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Huelva, 17 de noviembre 2023

Rocío Rovira Barrios
Trabajadora Social

La palabra aborto es una cuestión que siempre ha estado presente en nuestras vidas pero que muchas veces llama la atención porque suele ser un tema tabú para nuestra sociedad. El aborto es una de las realidades más oscuras que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Por eso tratar el tema del aborto implica siempre debatir una cuestión compleja y controvertida. (Morán, 2009).

En primer lugar, hay que tener claro una serie de conceptos sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se trata de la evacuación completa del contenido del útero gestante antes que el feto sea viable y de forma intencionada. Siguiendo un procedimiento de valoración ecográfica y psicológica. Se realiza con dilatación y aspiración o con prostaglandinas, dilatación y legrado. Es igual de importante intentar ser garantes de una atención integral de la mujer en la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para ello los profesionales de salud que prestan servicios tanto a la mujer como a la familia que lo solicita deben ofrecer opciones convenientes, privadas y que sean las más adecuadas para cubrir la situación y sus preferencias. (Rodríguez Díaz & Vázquez Lara, 2008).

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, ha introducido importantes novedades en la regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en España. Existen dos polémicas, en primer lugar, los supuestos en que la nueva Ley admite la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como los argumentos dados respecto a la constitucionalidad de la norma. En segundo lugar, la capacidad de la menor de edad para consentir un aborto, a la vista del régimen general de capacidad de los menores y de los antecedentes legislativos sobre la materia. En relación con este último aspecto, también se deberá de estudiar la confidencialidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el caso de menores maduras sometidas a la patria potestad. (Andreu Martínez, 2010)

La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, o comúnmente llamada reforma de la Ley de aborto, introduce una serie de modificaciones en La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley orgánica tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y de la salud reproductiva, regular las condiciones de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de los derechos sexuales y reproductivos, así como establecer las obligaciones de los poderes públicos para que la población alcance y mantenga el mayor nivel posible de salud y educación en relación con la sexualidad y la reproducción. (BOE, 2023) 

Según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, se puede solicitar la IVE en las siguientes circunstancias:

  • A petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación ( mitad del cuarto mes)
  • Por determinadas causas médicas con diferentes plazos.

Las causas médicas pueden ser:

  •  Que exista grave riesgo para la vida o la salud de la mujer hasta las primeras 22 semanas de gestación (sexto mes de embarazo)
  • Que exista riesgo de graves anomalías en el feto
  • Cuando existan anomalías fetales incompatibles con la vida.
  • Cuando se detecte en el feto enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.

Esta ley orgánica tiene por objeto:

  • Garantizar los derechos fundamentales
  • Regular las condiciones de la IVE
  • Establecer las obligaciones de los poderes públicos para que la población alcance el mayor nivel posible de salud y educación en relación con la sexualidad y la reproducción.

Los efectos psicológicos y adversos en relación con la Interrupción Voluntaria del Embarazo pueden existir, es un problema bastante complejo y muy controvertido e incluso muchas veces politizado. Existen multitud de problemas psicológicos relacionados con la ansiedad, la depresión, confusión y sentimientos de culpabilidad. Puede conllevar consecuencias adversas para la salud mental de la persona que realiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Muchos estudios determinan que la mujer que realiza el aborto voluntario presenta una prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión muy elevado y a su vez, un nivel de optimismo en la vida significativamente menor en comparación. (Camps, 2015)

Los derechos de la personalidad de los menores, especialmente del honor y la propia imagen, es un tema actual el cual resulta incuestionable que los menores son sujetos especialmente vulnerables, por lo que sus derechos siempre gozan de una protección específica y reforzada.

