocimiento de grado y asignación del recurso, insistiendo en el protagonismo de las trabajadoras sociales para la consolidación y desarrollo de este cuarto pilar del estado de bienestar. 

ENTREVISTA 

1. Cómo surgió la idea de este libro y el proyecto de vuestra colaboración.

La editorial “La Catarata” tiene una colección que aborda diferentes profesiones y disciplinas. El título de todos los libros comienza con “¿Para qué servimos los…?” La editorial nos contactó para poner en marcha el proyecto. Todo fue muy fácil, porque desde un primer momento llegamos a acuerdos básicos. Por ejemplo, que el título del libro se redactará en femenino, es decir, “¿Para qué servimos las trabajadoras sociales?” en lugar de “¿Para qué servimos los trabajadores sociales?” Desde nuestra perspectiva eso era fundamental, porque sin el reconocimiento de que se trata de una profesión en la que las mujeres son un elemento clave cuantitativa y cualitativamente, desde sus orígenes, era imposible comprender este libro. Esto implicaba un gran reto, primero porque es el primer título de la colección que toma esa decisión. Segundo, porque, aunque el libro – y quienes lo hemos escrito – tiene una perspectiva feminista, no es un libro sobre feminismo. Y tercero, porque no queríamos que el debate sobre el título pudiera contaminar los debates que planteamos en los capítulos que forman la obra. 

2. ¿Está reconocido el papel de las trabajadoras sociales como agentes del conocimiento?

No lo creemos. Más bien al contrario, consideramos que ese es uno de los retos que tiene que abordar la disciplina. Y lo tiene que hacer de manera urgente y decidida. Para ello hay que dar pasos en diferentes ámbitos. En primer lugar, la consolidación de la disciplina en las universidades es clave. No nos referimos a consolidar el grado, “la carrera”, porque consideramos que eso ya se ha conseguido. El acento ha de ponerse en el posgrado, y especialmente en el doctorado. Es imprescindible que las facultades de Trabajo Social apuesten decididamente por el doctorado y la investigación porque, de otra manera, no será posible avanzar en la consolidación de la disciplina como agente de conocimiento. 

En segundo lugar, en muchas ocasiones el conocimiento que se genera en el ejercicio profesional, que es mucho y se produce en el contacto directo con la realidad, no trasciende y queda “contenido” dentro del día a día de las trabajadoras sociales y de los trabajadores sociales. Esto, el hecho de que ese vasto conocimiento no se reconozca, está directamente relacionado con la necesidad de desarrollar la investigación en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Todas las disciplinas utilizan la colaboración entre la investigación y la profesión para avanzar y mejorar la práctica. En el caso del Trabajo Social, es preciso profundizar en la colaboración e interrelación entre investigación y profesión para mejorar los procesos de intervención y acompañamiento psicosociales, por ejemplo.

En tercer lugar, y con mucha frecuencia, el conocimiento que se genera en la práctica del trabajo social no es recogido en los medios de comunicación adecuadamente. La realidad social es extremadamente compleja, y más aún lo es cuando nos ocupamos de la desigualdad y la exclusión. El contenido y el formato de los medios no siempre permite abordar adecuadamente esta complejidad, de manera que las trabajadoras y los trabajadores sociales encuentran difícil incorporar su discurso a la idea que la ciudadanía tiene de su labor. 

Por último, otras profesiones y disciplinas son reconocidas de manera más directa como agentes de formación de conocimiento en los temas en los que se desarrolla el trabajo social. De nuevo, aquí es imprescindible un trabajo cooperativo entre academia (universidades), profesión (colegios), instituciones públicas y tercer sector para generar y mostrar, en alianza, el conocimiento específico generado en la relación que las trabajadoras y los trabajadores sociales establecen con la realidad. 

3. A lo largo del texto se detecta una constante llamada a la reflexión, consideráis que se piensa poco en “clave trabajo social”.

Consideramos necesario provocar. La reflexión es muy complicada en las sociedades contemporáneas, y lo es más aún en profesiones caracterizadas por la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga emocional. Se trata de riesgos psicosociales que absorben la energía y pueden poner en cuarentena la reflexión. De manera que la respuesta es: “sí, se piensa poco en clave trabajo social”. Dicho esto, nuestra llamada constante a la reflexión tiene que ver con el convencimiento de que es preciso dirigir nuestra mirada a la profesión, a la disciplina, y analizar de manera crítica el papel que el trabajo social está jugando en la reducción de las desigualdades, en la mejora de las condiciones de vida, en el incremento del bienestar de las personas, en la reducción de la exclusión social. Y cuando decimos análisis crítico, incluimos la necesidad de una reflexión sobre los objetivos, las demandas, los recursos que se movilizan, las herramientas que se utilizan y el resultado de la propia acción. A veces se dice: “el objetivo del trabajo social es dejar de existir”. Esa conclusión no puede ser resultado sino de una falta de reflexión sobre los procesos sociales y sobre la propia naturaleza de la disciplina. En el libro lo decimos, y tenemos pleno convencimiento: el trabajo social no está aquí para combatir la desigualdad, sino para contribuir a crear sociedades que cuiden y protejan. Para terminar con las prácticas e instituciones que generan relaciones y situaciones de opresión. Y esa es una tarea interminable.

4. El último epígrafe del libro “¿para qué deben servir las trabajadoras sociales?, por qué ese nombre y no “para qué sirven”.

Queríamos provocar, queríamos hacer un planteamiento crítico. No basta con proclamar para qué sirve el trabajo social, no basta con defender la necesidad del trabajo social, no basta con mostrar que las trabajadoras sociales son parte fundamental de las instituciones del bienestar. Además de todo ello, es preciso buscar miradas, formas, herramientas, procedimientos y estrategias que permitan incrementar la utilidad de la disciplina y la profesión en las sociedades contemporáneas. El debate sobre la necesidad del trabajo social es relevante y necesario. Pero consideramos que si no se plantea un debate crítico – autocrítico – difícilmente se podrán identificar ámbitos y procesos en los que el Trabajo Social puede aportar una perspectiva específica, diferenciada y a la vez complementaria con respecto a otras perspectivas. Y ese debate es un debate sobre lo que debería ser – no sobre lo que es – una disciplina, una profesión.

Un ejemplo. El acceso al bienestar colectivamente generado es cada vez más difícil para un número creciente de grupos en nuestras sociedades, de manera que la incertidumbre y el riesgo son características de la vida cotidiana de cada vez más y más personas. Dicho de otra forma, las desigualdades han resurgido, sin duda, como una de las principales amenazas de nuestras sociedades y de nuestras democracias. Son utilizadas para alimentar un discurso atravesado por el populismo, el extremismo, el rechazo a la diversidad y la afirmación de la política como un medio para establecer una diferencia aprovechada entre la ciudadanía legítima y la ciudadanía ilegítima. Además, se da la paradoja de que las personas que sufren y padecen esas desigualdades se cuentan entre las más susceptibles a incorporar este tipo de discursos. En España lo estamos viendo, asistimos al avance de un partido con planteamientos ideológicos difícilmente compatibles con los principios democráticos de gobierno y convivencia. ¿Qué puede hacer el Trabajo Social en la sociedad contemporánea? ¿Para qué debería servir el Trabajo Social en un contexto como este, plagado de incertidumbres y crecientemente dominado por un discurso que pretender acabar con esas incertidumbres sin comprenderlas? 

Es solo un ejemplo de lo que queremos plantear con ese último epígrafe. Queríamos que fuera una llamada al debate, a la crítica y a la autocrítica social.

5. ¿Creéis que este libro ayudará a que la sociedad nos conozca o ayudará más aún a que desde dentro de la profesión nos conozcamos? 

El objetivo que teníamos cuando escribíamos el libro era que la profesión fuera más conocida por la ciudadanía, sin duda. De hecho, tenemos el convencimiento de que la imagen que la sociedad en general, la ciudadanía de a pie, tiene del trabajo social está con demasiada frecuencia construida a base de lugares comunes, estereotipos y malentendidos. Cualquiera que conozca a una trabajadora social sabrá que está dispuesta a aclarar esos malentendidos en cualquier momento y en cualquier lugar, a cualquier persona que quiera escuchar. Y, a pesar de todo, creo que hay un acuerdo generalizado en torno al desconocimiento que se tiene de la profesión entre la ciudadanía. Con esto queremos decir que la visión que a menudo se tiene de lo que hacen las trabajadoras y los trabajadores sociales es borrosa, traslúcida, pero prácticamente todo el mundo sabe (o cree saber) a qué se dedica la psicología, o la medicina, o la enfermería, o el derecho, o la economía. Por ello, teníamos un interés especial en mostrar los ámbitos de trabajo de las trabajadoras sociales, qué hacen en los servicios sociales, cómo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes, o de las mujeres que son víctimas de violencia machista, por poner algunos ejemplos. 

Sin embargo, hemos comprobado que el libro ha sido recibido por la profesión como un estímulo al debate “interno”, como una contribución a la discusión en torno a los elementos que constituyen el quehacer profesional de las trabajadoras y los trabajadores sociales, como una pequeña provocación al diálogo para seguir avanzando en el desarrollo de la disciplina. Nos han escrito trabajadoras sociales para transmitirnos que el libro puede ser una contribución en ese sentido. Gracias a la edición digital, esto incluye a colegas latinoamericanas, lo que nos hace sentir mucha alegría y responsabilidad por el impacto de nuestro trabajo. De hecho, el libro ha recibido ya dos reseñas en dos revistas especializadas, en Trabajo Social Hoy, del Colegio de Madrid, y en Itinerarios de Trabajo Social, de la Universitat de Barcelona). En ambas reseñas se señala que en el libro se plantean temas de interés para la profesión, para la disciplina y para las trabajadoras y los trabajadores sociales. Es evidente que no queremos generar acuerdos o consensos con nuestros planteamientos. Más bien al contrario, lo que pretendíamos era provocar. Provocar sin más. Porque, como decíamos antes, la reflexión y la reflexión colectiva (es decir, la discusión) son necesidades vitales para que la disciplina avance y profundice en prácticas antiopresivas tan necesarias en los tiempos que corren.

Muchas gracias por la entrevista y por el interés en nuestro libro.

Almería, 11 de mayo de 2021

Belén Navarro Llobregat
Trabajadora Social
Directora del Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Alpujarra” de la Diputación de Almería
Bloguera: trabajosocialytal.com

Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela.
Antes de morir, le reveló su secreto:
–La uva– le susurró –está hecha de vino–
Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé:
Si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos
las palabras que cuentan lo que somos
Eduardo Galeano
El libro de los abrazos (1989)

Las más jóvenes no lo habrán vivido, pero quienes como yo peinan canas, recordarán la nefasta enseñanza musical del colegio. Quienes teníamos la suerte de gozar de un buen oído musical, éramos elegidas para el coro o para la actuación de fin de curso. En cambio quienes tenían un oído, digamos, menos afortunado eran relegadas al ostracismo musical o, en el mejor de los casos, a ejecutar un perfecto playback. La verdad es que mover la boca mientras tus compañeras y compañeros cantan a pleno pulmón es aún más cruel que apartarte del coro. También estaban los docentes que pedían al grupo desafinador que cantasen más bajito, una solución menos cruel que la eugenesia musical del playback o la orden de alejamiento. Ignoraba ese profesorado cerril que el oído musical, como tantas otras cosas, puede ser educado y que una de las maneras es precisamente cantando. A día de hoy vagan por España hombres y mujeres de mediana edad que, víctimas del trauma, no se atreven a cantar ni en la ducha. Solo el gin tonic es capaz de obrar el milagro en el karaoke con resultados funestos para el público.

Con la escritura pasa algo parecido. Cuando pensamos en escribir se nos viene a la cabeza Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa o Ana María Matute y, conscientes de que no podremos alcanzar tal excelencia, guardamos la libreta en un cajón o apagamos el ordenador y las ideas que atesoramos jamás verán la luz. Sin embargo, si preguntáramos a cualquiera de estas grandes plumas, nos dirían que sus primeros escritos eran horrorosos y nos explicarían que la escritura tiene mucho de gimnasia, de músculo, de ensayo y error. En definitiva, práctica. Ninguna persona nace escritora del mismo modo que todas las personas que se dedican a la música tampoco nacen siendo Mozart. Ni siquiera ocurre en el deporte, donde por cada Roger Federer hay muchos más Rafa Nadales que han tenido que machacarse y machacarse para mejorar su servicio mediocre.

Lo más importante de todo es que se puede jugar al tenis sin ser Rafa Nadal y se puede escribir sin ser Almudena Grandes. Pienso que las trabajadoras sociales deberíamos escribir en masa. Contamos con pensadoras e investigadoras que han hecho grandes aportes a la profesión, pero no es suficiente. Esta profesión tiene el derecho de escribir y la obligación de hacerlo. Nos sobran los motivos. Propongo tres. Este artículo es un alegato a favor de la escritura. Así, sin más. Por una escritura introspectiva, o rebelde, o serena, funcional, creativa o militante, como es mi caso. Decía Gabriel Celaya: 

“Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.
Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.”

Cantos Íberos (1955) 

La escritura puede ser el arma contra el futuro distópico que casi es presente. El mundo postcapitalista que estamos viviendo tiene visos de convertirse en una especie de planeta diseñado por Aldous Huxley. Ignoro si quienes rigen nuestros destinos son los gobiernos, el club Bildeberg o la pasividad de una población cada vez más desinformada, cada vez más desconectada de lo colectivo y más encerrada en sus infiernos personales, el caso es que la cosa no pinta bien, y ese es el primer motivo para escribir que comparto en estas líneas.

1. El diluvio que viene

El ejercicio público, en general, cada vez es más defensivo y menos proactivo. Más centrado en los medios y menos en la misión. Más preocupado por el formalismo que por el bienestar, en palabras de Philip Alston (2019) La COVID 19 y el auge de la administración electrónica han puesto la puntilla. Las modernas leyes que otorgan derechos a los otrora administrados/as hoy ciudadanos/as son papel mojado. Menguan y se recortan tanto los derechos de las personas como su capacidad de respuesta ante los abusos institucionales. Poner una reclamación, conocer el estado de una solicitud o hablar personalmente con alguien es cada vez más difícil. Intrincados procedimientos electrónicos, carteles tipo deténgase en las puertas o presencia de vigilantes cumpliendo el encargo de filtrar la entrada son ejemplos de lo que denomino bunkerización, que da lugar a una vergonzosa indefensión de la ciudadanía frente a la máquina burocrática. El trabajo social, según muchos autores, no ha escapado a esa deriva neoliberal. Por no hablar del odioso mandato institucional de certificar pobreza y gestionar prestaciones míseras, un encargo que va fagocitando la esencia de la profesión, lenta, pero inexorablemente. Apunta Parajuá (2017, p. 305):

“Hay que tener en cuenta que el Trabajo Social moderno ha desarrollado buena parte de sus códigos de verosimilitud en base a un movimiento de despersonalización, distancia y extrañamiento respecto a los sujetos intervenidos”.

Sea para contraargumentar esta afirmación o detener esta dinámica perversa, la escritura es una herramienta imprescindible. También para imaginar otro mundo, altercapitalista e igualitario, puesto que el patriarcado es otra de esas lacras a la que la profesión debe contribuir a erradicar. Desde dentro. El patriarcado en trabajo social es el elefante en la habitación. Uno más en la profesión.

2. Los hombres nos explican cosas

Si no ha quedado claro hasta ahora,
me encanta cuando la gente me explica cosas de las que saben
y yo estoy interesada, pero aún no sé;
es cuando ellos me explican cosas que sé y ellos no
cuando la conversación se tuerce
Rebecca Solnit
Los hombres me explican cosas (2016)

Decir que el trabajo social es una profesión feminizada es una verdad obvia. Decir que el trabajo social también sufre los efectos del patriarcado es una verdad incómoda. Yo misma lo he padecido en mis carnes en forma de mansplaining*, por parte de hombres procedentes de la academia en diferentes redes sociales, sobre todo twitter. Jamás me ha ocurrido con ninguna profesora universitaria. Siempre con hombres. Afortunadamente no todos los académicos pecan de machoexplicación. Se podrá argumentar que twitter es para debatir y que quizá es que yo tenga la piel muy fina. El asunto reside en los términos en que se produce ese debate. También pudiera ser que esté generalizando sobre un problema que solo me ocurre a mí, sin embargo la propia Rebecca Solnit cuenta en su libro que en EE.UU., a raíz de su publicación, se abrió una página web llamada Los hombres académicos me explican cosas y que los testimonios que allí se volcaron fueron miles. En España en general y en la profesión en particular pasaría algo similar si se abriese una página web parecida. Estoy muy segura porque esta conversación la he mantenido con muchas compañeras que han vivido lo mismo que yo.


*Según el diccionario de Oxford, la palabra mansplain es un término informal que significa (dicho de un hombre) ‘explicar (algo) a alguien, normalmente una mujer, de forma condescendiente’ «machoexplicación», alternativa a «mansplaining» | Fundéu. (n.d.). Recuperado el 11 de abril de 2021, de https://www.fundeu.es/recomendacion/condescendencia-machista-alternativa-a-mansplaining/


¿Qué cosas pueden explicarnos los hombres de la academia sobre las que saben menos que nosotras? Muy sencillo: Intervención social. Nadie sabe más sobre intervención social que las propias profesionales. No apoyaré esta afirmación sobre ninguna cita. Estos hombres son, no me cabe duda, eruditos en política social, modelos de bienestar social o servicios sociales, pero la inmensa mayoría no sabe nada sobre intervención social. Sin embargo, se permiten despachar nuestras reclamaciones sobre la deriva del sistema de servicios sociales o las negativas a hacer esto o lo otro con un argumento tan patriarcal como nuestra tendencia a la queja, acusación que por sí sola daría para un artículo. Por eso es nuestra obligación escribir para rebatir y explicar, porque somos nosotras quienes estamos padeciendo los efectos de las desastrosas políticas sociales sobre la relación de ayuda, en una preocupante deriva desde el acompañamiento al control. Como explicaré más adelante, no son ellos los únicos autorizados a describir la realidad del trabajo social o los servicios sociales. En palabras de Silvia Navarro Pedreño, no hay un saber menor, solo saberes diferentes (2017, p.154)

3. Escribir para pervivir

Somos responsables de preservar ese bagaje de historias
gracias a las cuales crecemos y creamos.
Irene Vallejo
Manifiesto por la lectura (2020)

Sé de muchas trabajadoras sociales anónimas que hacen su trabajo con pasión, rigurosidad científica y ética con mayúsculas. Mujeres que atesoran saberes de incalculable valor. Hacedoras de aquellas pequeñas cosas grandes para muchas familias. Esas compañeras a las que llamas por teléfono para preguntarles sobre un caso que te angustia. Mujeres harto conocidas por el corrillo profesional que, sin la más mínima intención, se convierten en referentes. Profesionales cuyas intervenciones épicas son rememoradas después de su jubilación ¡Se levantó en la reunión y le dijo las verdades del barquero al delegado! ¡Se negó a participar en aquella indignidad! ¡Consiguió que se reabriera ese centro o evitar aquel cierre! Cosas pequeñas que hacen del mundo un sitio grande. Son esas mujeres que dejan un vacío infinito en la profesión cuando se marchan.

Esas mujeres no suelen dejar por escrito aquellas supuestas pequeñas cosas que han logrado. Se llevan el conocimiento consigo y eso da qué pensar. Quizá porque esta profesión es femenina y feminizada. En su interesantísimo artículo El devenir del trabajo social en clave de género Ainhoa Berasaluce Correa nos cuenta, sobre los colegios profesionales:

“en el mantenimiento de esta estructura un elemento clave ha sido el hecho de estar integrada mayoritariamente por mujeres, ya que la actividad de los Colegios Profesionales se ha caracterizado más por satisfacer las necesidades de autoayuda del propio colectivo (Peña y Aranguren, 2008), necesidades éstas atribuidas fundamentalmente a las mujeres, que por cuestiones vinculadas con la presencia pública, de mayor interés para los hombres. Muchas veces he pensado que se trata de una forma característica de relacionarse entre mujeres, en la que prima el grupo sobre la persona y en la que se da mucha importancia a los vínculos afectivos y a las relaciones interpersonales” (p. 135)

Es llamativo el paralelismo que muchas profesionales realizan entre el trabajo social y la costura, un acto femenino y a la vez colectivo por excelencia, en el que las mujeres entre retales, jaboncillos y bobinas de hilo cosen mientras comparten preocupaciones, alegrías, confidencias y dolores. Una actividad, la costura, en la que el apoyo mutuo cobra todo su sentido y potencial. En cambio la escritura es una actividad solitaria que requiere de tiempo y espacio, como ya describió Virginia Woolf en su famosa novela Una habitación propia, que ilustra mejor que yo misma lo que pretendo compartir en este artículo.

Según Chimamanda Ngozi Adichie es imposible hablar de relato único sin hablar de poder (2018, p.18). Quien maneja el relato tiene el control sobre la realidad. Quienes aplican las prácticas narrativas parten de historias saturadas de problemas que son deconstruidas con el protagonismo de la persona para reconstruir historias alternativas. Frente al relato impuesto de la queja y la pasividad, podemos tejer, juntas, una trama de posibilidades. Porque las historias, como también dice Chimamanda, importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar (p.28). Sé que el tiempo es escaso. Que se ha de buscar un hueco que no existe. Que es difícil ponerse. Sé bien que los conocimientos que se requieren hay que aprenderlos. Y sé que las revistas científicas no lo ponen nada fácil si se intenta escribir un paper. De hecho pareciese que más de un revisor o revisora disfruta machacando el texto que tiene entre manos. Jamás entenderé la hipocresía de cierto sector de la academia al animar a las profesionales a que escriban y paralelamente corregir con innecesaria saña, cosa por otra parte bastante fácil tras el anonimato de las revisiones. Mientras tanto, el trabajo social y la propia sociedad siguen ávidos de saberes subalternos, de muchas pequeñas historias que, minúsculas pero tercas, se obstinan en llevar la contraria a la realidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adichie, C. N. (2018). El peligro de la historia única.

Alston, P. (ONU). (2020). Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. In Asamblea General de las Naciones Unidas. https://doi.org/10.18268/bsgm1908v4n1x1

Berasaluze Correa, A. (1986). El devenir del trabajo social en clave de género. Zerbitzuan: Gizarte Zerbitzuetarako Aldizkaria = Revista de Servicios Sociales, ISSN 1134-7147, No. 46, 2009, Págs. 133-140, 46, 133–140. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3119461

Galeano, E. (1993). El libro de los abrazos. Editorial siglo XXI.

Navarro, S. (2017). Saber femenino, vida y acción social. Editorial CCS.

Parajuá, D. (2017). El dominio narrativo. Notas para un análisis crítico de la codificación institucional de los pobres. Cuadernos de Trabajo Social, 30(2), 301–313.

Solnit, R. (2015). Los hombres me explican cosas. Capitán Swing.Vallejo, I. (2020). Manifiesto por la lectura (F. de gremios de editores de España (Ed.).

Córdoba, 4 de mayo de 2021

Mª José Serrano García
Trabajadora Social ETPOEP Córdoba.
Delegación Territorial de Córdoba

En enero de 2020 se declaró el estado de pandemia mundial, debido a la virus conocido por COVID 19, en aquel momento pocos podíamos imaginar las consecuencias que iba a tener esa declaración. En España se declaró el estado de alarma el día 14 de marzo, debiendo permanecer toda la población confinada en sus domicilios, comercios, hostelería, universidades, colegios e institutos cerrados. Esto supuso un reto para el sistema educativo, atender a todo su alumnado de una forma virtual, cosa que hasta la fecha nunca se había hecho, para las familias de ese alumnado también supuso un gran esfuerzo, seguir el ritmo que desde los centros imponían sin que en muchos casos pudieran disponer de las herramientas necesarias para ello.