En los casos de los derechos del art 18.1 CE tienen una especial importancia, en primer lugar, porque se trata de derechos fundamentales, lo que les dota de una superioridad normativa y en segundo lugar porque cada vez los menores sufren más ataques directos a su honor, intimidad personal y familiar y su propia imagen. (Lorente López, 2014)

La aprobación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como sus modificaciones, en concreto referente a la edad de la paciente que le permite tomar la decisión sin consentimiento paterno, esto ha suscitado un debate entre la población, acerca de lo adecuado o no de esta nueva modificación.

Diversos estudios han demostrado la presencia de secuelas psicológicas tras realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en adolescentes, lo que viene denominado como síndrome post-abortivo. El estudio resuelve con que las leyes más restrictivas frente al aborto son las que más problemas han generado en cuando a la seguridad en las adolescentes, llevándolas en ocasiones a ponerse en manos de personas más inexpertas y clínicas ilegales con los riesgos que supone. La libre elección de informar a los padres ha demostrado que aumenta la comunicación entre ellos frente a la obligatoriedad. (Ortega Barreda, 2011)

 El embarazo no deseado es un problema que sigue afectando a más de 10.000 jóvenes al año en nuestro país y pese a que este dato va disminuyendo, todavía es bastante significativo. Varios autores apuntan la necesidad de seguir haciendo estudios acerca de las posibles secuelas psicológicas de las pacientes que han solicitado la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que estudios afirman la existencia de errores metodológicos importantes, además de hacer una valoración más exhaustiva de los efectos a largo plazo. Los estudios no son concluyentes en cuanto a la existencia de un síndrome post-abortivo ni en cuanto a la gravedad ni el número de mujeres que pueden padecerlo, relacionándolo en muchos casos con la presencia de alteraciones psicológicas previas al embarazo. (Ortega Barreda, 2011)

El aborto ha sido y sigue siendo un tema muy complejo a día de hoy, tanto que ni siquiera existe una definición aceptada por todas las ramas del pensamiento humano, la falta de consenso hace que el aborto se encuentre dentro de un tema controversial y a su vez de gran interés mundial.

En la sociedad actual vivimos una constante presión social debido a la problemática que ha conllevado siempre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. A día de hoy los adolescentes tienen un inicio de las relaciones sexuales cada vez más precoz y se considera urgente la formación de un abordaje de información sobre la interrupción del embarazo, dado que antes era simplemente anecdótico. 

Se debe profundizar sobre la importancia que tiene la educación sexual tanto a nivel de personal sanitario como de ampliar la formación en pediatras en tema interrupción del embarazo, dado que con el paso de los años las relaciones sexuales entre los jóvenes se darán cada vez en edades más tempranas, debido a su vez a la presión social.

Cabe destacar posibles líneas futuras de investigación, debido a la importancia de la información sobre dicho tema, es muy importante llevar a cabo más estudios que indaguen y profundicen en los muchos recursos que atiende esta demanda. Se debe realizar a su vez una concienciación de la sociedad con las personas que deseen abortar para que estas no sean señaladas ni estigmatizadas.

Hoy en día desde el Trabajo Social también es conveniente trabajar con las relaciones sexuales adolescentes, ya que cada vez son más tempranas, dado que la edad del aborto suele ser en mujeres muy jóvenes, por ello es importante realizar proyectos de concienciación para el alumnado, programas de sensibilización y de educación sexual, donde se incorpore una educación basada en la información, riesgos y consecuencias de la salud sexual y reproductiva.

El Trabajo Social aporta al abordaje de la dimensión social, resultando esta imprescindible a la hora de evaluar las condiciones materiales y sociales de existencia de quien interrumpe un embarazo y de ésta manera acompañar el proceso de forma situada en la realidad de cada sujeto

Tanto sanitarios, trabajadores sociales, pediatras, psicólogos, debemos tener una colaboración exhaustiva con escuelas y familias para así inculcar la prevención de enfermedades sexuales y embarazos no deseados, realizando así consultas específicas para adolescentes y entrevistas de manera privada para cada uno de ellos si lo solicitaran.