La pandemia descubrió una realidad de la ciudadanía en general y del sistema educativo, en particular. La falta de medios, preparación y conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas que existen, esta situación se superó gracias al gran esfuerzo que por todas partes se realizó, tanto por los equipos directivos, docentes y demás miembros del sistema educativo, como trabajadoras sociales, educadoras sociales, maestros de compensatoria, maestras de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) como por parte de las familias. Pero la realidad es que siempre existen personas que se quedan en los márgenes y que no pueden acceder a esta nueva forma de dar clase, por carecer de las herramientas necesarias para ello o  por no tener los conocimientos. Se vio claramente que hay familias que no tienen los medios necesarios para poder acceder a la educación en condiciones de igualdad, la falta de ordenadores, tablets… la falta de conexión a internet, la falta de una conciencia clara de la importancia de la educación que en determinados contexto existe, provocó desgraciadamente, que parte del alumnado se quedará fuera del sistema, y  que su curso escolar  terminará en marzo.

Ante esta situación tan inesperada, el sistema educativo tuvo que adaptarse muy rápidamente, realizando actuaciones,  que en algunas ocasiones, no estaban dentro de las competencias del mismo. Pero con el objeto de dar cobertura a las necesidades más básicas del alumnado, tanto es así que las trabajadoras sociales del sistema educativo, se coordinaron con los Servicios Sociales municipales para abordar las nuevas situaciones y demandas que estaban surgiendo, como gestiones de reparto de alimentos a familias, donde el alumnado que antes de la pandemia era atendido a través del Plan SYGA, se encontró de un día para otro sin recibir la comida y merienda que recibía, ahí se tuvo que hacer un gran esfuerzo de coordinación entre los centros educativos y los servicios sociales municipales para  organizar el reparto de comida lo más rápidamente posible, abriéndose los centros escolares para que las familias pudieran recoger la comida, este reparto también se realizó por parte de protección civil, la coordinación y derivación para el pago de suministros básicos, entrega de material escolar, incluso el más básico, a las familias con más vulnerabilidad social y por ende, con más riesgo de padecer desconexión digital y social.

En el empeño de evitar esa desconexión digital nos encontramos con un perfil de alumnado, que a pesar de disponer de los medios tecnológicos necesarios para continuar con el ritmo escolar, no estaban accediendo a las diferentes plataformas habilitadas, no entregaban las tareas que pedían desde tutoría, las familias no respondían a las llamadas que desde el centro se realizaban para conocer cuál era la situación de este alumnado, y en muchos casos, cuando conseguían contactar las familias no colaboraban para lograr que sus hijos e hijas se engancharan al ritmo de sus compañeros/as, a esta situación la denominamos  TELEABSENTISMO. Y se definió como la circunstancia que se da cuando en la etapa de escolarización obligatoria se tenga que dar a distancia o telemáticamente las clases por situaciones excepcionales, El “Alumno/a que lleve una semana (5 días lectivos) sin responder a la formación sin causa justificada, entendiendo esto último como avería, falta de medios telemáticos o infraestructura etc…)

Durante el primer periodo de confinamiento desde los centros escolares tuvieron que solventar un gran número de incidentes, desde alumnado que no sabían dónde se encontraban, ya que sus familias habían decidido cambiar su domicilio habitual por el de segundas residencias, en parcelas o zonas de la sierra, donde tienen más dificultades para poder acceder a internet, por falta de ordenadores o tablets en esas residencias, poca cobertura para los móviles; en otros casos las necesidades eran de primer orden, encontrándonos con alumnado que no tenía libretas, lápices…, el material más esencial para poder estudiar, y tampoco tenían medios económicos para poder comprarlos, ya que no podían ni cubrir las necesidades más básicas, como la alimentación, higiene o pago de suministros; Otra dificultad fue la que tuvieron muchos progenitores para compaginar su “teletrabajo” con el “tele-estudio” de sus hijos e hijas relegando en alguna ocasión la educación de sus hijos e hijas a un segundo plano para poder cumplir con sus obligaciones laborales; Otra realidad que detectamos fue la de los progenitores que pertenecían a “colectivos considerados esenciales” y debían seguir trabajando fuera de sus domicilios, dejando en algunos casos a sus hijos e hijas solos, en los casos de los más mayores, o al cuidado de los/as abuelos/as, cosa que dificultaba mucho que los pudiera ayudar con el uso de los ordenadores, tablets, plataformas…

Esta situación nos mostró que la realidad es compleja, ya que no existe una normativa adecuada a esta nueva realidad y hay que adaptar una normativa ya obsoleta a un escenario que nos supera.

Para empezar hemos tenido que diferenciar muy bien, entre el “absentismo tradicional, aquel con el que estamos más familiarizadas, y existe una normativa al respecto, aunque  esté desfasada. Este alumnado comparte unas características muy similares, zonas geográficas muy delimitadas (Barriada de Palmera, Sector Sur, Moreras en la ciudad de Córdoba, en Puente Genil con las barriadas de Juan Rejano y Quevedo, la Barriada de los Mochos en Almodóvar del Río, y otras) , con situaciones de riesgo de exclusión social o exclusión social, familias con grandes necesidades económicas, donde lo importante es llevar un jornal a casa,  poca conciencia de la importancia de la educación para conseguir  salir de estas situaciones de pobreza y exclusión social, familias donde el absentismo escolar es la norma y el asistir al centro  es la excepción.

Por contra, ha surgido otro perfil, y que hemos denominado  “Alumnado no Vulnerable”,  donde sin justificación alguna se están dando situaciones de absentismo escolar, por miedo al Covid, este ámbito es de los más complejos de abordar, ya que nos encontramos con diferentes casuísticas, desde la que los progenitores justifican sin más las faltas de asistencia, produciéndose, en algunos casos un abuso de estas justificaciones,  y donde a pesar de todas las actuaciones que se han hechos desde el centro escolar (se  han puesto en contacto con la familia para solventar el absentismo, ofreciendo espacios de diálogo y colaboración e incluso acompañamiento desde los equipos de orientación, donde se ha hecho una labor encomiable de acercar lo máximo posible  el centro escolar a las familias, para que se sientan segura). Pero desgraciadamente en algunos casos no se ha obtenido respuesta alguna. Hasta casos donde los progenitores se han encargado de solicitar las actuaciones de notarios y abogados para cuestionar la seguridad en los centros educativos, con el único fin de no llevar a sus hijos e hijas al centro escolar. Ante estos casos desde el sistema educativo, se ha optado por abrir los expedientes de absentismo escolar,  iniciándose un gran número de expedientes al principio de curso, pero estos casos han ido evolucionando en el transcurso del primer trimestre, en su mayoría la situación se ha reconducido y el alumnado se ha ido incorporando poco a poco de nuevo a sus clases, pero desgraciadamente tenemos que reconocer, que siempre existe un número de casos, en que esto no se ha producido y son en estos, donde el protocolo debe seguir adelante, y  ya se están interviniendo desde los ETAES, los Servicios Sociales, la Policía Local para evitar que estos alumnos y alumnas sigan sin asistir al centro escolar, por que al final los grandes perjudicados son nuestros alumnos y alumnas.

Este momento que estamos viviendo nos ha aportado un amplio abanico de situaciones, y cada una  necesita una respuesta adecuada a las necesidades, así pues nos estamos encontrando con “Alumnado Vulnerable”, que entendemos por aquel que no puede asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido a su enfermedad o por la de un familiar cercano. En este caso, desde el sistema educativo ha habido que habilitar las herramientas tecnológicas necesarias para ofrecerle un acceso a la educación en iguales condiciones que sus compañeros y compañeras, debiendo al mismo tiempo realizar seguimientos y coordinaciones entre el equipo directivo, tutores y tutoras y demás miembros del sistema educativo  y las familias, para comprobar que se está aprovechando al máximo las clases.

Esta pandemia nos ha demostrado una vez más que la norma va siempre por detrás de la sociedad, y que si la normativa en el tema de absentismo escolar ya no estaba cubriendo algunas necesidades respecto a este tema, ha puesto en el tablero una realidad que era inimaginable, la enseñanza a través de las nuevas tecnologías y las necesidades que este método puede tener. Quizá esta sacudida tan grande debiera hacer reflexionar a nuestras clase política y apostar por una educación inclusiva en todos los niveles e incluir en la nueva normativa sobre absentismo escolar, todo lo que en estos meses de pandemia el sistema educativo ha tenido que reciclarse para llegar a aquellas personas que menos tienen.

Huelva, 27 de abril de 2021

Alba López Pozo.
Trabajadora Social.
Máster Universitario en Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía

Hoy en día, todo el mundo habla sobre la perspectiva de género, desde personas físicas, entidades hasta Administraciones Públicas. Sin embargo, realmente muy pocas personas conocen lo que se esconde detrás cuándo se habla de ‘perspectiva de género’. En muchos documentos se denomina también transversalidad de género o mainstreaming de género.

La perspectiva de género ‘se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género’ (Gobierno de México, 2021). Por lo que la perspectiva de género pretende reducir la desigualdad construida culturalmente.

La transversalidad de género surge en el año 1985 en la III Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Naciones Unidas, 1985). La transversalidad de género surge como equidad entre hombres y mujeres a través de las políticas específicas de igualdad. Estas políticas recogen medidas de acción positivas dirigidas a las mujeres que son incorporadas en todas las etapas de la actividad política: diagnóstico; planificación; ejecución y evaluación.

Sin embargo, la perspectiva de género no solo se enmarca a nivel político, sino que es una ‘visión’ de la realidad diaria. Una metáfora muy utilizada para explicar estas intervenciones es la llamada ‘gafas violetas’. ‘Las gafas violetas’  es como decir ‘mira desde otro punto de vista, mira desde mi punto de vista como mujer’. Esta herramienta pretende ser una mirada crítica que deconstruya de forma intrínseca el patriarcado construido desde hace siglos en el cual subordina a la mujer por parte del hombre debido a la cultura y tradición. 

El machismo está intrínseco en las estructuras de la sociedad desde hace muchos siglos a todos los niveles (local, autonómico, estatal e internacional) es por ello que se diseñaron normativas para comenzar a reducir las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres; prevenir la violencia contra las mujeres, etc. 

Las normativas más destacables son las siguientes:

  • Constitución Española.
  • Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
  • Instrumento de Ratificación por parte de España del Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Ámsterdam el 2 de octubre de 1997.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Excepto la Constitución Española, las demás normativas recogen medidas que promueven la discriminación positiva. 

En 2015, desde Naciones Unidas se estableció un acuerdo con 193 países con los objetivos que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la  prosperidad   como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Estos objetivos se denominan los Objetivos del Desarrollo Sostenible y son 17 en total. 

Sin embargo, aun habiendo normativa que obliga a las distintas instituciones a todos los niveles a intervenir día a día incluyendo la perspectiva de género, la realidad es otra muy distinta.

Hoy en día sigue existiendo, entre otros aspectos, profesiones masculinizadas o feminizadas, el llamado ‘Techo de Cristal’,  urbanismo masculinizado, ocultamiento del papel de la mujer en la Historia, culpabilidad de las mujeres en el ámbito familiar, lenguaje excluyente, vergüenza propia en el contexto sexual por parte de las mujeres, etc… Cabe añadir, la inadecuada gestión emocional por parte de los hombres, exceso de responsabilidad económica varonil, falta de habilidades socio-comunicativas para expresar pensamientos y sentimientos por parte de los hombres, etc. En este artículo se realiza una breve reseña a algunos de los aspectos mencionados anteriormente:

  • Urbanismo masculinizado

Según Serafina Amoroso (2020), ‘las mujeres viven en ciudades que no han sido diseñadas para y por ellas’ (Revista Crítica Urbana, 2020). Esta autora hace referencia a los distintos patrones de movilidad y de la utilidad del transporte público diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres, por su rol tradicional de cuidadora suelen realizar recorridos más complejos (el hombre suele ir de casa-trabajo-casa; en cambio la mujer suele realizar casa-trabajo-compra-colegio-dentista-etc) y prácticamente diurno, ya que debido a la poca iluminación (entre otros factores) las mujeres temen salir de noche por si pudiera ocurrir algún tipo de agresión. Cabe resaltar que en las grandes ciudades, principalmente, cada vez están más concienciadas, por lo que toman medidas, como, por ejemplo, que el autobús urbano permita acercar a las mujeres lo máximo posible a su domicilio.

  • Lenguaje excluyente

A través del lenguaje se expresa los pensamientos, costumbres y cultura de un grupo determinado. El lenguaje influye en la discriminación y en la desigualdad de forma natural que históricamente ha ocurrido, y sigue ocurriendo, entre hombres y mujeres.

Según la UNED ‘el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. Tal y como considera la lingüista Eulalia Lledó “el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su utilización. Si se utiliza correctamente también puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer” (UNED, 2021).

Un ‘truco’ para afirmar que un texto es sexista es la denominada ‘regla de inversión’, es decir, consiste en convertir los términos masculinos por femeninos, y viceversa.

  • Inadecuada gestión emocional por parte de los hombres

La cultura y tradición machista ha influido en una represión emocional por parte de los hombres tanto en el ámbito público como el privado (‘los niños y los hombres no lloran’).

La Organización Mundial de la Salud define la salud emocional como ‘estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad’ (recogido por DKV, 2019). 

Es por ello, que a la hora de afrontar ciertas experiencias no tienen herramientas para gestionar las emociones que éstas les producen. La Universidad Autónoma de Barcelona recoge que la autogestión emocional es una de las competencias del autoliderazgo consciente, que nos permite ser los propios gestores de nuestro proyecto de vida. Entrenarnos para afrontar emociones desfavorables o negativas y estimularnos con emociones positivas son la clave para la construcción de nuestro bienestar’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2021).

  • Exceso de responsabilidad económica varonil

Como es conocido, la gran mayoría de las mujeres cobran menos que los hombres. Esto es debido principalmente a que las mujeres siguen siendo las cuidadoras principales del hogar. Hace unas décadas, las mujeres se incorporaron al mundo laboral y lo hacían como ‘entretenimiento o para pagar sus cosillas’. Los hombres eran quienes ‘traían’ el grueso económico a casa para pagar la hipoteca, ropa, comida, etc. De ahí la expresión conocida como ‘cabeza de familia’. Sin embargo, aunque actualmente las mujeres tienen más independencia económica, a nivel salarial siguen permaneciendo al mismo nivel desigualitario. 

Esto da lugar a que, actualmente, aunque mujer y hombre trabajan con la misma jornada laboral en el mismo puesto de trabajo, sigue siendo el hombre, por el mero hecho de serlo, el responsable de sustentar económicamente el hogar. 

Estos son solo algunos de los aspectos que se relacionaba con la ‘no perspectiva de género’ que al día de hoy se han ido reduciendo gracias a herramientas como los Planes de Igualdad. Un Plan de Igualdad es ‘un conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo en las empresas. El plan de igualdad se estructura tras la realización previa de un diagnóstico, negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, y elaborado en la comisión negociadora de dicho plan de igualdad. Los planes de igualdad deberán fijar los objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. También deben incluir el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados’ (Unión Sindical Obrera, 2020)

Para concluir, la mayoría de las personas trabajan cada día con y por la perspectiva de género, en la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el tamaño del gesto, ni el ámbito de actuación (educación; sanitario; histórico, político, social, etc.) lo importante es que la perspectiva de género está en movimiento y que se está visibilizando a las mujeres que han sido borradas de la historias (como científicas; escritoras; etc.) así como promover espacios accesibles y seguros sin importar si es de día o de noche. 

Referencia

Madrid, 20 de abril de 2021

José María Regalado López
Trabajador Social, Director de Inmersión TIC Academy Profesor Universitario en la Universidad de La Salle y en la Universidad Pontificia de Comillas

El Trabajo Social se encuentra en un momento paradójico, tiene que acompañar en un contexto en el que lo tecnológico es fuente de inclusión y exclusión social. Y  donde, para garantizar una igualdad de oportunidades de desarrollo, se requiere orientar en la adquisición y aprendizaje de unas competencias digitales que, en buena medida, profesionalmente hemos dejado conscientemente y alejado de nuestro propio desarrollo profesional. 

El último año, con la pandemia COVID_19, nos ha arrollado el tsunami de la digitalización y nos ha encontrado a pie cambiado para iniciar la carrera de la denominada Transformación Digital. Siendo profesionales especializadas en luchar contra las desigualdades y perseguir la justicia social, nos hemos encontrado carentes de herramientas y habilidades para dar la atención adecuada a quien más lo necesita. Nos hemos visto inmersas en un entramado de brechas digitales que va más allá de cuestiones instrumentales. 

No hablamos de conocer y manejar herramientas de videoconferencia, nada más lejos. Esto va mucho más allá de saber usar Zoom o subir documentos a la nube. 

La unión europea define  la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que viven (Unión Europea).

En este sentido, en un contexto de Sociedad Red, en términos de Castells, las competencias digitales se posicionan como una herramienta fundamental para alcanzar la mencionada inclusión social. La resolución de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo no puede ser analizada sin tener en cuenta la dimensión tecnológica: producción de alimentos, vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos y bienes culturales, ambiente, organización social (Thomas, H., 2012). Esta situación lleva a inducir, que la carencia de adecuadas competencias digitales entre las profesionales de Trabajo Social puede sesgar o limitar el correcto acompañamiento a personas en vulnerabilidad.

Este hecho, más allá de la necesidad y oportunidad de desarrollar habilidades digitales adecuadas a nuestro desempeño profesional sin dilación, implica una responsabilidad ética para cumplir con nuestra misión. 

En palabras de D´Antonio y de Lucas, la profesión se ha caracterizado por una cierta acomodación distante hacia las tecnologías, con un importante recelo por amplios sectores que las entienden carentes de sentido social e, incluso contrarios al mismo y culpables en buena medida de su despersonalización. 

En este punto, tiene sentido repensar el propio objeto del Trabajo Social, para esto me parece interesante recuperar la propuesta de Zamanillo, que identifica el malestar psicosocial como objeto en Trabajo social. Así, dicho objeto del trabajo social son todos los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los individuos, ordenados según su génesis socio-estructural y vivencia personal. La autora describe esta génesis como los problemas psicosociales derivados de la falta de oportunidades vitales necesarias para el crecimiento de los individuos en situaciones de pobreza, morales, sociales y culturales que impidan su autonomía y desarrollo personal (Zamanillo, 2018). Y es en este punto donde debemos referir las competencias digitales como una de las cuestiones transversales fundamentales para desarrollarse en igualdad de oportunidades en la sociedad tecnificada contemporánea. 

Es decir, aquellos elementos biopsicosociales que afectan al bienestar de la persona, que incluyen los aspectos razonables de libertad de expresión, educación, atención mediática, trabajo o vivienda entre otras. Identificadas por la FITS como derechos humanos esenciales para el desarrollo en bienestar de las personas, vienen en buena medida determinados por el acceso y apropiación tecnológica, en un contexto altamente digitalizado como el actual. 

Llegados  este punto, hemos de conceptualizar las competencias digitales en relación a una lógica humanista. Para ello, nos vamos a basar en la recomendación de la Comisión Europea que describe como la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación.

La competencia digital es una habilidad transversal para alcanzar aquellos aspectos psicosociales que se identifican como fuente de bienestar como las relaciones sociales, el acceso a la información o el desempeño profesional.

Por tanto, la competencia digital también puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad (INTEF, 2017).

Relación del Trabajo Social y la tecnología en un marco de competencia tecnológica

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que los y las profesionales del Trabajo Social, para alcanzar su objeto de reducir o eliminar el malestar social de las personas en situaciones de vulnerabilidad social, requieren procurar una correcta alfabetización digital de aquellas personas con las que intervienen. Y esto, implica partir de su propio desarrollo competencial.

Es decir, para promover esta alfabetización digital crítica, los y las profesionales requieren de un nivel de apropiación tecnológica adecuado, que no está definido actualmente en ningún marco institucional de la profesión.

Es por ello imprescindible el desarrollo de un marco de referencia para el desarrollo y evaluación de las competencias digitales deseables en los y las profesionales del Trabajo Social. 

Para ello, proponemos DigComp como el modelo de referencia más adecuado en el contexto europeo y particularmente en España. Este modelo, en su versión 2.1 desde 2017, deriva de una investigación del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea sobre aprendizaje y habilidades para la era digital, que comenzó en 2005 con el objetivo de brindar apoyo político basado en evidencia a la Comisión Europea y a los estados miembros sobre el aprovechamiento del potencial de las tecnologías digitales para innovar en la educación y prácticas de formación, mejorar el acceso al aprendizaje permanente y hacer frente al surgimiento de nuevas habilidades y competencias digitales necesarias para el empleo, el desarrollo personal y la Inclusión social (DigComp 2.1, 2017).

El Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos, también conocido como DigComp, ofrece una herramienta para mejorar la competencia digital de la ciudadanía.

Publicado por primera vez en 2013, DigComp se ha convertido en un referente para el desarrollo y planificación estratégica de la competencia digital. En junio de 2016, el CCI publicó DigComp 2.0, actualizando la terminología y el modelo conceptual, además de mostrar ejemplos de su implementación a nivel europeo, nacional y regional, y actualizándose en 2017 con nuevos niveles de desarrollo y descriptores.

El marco de DigComp tiene 5 áreas, que a su vez, se dividen en 21 competencias digitales específicas. A partir de la versión DigComp 2.1 se han dividido en ocho niveles de adquisición de dicha competencia a través del aprendizaje y se vienen usando verbos de acción, siguiendo la taxonomía de Bloom, e inspirado por la estructura y vocabulario del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

En la figura 1 se muestra una infografía con el diseño de DigComp 2.1

De las 21 competencias digitales, hemos seleccionado las que, a nuestro parecer, son las esenciales para garantizar unos mínimos a la hora de desempeñar nuestra profesión, identificando en nivel de adquisición que consideramos adecuado, de los descritos por el modelo.

En el área de la información y alfabetización informacional destacamos:
Un nivel avanzado en la navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales.
Y un nivel avanzado en la evaluación, almacenamiento y recuperación de dicha información, datos y contenidos digitales.

En el área de la comunicación y colaboración destacamos:
Un nivel avanzado en la interacción mediante las tecnologías digitales
Un nivel avanzado a la hora de compartir información y contenidos digitales
Un nivel especializado en la participación ciudadana y la colaboración mediante canales digitales
Un nivel avanzado en netiqueta y gestión de la identidad digital

En el área de creación de contenidos digitales destacamos:
Un nivel intermedio en el desarrollo de contenidos digitales y conocimientos de derechos de autor y licencias de contenido
Y un nivel avanzado en la integración y reelaboración de contenidos

En el área de seguridad
Un nivel intermedio en protección de dispositivos, de la salud y el entorno
Un nivel avanzado en la protección de datos personales y privacidad

Y por último, respecto al área de resolución de problema destacamos:
un nivel avanzado en la innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. 
Y muy especialmente, un nivel especializado en la identificación de lagunas en la competencia digital. 

Conclusiones

Es fundamental, y de exigencia ética, que las personas profesionales del Trabajo social desarrollemos las competencias digitales adecuadas a nuestro desempeño, que implica, en términos de Bloom, la capacidad para aplicar y evaluar tecnologías adecuadas a las necesidades sociales.

Para ello, contamos con la referencia impulsada por la comisión europea en el modelo DigComp, con una referencia para adquirir un nivel avanzado de competencias digitales en las áreas que se identifican como claves, para acompañar a terceras personas. 