Se considera a su vez muy importante que el personal sea cualificado para dicha colaboración, así como que se pueda acceder de manera sencilla y privada, y a su vez que sea de manera rápida y eficaz ya que en momentos de querer realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo el tiempo debe de ser crucial.

Es muy importante la planificación familiar en pacientes con antecedentes de Interrupción Voluntaria del Embarazo o embarazo no deseado, para así intentar evitar que no se vuelva a producir este proceso.

En definitiva, impulsar nuevas medidas sobre la educación sexual y la anticoncepción, el embarazo, parto, aborto, salud menstrual y violencias reproductivas son necesarias para garantizar y ampliar los derechos, así como para eliminar obstáculos existentes para ejercer el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

BIBLIOGRAFÍA

  • Andreu Martínez, B. (2010). La interrupción voluntaria del embarazo en la ley orgánica 2/2010: Los supuestos en que se admite y la capacidad para consentir el aborto. Revista jurídica de la Región de Murcia, 44, 1-21.
  • BOE-A-2023-5364 Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. (s. f.).
  • González Morán, L. (2009). Aborto: Un reto social y moral. Universidad Pontificia Comillas.
  • Lorente López, M. C. (2014). Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen del menor [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, Universitat Jaume I].
  • Ortega Barreda, E. M. (2011). Secuelas psicológicas tras la interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes. ENE Revista de Enfermería, 5, 25-32.
  • Rodríguez Díaz, L., & Vázquez Lara, J. M. (2008). Interrupción voluntaria del embarazo. Mujer y salud, 2008, ISBN 978-84-89174-87-0, págs. 533-557, 533-557.
  • Sánchez Camps, M. L. (2015). Interrupción voluntaria del embarazo y alteraciones psicológicas: Análisis de factores de riesgo [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text, Universidad Católica San Antonio de Murcia].

Granada, 3 de noviembre 2023

Josefa Moreno Román
Trabajadora Social y Criminóloga. Directora del Gabinete JMR Trabajo Social y Criminología. Perito social, especializada en varios ámbitos

Hablar de especialización en un tema como la práctica pericial es una tarea en la que, en nuestra disciplina, quizá nos cueste ponernos de acuerdo. 

            Especializarse en una práctica profesional supone adquirir las competencias y contar con las capacidades, ambas necesarias para realizar dicha práctica con los estándares exigidos, entre otros, los de rigor y calidad.   

En la práctica pericial existe un consenso en cuanto a que no es necesaria la especialización para actuar como perito; argumentación que justifican con lo que el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) dispone, el cual determina cuándo es necesaria la actuación de una perito. No obstante, es muy posible que cambiásemos de opinión si realizáramos un análisis de este artículo con más detenimiento.

El artículo 335 establece que “Cuando sean necesarios conocimientos científicos (…) para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”.

Comencemos por lo primero que viene a precisar el artículo 335: tener conocimientos, entre otros, científicos, para valorar o adquirir certeza sobre hechos o circunstancias de especial interés que se dilucidan en un litigio. De ahí podemos inferir que estos conocimientos no son solo referidos a los aportados por la disciplina de la perito, sino también en relación con los asuntos sobre los que haya de hacer esa valoración; es decir, sobre el objeto pericial respecto del que se ha de pronunciar. En cuanto a la cientificidad de estos conocimientos, su exigencia tiene su razón de ser en que la práctica pericial ha de situarse entre la Ciencia y el Derecho. Una perito ha de basar toda su metodología de evaluación forense en la ciencia y no puede situarse al margen de ella, pues el carácter científico del dictamen pericial, entre otras cuestiones, es lo que le otorga fuerza probatoria a esta prueba procedimental no vinculante. Y en cuanto a su razón de ciencia se pronuncia el Tribunal Supremo en la Sentencia de 11 de mayo de 1981, afirmando que “…es obligado a entender que la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación y razón de ciencia” (p.2).