Las estructuras pedagógicas y formativas de la profesión, encabezadas por las universidad y los colegios profesionales, deben integrar de forma expresa, urgente y transversalizada las competencias digitales en los programas formativos de la profesión, tanto en su formación universitaria, como en su formación para profesionales en activo. 

Las administraciones públicas que integran la atención a la vulnerabilidad, las organizaciones no lucrativas del tercer sector y las empresas, deben apresurarse en implementar procesos de evaluación al desempeño para evaluar la situación individual y colectiva, y acometer los procesos formativos y de revisión metodológica que se requieran. 

Para estructurar un modelo de referencia profesional, disponemos del modelo DigComp 2.1, y ejemplos de implementación profesional como el desarrollado para el desarrollo de la competencia digital docente por parte de INTEF en España. Este sería un buen modelo a seguir para nuestra implementación. 

Y todas y cada una de las profesionales que ejercemos esta magnífica profesión, ya sea en ejercicio libre o por cuenta ajena, debemos asumir nuestra responsabilidad a la hora de repensar nuestra forma de intervenir, integrar nuevos medios y entender la influencia que la tecnología está ejerciendo en el devenir humano. 

La tecnología puede mejorar y ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero sin una supervisión crítica, consciente e informada, puede atender a los intereses de unos pocos, en lugar de al bienestar del conjunto de la sociedad, ¿qué es más característico de nuestra profesión que esto?

Bibliografía

Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. 1). Alianza

Maceiras, S. D. A., de Lucas, F., & de la Cueva, M. (2017). Trabajo Social y tecnología: acomodación distante y precariedad. In Innovación social en la práctica del trabajo social (pp. 189-208). Tirant lo Blanch.

Thomas, H. (2012). Tecnologías para la inclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los sistemas tecnológicos sociales. Problemas conceptuales y soluciones estratégicas. G. Santos, & M. Fressoli (Eds.). Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas sociotécnicas de exclusión/inclusión social, 25-78.

Enlaces de interés 

DigComp 2.1 The Digital Competence Framework for Citizens (2017) JCC, Comisión Europea. Recuperado de 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Definición global de Trabajo Social FITS, recuperado de https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf

Principios éticos del Trabajo Social FITS, recuperado de https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/

Traducción del modelo DigComp 2.1, Plan de Competencia Digital en Extremandura, recuperado de https://www.nccextremadura.org/competenciadigital/ 

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu), recuperado de http://educalab.es/documents/10180/12809/MarcoComunCompeDigiDoceV2.pdf

Declaración universal de los derechos humanos
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Definición de Inclusión social, Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/ca/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/marcoUnionEuropea/home.htm#:~:text=Desde%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20se,unas%20condiciones%20de%20vida%20y

Poster imagen: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcomp-framework-poster-af-ok.pdf 

Madrid, 13 de abril de 2021

Rubén Yusta Tirado
Trabajador Social en el ámbito de la gerontología

La crisis generada por el Covid-19 en el ámbito geriátrico residencial ha tenido un gran impacto en el sector. Y no es para menos, teniendo en cuenta los datos que actualmente manejamos en relación a los efectos de esta pandemia en el ámbito residencial donde ya se habla de que en torno al 49% de las comunicaciones de fallecimiento sucedidas a causa de esta enfermedad, han sucedido en residencias de mayores («Casi la mitad de los muertos en España por la Covid-19 vivían en residencias», 2020). Es por eso que actualmente no nos equivocamos al decir que el sector geriátrico residencial ha sido el más golpeado  por el coronavirus en nuestro país. 

Debido a las complejas situaciones que se han vivido, y que aún se siguen viviendo en los centros residenciales de nuestro país, son muchas las personas profesionales, instituciones y entidades que han puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo residencial y de cuidados de larga duración que transforme y mejore los centros residenciales tal y como los conocemos en la actualidad. Dos claros ejemplos de estos movimientos institucionales y profesionales han sido la Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país (Fundación Pilares, 2020) o el Manifiesto hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración, elaborado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Real Academia Española de Medicina en España (RANME) (2021). El primero de ellos aboga por una urgente revisión del modelo actual de atención a personas que precisan apoyos, que pasa por el refuerzo y la renovación de los sistemas actuales de cuidados en entornos domésticos y residenciales, al que se han adherido más de 1000 profesionales de toda España; el segundo, tiende a ampliar y reforzar las prestaciones existentes entre el entorno doméstico y el ámbito residencial, potenciando la atención de las necesidades de las personas dependientes en entornos no residenciales. 

De forma conjunta a estos dos comunicados oficiales, también han sido muchas las profesiones del sector que han coincidido en esta necesidad de cambio del modelo residencial tal y como lo conocemos, así como medios de comunicación que no pertenecen al sector, pero que de igual forma plantean la necesidad de revisar este ámbito para que no se repitan situaciones como las que se vivieron a partir de los meses de marzo-abril de 2020. Pero, ¿cuál es el cambio de modelo residencial que actualmente estamos planteando?, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos en la conformación del nuevo sistema de cuidados de nuestro país? 

A continuación vamos a realizar un breve desarrollo sobre los puntos en común en los que coinciden las y los diferentes profesionales del ámbito de la gerontología, pero también sobre los aspectos a los que no se les ha dado tanto desarrollo y que son fundamentales para lograr un cambio de modelo residencial y de cuidados en nuestro país. 

Un modelo de cuidados centrado en la persona 

Si hay algo en lo que la mayoría de instituciones y profesionales coinciden es en la necesidad de que el nuevo modelo de atención esté centrado en la persona, potencie la dignidad en los cuidados, huya de la estigmatización de la vejez y proteja la autodeterminación de las personas usuarias. Todos estos aspectos coinciden y son desarrollados a la perfección por la Atención Centrada en la Persona, modelo que ha generado un antes y un después en el ámbito de la gerontología y que se erige como la evolución de un ámbito geriátrico residencial en el que, una vez que se han cubiertos las necesidades más básicas de las personas usuarias, requiere de mayor sentido común, de una apertura a la comunidad y de una normalización en el desarrollo de los cuidados. 

La Atención Centrada en la Persona se presenta, por tanto, como el principal modelo de intervención que reúne los valores y principios demandados actualmente en los procesos de cuidados. Cada día son más las y los profesionales que desarrollan, se forman y trabajan para extender este modelo dentro de un ámbito gerontológico que, como hemos visto en los últimos meses, requiere de un nuevo punto de vista que se adapte a las necesidades reales de las personas usuarias. 

En este sentido, para garantizar un buen y común desarrollo,  es necesario que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, venzan sus resistencias y comiencen a avanzar hacia un modelo centrado en la persona que mejore sustancialmente la vida de las personas mayores de nuestro país. 

Diversidad en los procesos de envejecimiento y diversidad en las prestaciones que apoyan estos procesos

Tal y como se pone de manifiesto en el documento desarrollado por la SEGG y la RANME (2021) el envejecimiento de la población española es considerado un éxito de nuestro sistema sanitario y de las formas de vida que desarrollamos. En cambio, este amplio número de personas mayores, que en 2066 podría llegar a suponer más del 35% del total de la población (Abellán, Ayala, Pérez y Pujol, 2018), también indica la gran diversidad de necesidades y de formas de envejecimiento que ya hoy en día observamos en nuestra sociedad. Por eso es necesario que tanto instituciones, organizaciones y profesionales tengan en cuenta las diferencias existentes entre las diversas formas de afrontar el envejecimiento que confluyen en nuestro país, y desarrollen prestaciones y servicios acordes a las necesidades y preferencias actuales. A día de hoy contamos con un modelo residencial que muchas veces difiere con cómo quieren ser cuidadas las personas usuarias, con prestaciones públicas que no consiguen cubrir la necesidades de los/as dependientes y con un sistema de cuidados que sigue recurriendo a la familia, y más concretamente a la figura de la mujer, como primera y principal figura cuidadora. 

Por todo ello necesitamos prestaciones y servicios que se ajusten a las necesidades reales y actuales de las personas usuarias, que estén desarrollados en función a éstas y que lleguen de forma equitativa a la sociedad, salvando las diferencias entre CC.AA, lugar o entorno de residencia y titularidad de la prestación o del servicio. 

Revisión de las condiciones laborales de las y los profesionales del ámbito de la gerontología

Las y los profesionales del ámbito de la gerontología, y más concretamente del ámbito residencial, han sido, junto a las profesiones sanitarias, las personas profesionales más reconocidas durante esta compleja crisis. Son muchos los medios e instituciones que han reconocido la labor de estas y estos profesionales, situándose en primera línea y manteniendo en todo momento la atención en un servicio que, por definición, no puede cesar en su desempeño y en sus cuidados. En cambio, dejando a un lado este reconocimiento público, ¿cuál es la situación real de estos/as trabajadores/as dentro de un ámbito crucial para el desarrollo de nuestra sociedad? 

Pues la realidad en las condiciones laborales de estas y estos profesionales es muy distinta de esta primera línea en la que los situaban los medios de comunicación. La situación de estas personas profesionales coincide más con grandes situaciones de sobrecarga, con situaciones de pluriempleo entre el personal auxiliar, con la utopía de la conciliación familiar y con técnicas y técnicos cuyos salarios cada día son más y más próximos al Salario Mínimo Interprofesional, al amparo de los temidos convenios colectivos que imperan dentro de este ámbito. 

Lo cierto es que si se quiere lograr un cambio de modelo de atención, las y los profesionales, estas personas que desarrollan los cuidados, no pueden tener una situación laboral como la que actualmente predomina en este sector. Como todas y todos sabemos son los recursos humanos los medios más complicados de mantener y de gestionar dentro del ámbito laboral y, por tanto, se requiere de una revisión urgente, intensa y efectiva de las condiciones de estas personas profesionales para lograr un cambio de modelo de cuidados que englobe y afecte a todos los agentes implicados. 

Apuesta real por el cambio de modelo de atención y de cuidados

Y por obvio que parezca es necesaria una apuesta real por este cambio de modelo de atención y de cuidados en nuestro país. De nada sirve que profesionales e instituciones gubernamentales elaboren manifiestos, propuestas y comunicados si este guante no es recogido por las instituciones públicas y privadas, y plasmado en las nuevas normativas. Como todo cambio social, este necesita de un apoyo público, profesional y político para llevarse a cabo porque, de lo contrario, seguiremos hablando y refiriéndonos a utopías y hablando de futuro en el ámbito de la gerontología. 

Estas son algunas de las claves que profesionales, organizaciones e instituciones han puesto encima de la mesa a la hora de afrontar la renovación y el regreso a una nueva realidad tras la crisis del Covid-19. Nueva realidad que pasa por la vacunación de todos los agentes implicados en nuestro sistema de cuidados y que, como no podía ser de otra forma, también ha presentado notables diferencias entre las diferentes Comunidades Autónomas y entre las diversas prestaciones y dispositivos en los que se desarrollan estos cuidados. Esperemos que muy pronto podamos alcanzar altas tasas de vacunación que nos permitan dejar a un lado este virus y empezar a trabajar entre todas y todos en el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados de larga duración que incluya a todas las personas susceptibles de ser cuidadas y a todas las profesiones que intervenimos en este sector. 

Bibliografia

Abellán García, A., Ayala García, A., Pérez Díaz, J., y Pujol Rodríguez, R. (2018). Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadísticos básicos. Madrid, Informes Envejecimiento en red, 17. 

Casi la mitad de los muertos en España por la Covid-19 vivían en residencias (2020, diciembre 28) La Vanguardia. Extraído el 10 de marzo de 2021 de https://www.lavanguardia.com/vida/20201228/6151572/covid-residencias-espana-impacto-mayores-muertes.html

Fundación Pilares. (2020). Declaración en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración de nuestro país. Noticias destacadas. Extraído el 18 de marzo de 2021 de https://www.fundacionpilares.org/noticias/200401-cambio-modelo-cuidados-php/

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. (2021). Manifiesto conjunto de la RANME y de la SEGG “Hacia un nuevo modelo de cuidados de larga duración”. Extraído el 20 de marzo de 2021 de https://www.segg.es/actualidad-segg/2021/03/18/manifiesto-ranme-segg-hacia-un-nuevo-modelo-de-cuidados-de-larga-duracion

Córdoba, 23 de marzo de 2021

Mª Dolores Martos Ruano
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. ETPOEP
Delegación Territorial de Educación de Córdoba

La excepcionalidad de la situación creada por el Covid-19 en cuanto al confinamiento y la restricción de la movilidad de la población en general, pero en particular de los menores en edad de escolarización obligatoria, ha supuesto un duro reto para el sistema educativo: por la inmediatez de la puesta en marcha de las medidas, los recursos y las actuaciones necesarias para que el alumnado no se viese perjudicado, en la medida de lo posible, por la situación y la ruptura drástica, casi traumática diríamos, de lo que era su actividad diaria, pero también de su ámbito relacional y de aprendizaje. Dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema educativo.

Eso ha hecho que el sistema educativo -en su más amplia acepción, pero sobre todo refiriéndome al componente humano del mismo: docentes, orientadores, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores, etc.- respondiese improvisadamente de un día para otro articulando una serie de medidas que garantizasen la educación. Con una implicación que pone de relieve, la profesionalidad y las competencias del profesorado, a pesar de todas las circunstancias adversas que han surgido.

Esto pone de manifiesto las fortalezas de una Administración, de un Sistema Educativo que empezó su andadura allá por el año 1857 con la Ley Moyano y que, a pesar de sus más de siglo y medio de pervivencia, tiene la suficiente energía para reinventarse y adaptarse a las circunstancias por muy adversas que estas sean. Podemos por tanto decir, en términos generales y con una mirada retrospectiva amplia, que no solo tiene fortaleza, sino que sigue vivo y responde a su cometido ampliando cada vez más la cobertura de su acción educativa a pesar de las deficiencias, limitación de recursos y los continuos cambios de la normativa en función de la ideología gobernante.

No obstante, la sociedad ha evolucionado tanto que ya desde hace algunas décadas este mismo sistema entendió la  necesidad de incluir en su normativa el concepto de comunidad educativa, en un gesto de apertura democrática, legitimando la incorporación de otros agentes y o perfiles profesionales para seguir dando respuesta a la sociedad y, sobre todo, a parte de un alumnado, el cual (por múltiples factores sociales, económicos, físicos,…) no estaba en igualdad de condiciones, de acceder y ejercer el derecho a la educación. Esto, hoy supone una legítima preocupación, no solo para el colectivo de docentes quienes en el estado de confinamiento por la pandemia del Covid-19 han estableciendo un trabajo en red con Servicios Sociales, Policía Local, orientadores/as, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, así como otros perfiles profesionales, para la localización y detección de las necesidades más acuciantes de estos menores y sus familias.

La  situación vivida hasta el fin del estado de alarma ha demostrado, pese al esfuerzo por llegar al alumnado en general y al más vulnerable en particular,  superar  un nuevo reto, para lo cual urge crear la infraestructura, dotar de los recursos apropiados, actualizar la normativa, y propiciar los medios económicos necesarios para ayudarlos a superar la situación, ya que son muchas las variables a tener en cuenta, siendo imprescindible abordar la situación sanitaria, económica y la social de nuestro alumnado.

La Covid-19 supone un impás, en definitiva, se trata de que afecte lo menos posible al alumnado si no será difícil superar las consecuencias como el retraso escolar, el fracaso, y por tanto, el abandono temprano del sistema educativo, que serán inevitables, incrementándose de forma relevante. Somos consciente de que habrá circunstancias que no dependan del sistema educativo. o quizás medidas que no se puedan poner en marcha a corto-medio plazo, pero es responsabilidad de la Administración educativa implementar todas aquellas acciones necesarias para evitar el absentismo y el abandono escolar actualizando una normativa que dé respuesta fiel al nuevo escenario creado por la pandemia y arbitrando los recursos y medidas para ello.

La Unesco prevé que 24 millones de alumnos/as en todo el mundo abandonen los estudios desde preescolar hasta el ciclo superior por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, según el informe “Educatión in the time of Covid-19 and beyond”, que ha sido presentado en el marco de la campaña “Salvar Nuestro Futuro”. Esta campaña se ha propuesto sensibilizar acerca de la situación de emergencia que atraviesa la educación en el mundo, instando a los países a que aumenten las inversiones en el sector para construir mejores sistemas educativos, más inclusivos y resilientes de cara al futuro.

La Pandemia ha puesto de relieve la desigualdad, ya que la mayoría del alumnado en riesgo de abandono se localiza en Asia Meridional y Occidente 5’9 millones y África Subsahariana 5’3 millones. Se verán afectadas todas las etapas con una reducción considerable de matrículas en la educación superior, con una pérdida de alumnado de 7’9 millones, y en segundo lugar la enseñanza preescolar, con una pérdida de 5 millones de alumnos/as. Alrededor de 100 países aún no han anunciado en qué fecha volverán a abrir las escuelas, se concluye por tanto la necesidad urgente de velar por la continuidad del aprendizaje para todos/as, especialmente los/as más vulnerables, manifiesta Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco.

Siguiendo con las conclusiones del informe, este enfatiza en la necesidad de instar a los países a que pongan la educación a la vanguardia de los planes de recuperación, insistiendo en el papel de esta como motor del progreso económico, desarrollo sostenible y paz duradera. Priorizar y proteger la inversión en este  sector evita el cierre de la escuela, y esto no solo afecta a la educación en sí, sino al suministro de servicios esenciales para los/as niños/as y las comunidades, entre otros: el acceso a la alimentación equilibrada, la conciliación laboral posibilitando a los padres el acceso al trabajo y, sobre todo, paliaría  el incremento en la brecha de género que condena a las niñas a estados de vulnerabilidad permanente a lo largo de sus vidas, pues no se podría garantizar que las presiones económicas y las costumbres relativas al género impidan que las niñas vuelvan a la escuela. 

Y siguiendo en la línea más social de las implicaciones negativas que la pandemia puede causar son: “…las previsiones de catástrofe generacional que podría despilfarrar un potencial humano incalculable, al socavar décadas de progreso y agravar las desigualdades más arraigadas que provoca un déficit de aprendizaje que puede afectar a más de una generación de estudiantes…” palabras de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas.

El informe de la Unesco termina haciendo una serie de propuestas concretas, que van desde las sanitarias  -con la eliminación de la propagación del virus, la investigación para  posibilitar una vacuna, la reapertura de centros escolares con planes de seguridad sanitaria- a las educativas  -potenciando la resiliencia de los sistemas educativos prestando atención a la equidad, la inclusión de medidas para  abordar las necesidades de los/as estudiantes más vulnerables, replanteamiento de cambios positivos en materia de enseñanza  y aprendizaje suprimiendo las barreras que estorban la conectividad, la inversión en tecnología digital, y como no, flexibilización en itinerarios de aprendizaje-. Por último, manifiesta su apoyo a la profesión docente y concluye que todas las soluciones posibles deben abordar las pérdidas en materia de aprendizaje, evitar el abandono escolar y velar por el bienestar social y emocional del alumnado, profesorado y demás personal del ámbito educativo.

Desde el  Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de la Delegación Territorial de Educación  de Córdoba,  desde el año 2000 se viene apostando por la prevención e intervención  en el Absentismo y abandono temprano del sistema educativo -en los primeros años con un programa provincial, y más tarde, a través del Plan Integral del Absentismo y la Orden del 19 de septiembre del 2005, que lo desarrolla) desde la Comisión Provincial de Absentismo y toda  la estructura  que componen los 82 Equipos Técnicos de Absentismo -Etaes- y casi las 500 personas que los  componen, que vienen trabajando  para  garantizar el derecho a la educación de los menores en general, y de los más vulnerables en particular.

Esta tarea ha venido siendo asumida en la ciudad de Córdoba por las cuatro trabajadoras sociales de la Delegación de Educación Córdoba, quienes desde los Equipos de Orientación Educativas -Eoes- coordinan los 11 Etaes de la ciudad. Gestionan diversos programas, proyectos, campañas, talleres de prevención, intervención, etc., creando un trabajo en red con las ONGs, Departamentos de Orientación, Equipos de Orientación, Ampas, Policía Local de las distintas localidades, Servicio Sociales de los municipios, Agentes Tutores, Fiscalía de Menores, Servicio de Protección de Menores, etc., en base a un proyecto de coordinación interinstitucional supervisado y centralizado en la Comisión Provincial de Absentismo, que desde el año 2007 lleva funcionando ininterrumpidamente con reuniones trimestrales. Hay que decir que en la provincia son los/as maestros/as de compensatoria y los/as orientadores/as, quienes asumen también esta tarea, añadiendo un plus a sus tareas cotidianas, lo que en algunos momentos del curso supone una sobrecarga considerable.

Toda la actividad desarrollada por la Comisión Provincial queda debidamente registrada en las correspondientes Memorias las cuales, desde el curso 2011-12, han llevado hasta el día de la fecha un registro exhaustivo cuantitativo y cualitativo de toda su actividad y la de los Etaes, con datos cuanto menos interesantes de la evolución del Absentismo en la provincia y la ciudad de Córdoba. 

         Hemos de decir, que fue en ese curso cuando la gestión de la Comisión provincial de Absentismo se le encargó a una trabajadora social, en este caso en mi persona dándose la paradoja que se asumía una gestión sin que estuviese regulada en la normativa esta tarea para este perfil de Trabajo Social y que, sin embargo, ha demostrado en la práctica la idoneidad de la misma ya que conlleva responsabilidad, preparación, habilidades y competencias técnicas para desarrollarla, sobre todo por las implicaciones jurídicas, al valorar si en un expediente de absentismo pudiese darse una situación de  riesgo compatible con una situación de abandono de familia, según lo tipificado en el código penal y en la normativa de protección del menor, lo que implica la consiguiente derivación a la Fiscalía con competencias en tema de Menores. Tarea esta que conlleva formación específica y concreta en temas no solo de menores sino jurídica, y coordinación muy estrecha con otras administraciones cuyos procedimientos son muy distintos, por razones obvias, al sistema educativo.

Si en su día se adquirió el compromiso de luchar contra el absentismo y el abandono temprano del sistema educativo, encargándonos a trabajadoras sociales esta tarea en las tres zonas más deprimidas de la capital cordobesa, ha sido en el pasado curso y en el presente en el que con más entusiasmo, si cabe, se renovó éste para hacer lo posible  por garantizar el cumplimiento de este derecho, en el convencimiento de ser de justicia social y estar haciendo lo éticamente correcto, totalmente en sintonía con las recomendaciones de la  UNESCO, prueba de ello es todo lo realizado  durante el estado de alarma por motivos de la Covid-19 y que ha quedado debidamente recogido en la Memoria de este curso tan atípico y difícil.

Las memorias de la comisión provincial de absentismo y toda la documentación que genera la misma (plan provincial, dossier anual, etc.) están colgadas en el blog del ETPOEP de Córdoba: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/etpoepcordoba/

TSDifusión, 16 de marzo de 2021

El Día Mundial del Trabajo Social -16 de marzo- tiene este año como lema: “UBUNTU. Yo soy porque nosotros y nosotras somos. Fortalecimiento de la solidaridad social y de la colectividad global”. Para quienes os preguntáis, qué es Ubuntu, os invitamos a seguir leyendo. 