Otra cuestión que viene a determinar este mismo artículo es que tanto las partes como el tribunal, podrán aportar peritos que posean los conocimientos correspondientes, pudiéndose interpretar que estos conocimientos se tienen que corresponder con los temas o asuntos sobre los que versará el dictamen pericial. En este sentido la Sentencia 202/2022, de 17 de febrero del Tribunal Supremo, expresa que: 

 “Pues bien, tales informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado “dictamen de peritos” en tanto en cuanto reúnan las características que al mismo atribuye el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: que “sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos” y que las personas llamadas como peritos “posean los conocimientos correspondientes”. En pocas palabras, se trata de que la acreditación de un hecho requiera de conocimientos especializados1”. (p. 6)

Teniendo en cuenta que el objetivo de una perito no es otro que ilustrar a la autoridad judicial, aportándole conocimientos distintos a las jurídicos cuando estos son necesarios para resolver sobre hechos presentes en un litigio, es fácilmente entendible que aquella ha de contar con conocimientos especializados sobre esos hechos, sin los cuales difícilmente este objetivo podría llegar a cumplirse. 

Si acudimos a la definición de perito que hace la Real Academia Española (2014), como aquella persona experta o entendida en algo, es lógico pensar que para ello se ha de contar con  experticia, entendida esta como conocimientos, experiencia, habilidad o pericia; y que, además, tal y como señala la LEC, ha de tener conocimientos científicos sobre los que basar su dictamen pericial. Ante esto, solo podemos llegar a la conclusión de que para actuar como perito se ha de ser una persona experta en el amplio sentido de la palabra. Por tanto, para adquirir los conocimientos científicos correspondientes relativos a los objetos periciales susceptibles de ser evaluados, entendemos que el único camino que existe para llegar a ello es a través de un proceso de especialización. Dicho proceso es el resultado de una formación amplia, completa, rigurosa y continuada en el tiempo, que recoja tanto los temas que puedan ser objeto de estudio, como la metodología de evaluación forense, o las habilidades para la defensa del dictamen pericial, entre otras cuestiones.  

Llegados a este punto, nos parece necesario detenernos a reflexionar sobre la realidad existente y generalizada ante esta cuestión: la falta de especialización en la práctica pericial y  la poca exigencia profesional que se requiere para ejercer como perito social. Con relación a ello nos surgen algunas preguntas, siendo la primera de ellas el por qué nuestros Colegios Profesionales/Oficiales no exigen formación especializada a sus peritos para ser incluidos en las listas que cada año presentan a los Juzgados con el fin de ejercer como peritos judiciales. Se podría evitar, de este modo, lo que en ocasiones se da cuando una persona colegiada inscrita en dicha lista se ve obligada a renunciar a la realización del dictamen pericial por no encontrarse capacitada para ello o, peor aún, que, con el atrevimiento que conlleva la ignorancia, llegue a realizarlo sin los más mínimos conocimientos requeridos.

El Real Decreto 174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en su artículo 8, letra g, referido a las funciones de los colegios, señala que estos deberán facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda. Ante esto nos preguntamos si no sería responsabilidad de los colegios el ofrecer a los juzgados una lista que esté compuesta por profesionales debidamente cualificados y cualificadas con competencias profesionales para actuar como peritos. Si esto fuera así, quizá se diera cumplimiento a lo que establece el citado artículo 8, esta vez en su letra h), de ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito de sus competencias, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, ejerciendo la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. Y esto, teniendo en cuenta que velar por la ética y dignidad profesional pasa por exigir que el trabajo que se realice sea riguroso y de calidad, contando para ello con la capacitación y competencia que permita desarrollarlo de forma óptima, lo que a su vez garantizaría la salvaguarda de los derechos de las personas susceptibles de ser evaluadas por las profesionales que se incluyeron en estas listas; derechos que corren un alto riesgo de ser fácilmente vulnerados cuando una profesional ejerce sin la debida cualificación.