El Centro Latinoamericano de Trabajo Social nos dice en su web que: “Ubuntu es una palabra originaria de los pueblos indígenas de Sudáfrica y fue popularizada en todo el mundo por Nelson Mandela. Ubuntu es un concepto y filosofía que resuena con la perspectiva del trabajo social de la interconexión de todas las personas y sus entornos. Habla de la necesidad de solidaridad mundial y también destaca el conocimiento y la sabiduría indígenas.” También explica el porqué de la elección de este tema en palabras de Silvana Martínez, presidenta de FITS: “El mensaje que transmite es el de la interconexión de todas las personas y que nuestro futuro depende del reconocimiento de la participación de todas las personas en la construcción conjunta de un futuro sostenible y socialmente justo”.

Desde TSDifusión queremos invitaros a hacer una reflexión personal y profesional, dirigir la mirada hacia la comunidad, hacia esa solidaridad social, hacia la interconexión de las personas y su entorno… ¿Estamos desarrollando este Trabajo Social? ¿Conocemos experiencias en este sentido? ¿Estamos aprovechando las oportunidades del entorno para mejorar la realidad social? 

También queremos ser copartícipes en divulgar esas reflexiones, poder ser altavoz de experiencias positivas desde la intervención social, experiencias de otras/os profesionales desde su territorio o contexto, cómo afrontan dificultades, cómo inventan nuevos recursos y/o aprovechan los existentes, cómo salvan las dificultades administrativas y burocráticas, en definitiva, cómo “se buscan la vida”.

Nos gustaría contar experiencias sobre: promoción de redes entre profesionales, redes de apoyo, coordinación, colaboración, cooperación para promover proyectos de intervención autogestionados, o de forma colaborativa entre administraciones o entidades diferentes, y dar a conocer que se puede trabajar de otra manera, salir de la zona de confort y trabajar en red.

Por otro lado, entendemos que es nuestra responsabilidad, como profesionales que conocemos la realidad social, las necesidades y problemáticas, contárselo al resto de la sociedad, hacerlas visibles y poder así dar otra visión, generar otro relato de la realidad al que hacen algunos medios de comunicación, o las redes sociales. 

Celebremos nuestro día reivindicando ser esenciales, para las personas, grupos y/o comunidades, para construir y transformar la sociedad hacia una más sostenible, resiliente e inclusiva. 

Málaga, 9 de marzo de 2021

Juan Gavilán Perdiguero.
Trabajador Social. Mediador en la entidad SOLUCIONA y Facilitador en el Programa Diálogos Restaurativos. Educador en Servicios Sociales Ayuntamiento de Málaga

Patricia Barcones.
Abogada. Mediadora en la entidad SOLUCIONA y Facilitadora en el Programa Diálogos Restaurativos

Introducción.
La justicia restaurativa es un nuevo paradigma dentro del mundo de la gestión de conflictos, donde las mismas partes involucradas y la comunidad, toman protagonismo frente a la delegación de derechos en la administración de justicia. Quienes están involucrados en un hecho o relación dañosa, pueden acudir a estas formas de resolución de conflictos, asistidas por una facilitadora o un facilitador, logrando así la satisfacción de las necesidades emergentes al daño sufrido. 

Especialmente en el ámbito penal, la Justicia restaurativa puede entenderse como una forma de relacionarse de las personas que han tenido un conflicto con la  ley para reparar el daño cometido por el delito y que pasa por ser uno de los mejores mecanismos reparadores para lograr la reeducación y resocialización de la persona que ha delinquido.

A modo de ejemplo, en el Congreso Internacional de Criminología que tuvo lugar en Budapest en el año 1993, se acuñó el concepto de justicia restaurativa con el fin de restaurar la paz, reparar el daño, y prevenir la repetición de la victimización como nuevo e interesante modelo de resolución de conflictos penales.

La Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que aprueba el actual Código Penal en España, considera en su art. 21.5 la aplicación de atenuante la de “haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento”, debiendo ser la misma real y efectiva para que produzca los efectos de atenuación en el establecimiento de la pena, reparación a la que se llega a través de la mediación penal-reparación del daño que ofrecen algunos juzgados. 

Con posterioridad la Resolución 2002/12 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas  fijó los denominados “Principios básicos para la aplicación de programas de Justicia Restaurativa en materia penal”, ahondando en la idea de que las cárceles no son ni la única forma ni la mejor como respuesta al delito y que hay otras interesantes alternativas a la justicia penal.

La Recomendación CM/Rec. (2018) 8 del Comité de Ministros a los Estados Miembros de la UE anima a los estados a adoptar la justicia restaurativa dentro de sus ordenamientos jurídicos, especialmente en el ámbito de los conflictos penales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que se han creado como resultado de un delito.  Entre sus conceptos definitorios  hace referencia a la Justicia Restaurativa como cualquier proceso que permita a aquellas personas dañadas por el delito y a las personas responsables del daño a participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la resolución de las consecuencias resultantes del delito, con la ayuda de un tercero independiente y cualificado (en lo sucesivo, el “facilitador”).

Específicamente en el ámbito del cumplimiento de penas, el Consejo General del Poder Judicial llevó a cabo un proyecto piloto en seis centros penitenciarios (Granada, Madrid III, Málaga, Nanclares, Pamplona, y Zuera) entre los años 2005-2008) con la utilización de la mediación para aumentar las posibilidades de resolución pacífica de conflictos.

Es bien sabido que las cárceles no son ambientes especialmente resocializadores y que muchas veces aumentan las posibilidades de reincidencia de las personas que ingresan en un centro penitenciario: no ayudan a la rehabilitación, contribuyen a su exclusión social y suponen un gasto importantísimo para las arcas de un país.  De ahí la importancia de los talleres que llevamos a cabo equipos de psicólogos, abogados, educadores y/o trabajadores sociales para trabajar con personas internas del Centro de Inserción Social de Málaga la reparación del daño causado como meta para su reinserción.

Experiencia de Justicia Restaurativa en Málaga.

En el año 2017 la Asociación Soluciona, miembro de la Federación Española de Justicia Restaurativa FERJ junto a otras entidades que forman parte de la misma, comienza a desarrollar en el Centro de Inserción Social “Evaristo Martín Nieto” y con el aval de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el programa “Diálogos Restaurativos y reparación del daño en ejecución de la pena” (en adelante Diálogos Restaurativos) como medida alternativa a la prisión y para favorecer la reinserción de las personas que cumplen una pena. El programa sigue los lineamientos generales, entre otros, presentes en el Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que define a los programas de justicia restaurativa como aquel programa que usaprocesos restaurativos y busca lograr resultados restaurativos”. En nuestro caso específico, el programa tiene como antecedente, entre otros programas de justicia restaurativa penitenciaria, la experiencia de la Confraternidad Carcelaria Internacional “Árbol Sicomoro”. Dicho programa define como objetivos fundamentales a cumplir en su ejecución: la posibilidad de permitir que las personas condenadas por la comisión de un delito, asistencia a un taller donde se trabaje sobre la necesidad de asumir como propia la responsabilidad por el hecho, el arrepentimiento y necesario cambio de conducta, buscando sobre todo la reparación del daño provocado a las víctimas y a la comunidad.

Volviendo al programa Diálogos Restaurativos, la selección de los y las participantes es llevada a cabo por los distintos servicios de gestión de penas y medidas alternativas de los centros penitenciarios.

Durante las sesiones se utilizan distintas dinámicas para presentación, para favorecer la comunicación y colaboración, romper el hielo, etc., como por ejemplo el ovillo en la que cada asistente sentado y/o sentada en círculo se presenta y explica los motivos que le ha llevado al taller o el hecho que motivó la condena. Mientras se lanza el ovillo a la siguiente persona participante, se va tejiendo una red de respeto y compromiso.

Fijamos entre todas las personas participantes unas reglas o pautas a seguir durante las sesiones de puntualidad, control de asistencia, respeto a los compañeros y compañeras y otras que se pactan entre los presentes de común acuerdo, que se relacionan con la forma en la que se relacionarán entre sí, los valores que guiarán el trabajo, necesidades y deseos de cada persona.

Entrevistas 

El programa prevé una serie de entrevistas con las personas derivadas al taller, con el fin de poder hacer un seguimiento en su progreso. La primera toma de contacto tras la presentación al grupo de las personas facilitadoras y la explicación de los objetivos generales previstos a lo largo de las diez sesiones y temas a abordar  dentro de los diálogos restaurativos, se hace a través de una entrevista individual.

En dichas entrevistas interesa conocer su vinculación con los hechos que han causado la condena, la experiencia que tengan con el sistema judicial, las personas más afectadas por sus condenas así como una serie de preguntas específicas en función de la tipología de delito cometido. Especial atención reviste en las entrevistas, el apartado restaurativo. Entre este tipo de preguntas, la entrevista trata de obtener de la persona condenada qué pensaba cuando ocurrió el hecho, que reflexión ha hecho desde el momento de la comisión del acto  y cómo piensa que podría componer  la situación actual.

El Programa

El trabajo realizado con las personas penadas incluye el análisis y contraste justicia penal tradicional y Justicia Restaurativa, la responsabilidad por los hechos y sus consecuencias, el arrepentimiento expresado a través del reconocimiento de conducta delictiva y su expresión concreta, la aceptación de la responsabilidad y compromiso de no volver a cometer la misma acción. En forma transversal, la comunicación no violenta, las emociones y el perdón.

La resiliencia es un recurso esencial del programa. Se recurre a las fuentes y pilares de la resiliencia como un modo práctico de construir las bases sólidas que permitan a las personas afrontar los aspectos negativos que se pudieran presentar a lo largo de sus propias vidas, como escudo protector para no caer en actitudes peligrosas tanto para sí mismas como para la comunidad. Entendemos la resiliencia como una condición humana que debe ser desarrollada y potenciada, tanto a nivel individual como grupal, de ahí que el trabajo en grupo sea para nosotros terapéutico y esencial 

Sesiones telemáticas: consecuencias del Covid-19

Lógicamente la Covid_19 ha venido a alterar el normal desenvolvimiento del Taller, para el que hemos tenido que activar las sesiones telemáticas a distancia, a través de los teléfonos móviles de las personas penadas y la utilización de Video llamadas a través de Zoom y Jitsi, junto con la aplicación de mensajería Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido dar continuidad a la realización de los talleres durante el ejercicio de 2020 y esperamos que una parte del presente 2021. Poco a poco, iremos reduciendo las sesiones virtuales hasta volver a la normalidad de las sesiones presenciales

ASISTENCIA DE VÍCTIMA 

Víctima. Se suele escoger a una persona que ha sufrido un delito para que exponga la acción de que fue objeto así como el sufrimiento o daño ya sea físico, psíquico o moral padecido. Suele ser muy terapéutica por el feedback que genera, valorándose desde la perspectiva contraria a la suya. Hemos recurrido al “mentor o mentora”: se trata de una figura con muchísima fuerza y convicción para las personas participantes en los talleres, dado que las aproxima a una realidad muy cercana. Suele ser una persona que acaba de pasar por el mismo proceso de sanación, que utiliza su mismo lenguaje, y que lo hace de forma muy cercana y por condenas o delitos similares a las de las personas a las que llega a sensibilizar por su aprendizaje y en su caso, los cambios experimentados en su vida.

Entrevistas Finales

La comprobación del éxito de la filosofía restaurativa la visualizamos a través de la realización de las entrevistas que ponen fin a los Talleres. A través de 11 items intentamos conocer su valoración sobre el mismo, las cosas positivas que se llevan para su vida, las reflexiones más importantes que han realizados durante las sesiones, las consecuencias de su conducta, las actitudes que han experimentado un cambio en sus vidas, el cumplimiento de las expectativas, los cambios que proponen para futuras ediciones del Taller o nuevos temas y si recomendarían los diálogos restaurativos a personas que estuvieran en su misma situación.

La mayoría de personas participantes en el Programa han valorado de forma muy productiva su participación en el Programa, por su aprendizaje y enseñanza de forma amena, constructiva y esencialmente educativa tanto sobre el valor de las cosas como los sentimientos de las personas.