Ahondando más en este asunto, debemos tener en cuenta que hay profesiones cuyas actividades repercuten de una u otra forma en la vida de las personas, siendo una de ellas el Trabajo Social; que debe, tal y como determina el artículo 5 del Código Deontológico de la profesión, resolver problemas en las relaciones humanas y fortalecer e incrementar el bienestar de las personas. La práctica pericial repercute de manera relevante o, incluso, muy relevante, en la vida de las personas que se encuentran inmersas en un procedimiento judicial al que acuden para resolver sus problemas; porque tal y como expresa Reyes (2015), “El peritaje social demanda tener una visión rigurosa y por sobre todo ética frente a un hecho que puede afectar la trayectoria de vida de los sujetos involucrados (…)” (p.68). Asimismo, las resoluciones judiciales que se adoptan en estos procedimientos pueden incidir en el bienestar de las personas protagonistas, pudiendo, en muchas ocasiones, estar basadas en lo aportado por el dictamen pericial.   

Otra de las preguntas que nos hacemos es qué lleva a un o una profesional del Trabajo Social a incluirse en estas listas colegiales sin contar con la más mínima formación y/o experiencia que le permita dar respuesta como perito a las distintas demandas judiciales que le puedan solicitar y que, debido a la complejidad que encierran en la mayoría de las ocasiones, requieren de unos conocimientos especializados para poder ser evaluadas. Este hecho puede dar lugar a la no aceptación injustificada del cargo de perito judicial; es decir, incluirse en la lista y, una vez que es requerida, renunciar sin que exista causa legal para ello. Esta situación debería estar recogida en nuestra normativa colegial como una falta de ética; es decir, como una actuación profesional negligente. Y decimos esto porque la razón que da lugar a renunciar a este llamamiento judicial no es otro que la falta de preparación y cualificación necesaria para el desempeño de la actividad pericial. Entendemos que es una falta de responsabilidad y, por ende, de ética, solicitar la inclusión en estas listas para realizar una actividad profesional como es la de perito judicial, con la responsabilidad que lleva aparejada, sin contar con la capacidad y competencia profesional para ello. Y, aún hay más: ¿Se conocen las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias en las que se puede incurrir por una mala praxis? Igualmente trasladaríamos estas preguntas a las y los profesionales que peritan desde la práctica privada.  

Ante este hecho, volvemos nuevamente a los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social que, en su artículo 37, establece como una infracción leve la negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales. Y, ante lo señalado por este artículo, nos preguntamos si podría considerarse una negligencia profesional el inscribirse en estas listas para actuar como perito judicial y cuando se es llamada para ello renunciar al mandato judicial por la sola razón de no estar en condiciones de dar respuesta a esta petición  por falta de formación y/o por no contar con el más mínimo conocimiento de cómo realizar dicho dictamen. Nuestra opinión es que sí debería ser considerada una negligencia esta actuación profesional. Y pensamos que podría considerarse como tal por la mala praxis que puede suponer realizar un dictamen pericial sin estar capacitado o capacitada para ello, sobre todo si tenemos en cuenta el artículo 13 de estos mismo Estatutos donde se recogen los deberes colegiales, siendo uno de ellos el que tiene toda persona colegiada de ejercer la profesión de acuerdo con la ética profesional. Ante esto nos surge la duda de si es ético realizar un dictamen pericial sin la capacidad profesional adecuada, teniendo en cuenta la responsabilidad que se asume al tener que evaluar para, posteriormente, pronunciarse sobre unos hechos relativos a situaciones de personas o grupos familiares; evaluaciones que pueden tener repercusiones de relevancia en la vida, tanto presente como futura, de dichas personas o grupos evaluados. No se puede perder de vista que la razón de un dictamen pericial es ilustrar a la autoridad judicial, por lo que no se puede llevar a cabo esta actividad profesional, que podemos definir como de alta responsabilidad, sin tener en cuenta o sin que importen los resultados de la misma.