Para su vida personal dicen llevarse muchas cosas positivas sobre todo a los compañeros y compañeras que han conocido, a las personas facilitadoras y muchos consejos y experiencias de otras personas participantes, además de grandes valores y a saber respetar  a los demás y a recapacitar además de a saber escuchar y disculparse por una mala acción. También valorar esencialmente el trabajo en equipo, la comunicación y una segunda oportunidad en la vida para recomponerse.

La reflexión más importante que manifiestan en sus entrevistas tiene que ver con pararse a pensar las cosas antes de actuar y controlar la impulsividad además de las consecuencias de determinados delitos sobre su libertad.

La condena les lleva sobre todo a pensar las cosas antes de hacerlas, a mejorar en sus relaciones con sus amigos y familia, y sobre todo a solucionar los problemas de forma más inteligente y desde otros ángulos de visión.

Respecto a los temas abordados en los talleres les suelen parecer bastantes completos, valorando de forma muy especial los dedicados al arrepentimiento, la paz y el perdón y una segunda oportunidad en sus vidas.

VÍCTIMAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La vida de estas personas no ha sido fácil, nada fácil. Más bien rampas de subida en barrios o zonas de exclusión social de la capital o alguna localidad de la Costa. Una mayoría de las participantes se encuentran en situación de desempleo, de larga duración y sin cobrar ningún tipo de prestación. Solo algunos de los más afortunados trabajan en la construcción, limpieza o restaurante. Quienes trabajan lo hacen en trabajos precarios y sin alguna estabilidad.

La mayoría de ellas es una población que vive en situación vulnerable, con numerosos indicadores sociales negativos como la tasa de paro, problemas de convivencia o bajísimo nivel educativo, todo además agravado por la larga década de crisis económica que vivimos desde 2008.

CONCLUSIÓN

Todo parece presagiar que los programas de Justicia Restaurativa van a evidenciar unos resultados bastante satisfactorios. A día de hoy no se puede constatar que esta experiencia consiga la reinserción social de las personas que asisten a los Talleres de Diálogos Restaurativos por tratarse de una experiencia que lleva pocos años, pero entendemos que todo lo que beneficie el enfoque resocializador y una ejecución de la pena más humana, supondrá notables beneficios sociales. Indudablemente trabajar la reparación del daño y la asunción de responsabilidad así como el perdón o el arrepentimiento, son elementos que  van a colaborar en esa pretendida reinserción y que va a generar más beneficios que la justicia penal tradicional. Durante el 2021 este programa se extenderá a los tres niveles de cumplimiento de pena, es decir al segundo y tercer grado penitenciarios y a las medidas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad, programas específicos, etc.), intentando llegar así a más población penitenciaria. 

Todavía nos queda pendiente el trabajo con las víctimas directas de los delitos que han realizado las personas que nos derivan a los grupos. Desde el poder judicial el temor a la doble victimización hacen que se dificulte el contacto con las víctimas, aunque sea simplemente para ofrecerles la posibilidad de beneficiarse del programa. Esperamos que poco a poco esto se vea solventado

Las ventajas se antojan muy evidentes, como la de reducir los efectos estigmatizantes de la justicia penal, así como la implicación y responsabilidad de las consecuencias de sus acciones y que finalmente podrían conllevar la pretendida reeducación y reinserción social de las personas participantes en los Diálogos Restaurativos.

BIBLIOGRAFÍA

  • Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal español.
  • Resolución 2002/12 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
  • Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros en  Materia de Justicia Restaurativa Penal.
  • Manual sobre programas de justicia restaurativa. Serie de Manuales sobre Justicia Penal. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Málaga, 3 de marzo de 2021

Arantxa Hernández Echegaray
Servicios Sociales Básicos, Ayuntamiento de Palencia.
Profesora colaboradora Universidad Oberta Cataluña (UOC).
Profesora asociada Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Javier Pacheco Mangas
Servicios Sociales Comunitarios. Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Profesor Tutor Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Artículo breve basado en: Hernández-Echegaray, A., & Pacheco-Mangas, J. (2018). The debate on minimum income in Spain: charity, development or citizen right. Journal of Sociology & Social Welfare, 45(1), 77-94.

Puede consultarse el original en: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol45/iss1/6/ 

Artículo premiado en la III Edición del Concurso de Publicaciones 2019, en la modalidad de “Mejor artículo científico publicado en 2018 o 2019 vinculado al Trabajo Social” que otorga el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia.


Los Servicios Sociales Comunitarios en el marco de las Rentas Mínimas

La principal potencialidad con la que cuentan los Servicios Sociales Comunitarios es su construcción en una historia y en un contexto local. Si bien, y en términos generales, su crónica está marcada por dos hitos principalmente, los cuales aún determinan las concepciones del presente y del futuro en las políticas sociales municipales y autonómicas. A saber, la fuerte herencia de la Beneficencia en la configuración de los servicios sociales (Aguilar, 2013) y la reconceptualización del Trabajo Social en las primeras fases democráticas que tratan de adaptarse a las nuevas exigencias sociales (Las Heras y Cortajarena, 2014). En este tiempo y de forma convergente y homogénea en todo el territorio del Estado, Antoni Vilà diferencia cuatro fases o etapas en los servicios sociales: “gestación (1975-1981), configuración (1981-1992), consolidación (1992-2005) y reforma (a partir del 2005)” (2010, p.22).

La crisis económica, en lo referido a los recortes presupuestarios, reformas legislativas y empobrecimiento de la población marca un reto sustancial para los Servicios Sociales de futuro y de proximidad. “La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y fragmentado” (Laparra, 2010, p. 469). “El actual modelo asistencial y de servicios sociales no se encuentra adaptado a las necesidades y los mecanismos de funcionamiento de los nuevos pobres” (Tezanos et. al, 2013, p. 162). Ambas afirmaciones, ponen de relieve la necesidad de replanteamiento de los servicios sociales públicos, en cuanto a sistema de organización y en cuanto a red de protección pública y ciudadana.

Abordaje de la problemática. Metodología.

Para abordar esta investigación era necesaria la introducción de una metodología cualitativa, basada en un análisis del discurso según la propuesta de Wetherell y Potter (1996), que se articula a través de los conceptos de función, variabilidad, construcción y unidad analítica del repertorio interpretativo. Muestran los patrones de regularidad discursiva que se dan entre las personas y que “se pueden considerar como los elementos esenciales que los hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros fenómenos” (ibídem: 66). 

La recogida de datos se realizó en dos modalidades: una indirecta, a partir del análisis de fuentes documentales (normativa básica, documentos informativos e instrumentos profesionales y artículos de investigación con un objeto de estudio análogo, en concreto Ayala (2009) y Cortinas (2012a y 2012b)); y otra directa, consultando a los profesionales del Trabajo Social implicados en las políticas sociales y en la gestión en los servicios sociales comunitarios, mediante cuestionarios abiertos (con una muestra de 28 sujetos, entre las comunidades de Andalucía y Castilla y León). 

Para el análisis documental y del material recogido en las entrevistas, nos apoyamos en la herramienta-software Atlas.ti 6.  Ello nos ha permitido extraer la información relevante para observar los relatos y los planteamientos discursivos que se ponen en práctica, mediante la aplicación de preguntas implícitas, en el análisis documental y explícitas a los/las profesionales. Presentamos las categorías de análisis y los repertorios discusivos más relevantes. Por la naturaleza de este trabajo, únicamente presentamos los resultados obtenidos, referidos a la política de rentas mínimas de inserción, al entender que engloba los discursos mayoritarios del resto de políticas sociales llevadas a cabo a consecuencia del impacto social de la crisis.

Principales discursos profesionales

De las entrevistas realizadas a los/las profesionales del trabajo social que gestionan las rentas mínimas, se obtuvieron los repertorios interpretativos que se muestran a continuación, de forma sintética. Conviene destacar, la coincidencia de las percepciones entre profesionales, a pesar de sus diferencias geográficas, así como de concepción y gestión de dicha prestación.

  • La lógica del recurso, sobre la lógica de la necesidad. Los/las profesionales enfatizan la “rigidez en la aplicación normativa”, la existencia de “requisitos trampa” y la desconexión de los plazos con los momentos de urgencia social, entre otros. Ello implica que los sistemas de rentas mínimas, a pesar de su renovación legislativa, no responden adecuadamente a las situaciones de necesidad social planteadas por los ciudadanos en los servicios sociales.
  • El/la profesional como agente de control de la estabilidad, sobre el/la profesional como agente de cambio social. Este es un discurso mayoritario en la percepción de la profesión. La escasez de recursos y la desconexión con políticas activas y de promoción familiar, reducen las oportunidades de reinserción social. Son varios los/las profesionales que apuntan discursos latentes, y por otra parte, ya tradicionales sobre estas prestaciones como instrumento de “paz social”, de “pensionismo” o la combinación con rentas no laborales, así como el cambio de paradigma de esta política, como “renta básica”.
  • La obligación, sobre la negociación. El cuestionamiento mayor es de índole ética, pues su aplicación entra en conflicto con principios esenciales del trabajo social, como la autodeterminación. Sobre esto, se avanza sobre la cuestión de la arbitrariedad profesional, “¿tantas contraprestaciones y seguimientos, cómo profesionales?”. En la profesión hay una ausencia clave, en la sistematización de los procesos de inclusión de familias y personas participantes en los sistemas de rentas.
  • Constante: políticas insuficientes e ineficaces. La escasez es un denominador común en los servicios sociales. Un/a profesional resume el discurso en la siguiente expresión “la ineficacia de esta política revierte en un aumento de la caridad y de las prácticas benéficas”.

Discusión

De los repertorios obtenidos se deduce una importante desconexión de la realidad social con la implementación de los sistemas de rentas mínimas (SRM). Los/las profesionales ponen en práctica una serie de estrategias discursivas que muestran como la intervención en el marco de los SRM ha derivado hacia actuaciones que tienden a la fiscalización, frente a la potenciación de los procesos de cambio y transformación. Este proceso, que tiende a burocratizar la intervención profesional, provoca una despersonalización del proceso que deja de relacionarse con la propia persona usuaria, a intervenir con una composición que se realiza del mismo (Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013), a la vez que da como resultado la aparición de problemas éticos (Ballestero, Úriz y Viscarret, 2012) Estas prácticas inhibidoras de la creatividad y la innovación en la intervención social son espacios propicios para la involución en el ámbito de los Servicios Sociales, propiciando prácticas asistencialistas y clientelistas que provocan en los/las profesionales sentimientos de frustración, así como una “percibida incapacidad para ayudar a la sociedad a lograr sus objetivos y solucionar sus problemas” (Schön, 1998, p. 47). 

Titmuss (1974) denominará a los/las trabajadores/as sociales como “los trabajadores del Estado” e Illich (1977), usará el término de “profesión inhabilitante” para definir las prácticas llevadas a cabo por los trabajadores sociales. El/la profesional no se siente cómodo/a en el rol de vigilancia sobre normas imperativas, aunque muestran un rol conformista, alejado del ideal reivindicativo que lleva aparejado el desempeño de las profesionales del ámbito de la intervención social. En estos nuevos escenarios, en los que se plantean necesidades y realidades cada vez más complejas, los/las profesionales, en especial los/las trabajadores/as sociales, tienen que asumir un papel proactivo en el diseño, definición e implementación de las políticas sociales, reforzando de esta forma el sistema y contribuyendo a su consolidación (De la Red y Barranco Expósito, 2014).

La intervención social en los sistemas de rentas mínimas debe dar un paso adelante en su configuración transformativa. Por un lado, los/las profesionales tienen que asumir su rol de agente de cambio que han perdido en detrimento de otros con carácter de control y fiscalización, y por otro, se debe tomar una actitud proactiva al cambio, venciendo las resistencias que establece la propia estructura de los sistemas de protección social, evitando prácticas que merman la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía. Así mismo, se ha de avanzar en la participación del diseño de las políticas sociales, donde los/as profesionales tienen que estar representados/as e involucrados/as en todo el proceso de disminuir la vulnerabilidad y la exclusión social.

Referencias

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación social, 166, pp. 145-168. 

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