A modo de conclusión, podemos afirmar que realizar un trabajo ético, riguroso y de calidad, necesita contar con una capacitación y competencias para su desarrollarlo, lo que dará lugar a una buena praxis que será resultado de la especialización con la que cuenta la perito. Por tanto, una cosa nos lleva a la otra, convergiendo ambas en una sola certeza: la necesidad de formación especializada en la práctica pericial. Ante esto, entendemos que la especialización es una cuestión de ética profesional.

REFERENCIAS

LEGISLACIÓN

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 90, de 14 de abril de 2000.
  • Real Decreto 174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. BOE núm. 56, de 6 de marzo de 2001.
  1. La negrita es de la autora ↩︎

4 de octubre de 2023

Raquel Muiño Sánchez
Trabajadora Social, Agente de Igualdad y Coordinadora de Proyectos Sociales

La discriminación racial es un problema persistente en nuestra sociedad que afecta la vida y el bienestar de las personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos. El Trabajo Social desempeña un papel fundamental en la prevención y abordaje de esta problemática, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para todos/as. En este artículo, exploraremos la discriminación racial y discutiremos cómo los/las profesionales del Trabajo Social pueden contribuir a su prevención.

Pero, ¿Qué entendemos por Discriminación Racial?

En la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial celebrada por las Naciones Unidas en 1963, se define la discriminación racial como: “Toda distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.”

El principio de no discriminación está contemplado en números textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En base a estos textos, ninguna persona, y mucho menos aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como aquellas susceptibles de recibir protección internacional, deberían ser discriminadas por ninguna razón.

Tipos de discriminación

La Directiva 2000/43/CE del Consejo de la Unión Europa de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico distingue entre discriminación directa e indirecta:

  • Discriminación Directa: Se produce en situaciones en que “por motivos de origen racial o étnico, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable”

“En la Fundación dónde trabajo en el marco de un programa de intermediación a la vivienda, una compañera de origen español consigue que la propietaria de una vivienda en alquiler, le dé su palabra que nos la va alquilar a nosotros, hasta que el Presidente de la Entidad de origen camerunés decide acompañar a la compañera en la firma del contrato de alquiler. La propietaria lo ve y le dice que no quiere alquilar el piso a personas negras…” y esto sin anestesia ni nada…

Otro caso de Discriminación Directa que ha saltado a los medios de comunicación en los últimos días, son los graves insultos racistas que el jugador del Real Madrid vive cada vez que juega fuera de casa – deseos de muerte, muñeco ahorcado con su camiseta, muchos gritos criminales… un infierno como él mismo relata.

  • Discriminación Indirecta: Se produce cuando una disposición, criterio o práctica que se plantea y aplica de manera neutral para todas las personas, coloca a un grupo étnico en desventaja por su especial situación o características (Informe sobre la discriminación de personas migrantes y refugiadas en España. 2016)

Nos encontramos en nuestro día a día –lamentablemente- a muchas personas que son tratadas de manera distinta para el mismo trámite, como es el caso de una chica marroquí acogida en nuestro recurso de acogida que acude al empadronamiento de la ciudad con un documento que nuestra entidad emite para ello, resultándole imposible hacerlo, pidiéndole un sinfín de papeles y poniendo miles de obstáculos, mismo día, diferente hora, acude otra chica con la misma documentación que la primera para empadronarse, mismo piso, misma ciudad y logra empadronarse sin problemas, diferencia entre una y otra, una llevaba velo la otra no.

A pesar de los avances en todas las áreas de la sociedad en el mundo, en la actualidad, sigue existiendo la discriminación racial a nivel mundial. La discriminación es uno de los tipos de exclusión más presentes entre los seres humanos y en el debate social. Además, se demuestra que el desarrollo económico de un país no siempre va de la mano con la igualdad.

Los casos de discriminación racial en España están más relacionados con la inmigración y la llegada de refugiados debido al conflicto y la pobreza que sufren en sus países. Estos individuos son objeto de actos discriminatorios. Pero no solo ellos, sino también los nacidos y criados en el país pertenecientes a familias de inmigrantes.

La dificultad para regular la situación administrativa en nuestro país,- en el mejor de los casos, tres años-, no hace más que fomentar esta discriminación racial de la que estamos hablando, “Cerca de medio millón de personas no existen para el Estado, por lo tanto están fuera de la planificación de los servicios públicos” El clima social que ha creado la extrema derecha con su discurso de odio racista, y la inacción del propio Gobierno por no llevar a cabo políticas antirracistas, hacen que una parte de la población haya incorporado muy claramente una serie de discursos. Para diseminar estos discursos, todo vale. Incluso las fake news, la mentira, la desinformación o las falacias (M. Velasco, 2021)

En España todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de resolver los casos de discriminación racial. Sin ir más lejos, según el informe “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas 2020” del Ministerio de Igualdad, solo el 18,2% de las personas que experimentaron una situación discriminatoria por motivos raciales o étnicos presentaron alguna queja, reclamación o denuncia en 2021 (Araico et al., 2020).

Este mismo informe (CEDRE 2021) desvela que los ámbitos en los que las personas están percibiendo mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda, el de establecimientos o espacios abiertos al público, y el ámbito laboral.

La discriminación residencial, una consecuencia del racismo estructural. El estudio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica), “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020”, destaca que la vivienda es la esfera que registra la tasa de discriminación más alta de todos los ámbitos analizados en 2020. Concretamente, un 31% de las personas de origen étnico o racial encuestadas percibieron discriminación en el acceso a la vivienda. Aquí en Huelva tenemos el caso de los asentamientos chabolistas, miles de trabajadores agrícolas que a pesar de tener dinero para pagar un alquiler y pese a lo que piensen la gente que les gusta vivir así, la realidad es que nadie les alquila una vivienda viviendo en condiciones infrahumanas peor que un campo de refugiado como expresaba el relator de la ONU “Philip Alston” (Martin M,2020) El racismo estructural y la exclusión residencial son dos de los factores que influyen en la entrada a asentamientos informales, lo que refleja la incapacidad del sistema de provisión de vivienda para dar una solución a dichos problemas.

Esta discriminación racial influye en la exclusión residencial, al limitar o bloquear tanto el acceso a una vivienda como el mantenimiento y permanencia. La discriminación se presenta con frecuencia de manera oculta, mediante excusas, cambios en las condiciones de arrendamiento, aumento de requisitos de acceso a la vivienda o a través de la no renovación del contrato de alquiler, en el caso del mantenimiento y permanencia en la vivienda. Por otra parte, el 90% de las personas que viven en los asentamientos analizados en el estudio, pertenecen a algún grupo étnico que sufre con asiduidad discriminación racial.

El informe revela que, en la mayoría de situaciones analizadas, existe un deseo por parte de sus habitantes de salir del asentamiento o de mejorar las condiciones de vida en el mismo. Sin embargo, en muchos casos, antes de llegar al asentamiento, han pasado por procesos de discriminación racial en el ámbito de la vivienda o se han enfrentado a requisitos de acceso inasumibles o a la pérdida de una vivienda anterior.

El trabajo social es una disciplina que se preocupa por promover el cambio social, resolver conflictos y fomentar el bienestar de las personas, las comunidades y las sociedades en general. Uno de los desafíos más importantes que enfrentan los/as trabajadores/as sociales es el racismo y la discriminación racial que afectan a muchas personas y comunidades.

En Huelva, una ciudad ubicada en el sur de España, el racismo y la discriminación han sido una preocupación importante durante muchos años. La ciudad tiene una larga historia de inmigración, especialmente de África y América Latina, y muchos de los inmigrantes han enfrentado barreras y desigualdades debido a su origen étnico y racial.

Los/as trabajadores/as sociales en Huelva tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el racismo y la discriminación. Para ello, es fundamental reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que presenta esta situación y trabajar en colaboración con las personas y las comunidades afectadas. Las organizaciones y grupos de la sociedad son esenciales en el campo de la promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Una de las formas en que los/as trabajadores sociales /as pueden abordar el racismo en Huelva es a través de la educación, sensibilización y concienciación, a través de campañas de sensibilización y movilización social, de acciones de educación en derechos humanos o de la publicación y difusión de recursos, guías y documentos temáticos en la materia. Es importante que las personas comprendan la naturaleza y el impacto del racismo en la vida cotidiana, así como las formas en que se puede prevenir y combatir. Los/as trabajadores/as sociales pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la educación y la sensibilización a través de talleres, grupos de discusión y otras actividades comunitarias.

La formación, capacitación y empoderamiento de agentes clave (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de la intervención social o de la comunicación, profesionales de los centros de enseñanza…) para sensibilizar sobre la realidad del racismo, promover una mejor comprensión de este fenómeno y dotarlos de herramientas apropiadas para combatirla sería otra forma de abordar esta lacra.

Además, los/as trabajadores/as sociales pueden trabajar en colaboración con las personas, agentes claves y comunidades afectadas para abogar por un cambio social. El trabajo en red para sacar el máximo provecho, coordinar más eficientemente los esfuerzos realizados y aumentar la eficacia de sus acciones.

Las personas vulnerables son las más propensas en sufrir discriminación racial, cultural y étnica en el mundo, por ello llevamos a cabo proyectos sociales, culturales, educativos, sanitarios, etc. para luchar contra ello.

Sabemos que el primer paso es respetar la diversidad para erradicar de una vez por toda la discriminación en todas sus formas, y el segundo unir nuestras fuerzas para apoyarlos y que tengan una vida digna sin discriminación.

En resumen, el racismo y la discriminación son problemas importantes en Huelva y en muchas otras comunidades en todo el mundo. Nuestra profesión, tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el racismo y la discriminación, y pueden hacerlo a través de la educación y la sensibilización, el trabajo comunitario y la promoción del cambio social creando sociedades más tolerantes.

BIBLIOGRAFÍA

  1. Informe sobre la discriminación de personas migrantes y refugiadas en España. 2016. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminaci%C3%B3n.pdf
  2. Velasco M. 2021. La estrategia de Vox para normalizar el discurso de odio. Huffpost. https://www.huffingtonpost.es/entry/la-estrategia-de-vox-para-normalizar-su-discurso-de- odio_es_60816c26e4b0dff2540242d9.html
  3. Araico et al.,2020 “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas 2020 https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados/pdf/08PERCEPCION_DIS CRIMINACION_RACIAL_NAV.pdf
  4. Martin M. 2020. El campamento de la vergüenza. El país. https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-relator-onu-situacion- recolectores-fresa-huelva-peor-campo-refugiados-20200207182726.html

Málaga, 22 de septiembre de 2023

Raquel Fernández Nieto
Trabajadora Social

Aprovechando este espacio, me gustaría escribir una carta abierta dirigida a todas aquellas personas que actualmente estén estudiando el Grado de Trabajo Social, y que en un futuro inmediato pasarán a ser compañeros/as de profesión.

Estas líneas están sacadas de mi propia experiencia, quizás no acabe siendo la tuya, pero espero que te pueda ayudar a tirar hacia delante, coger impulso, y por supuesto a estar orgulloso/a de la profesión que has escogido. Porque sí, el Trabajo Social te va a gustar.

Me gustaría empezar con la parte más difícil de esta larga travesía, por la simple razón de que conocer la realidad del ámbito y la profesión que estamos estudiando es la forma más adecuada de aceptar y construir el camino y sobre todo nuestra experiencia laboral y/o profesional

Porque como rezan las líneas del poema de Antonio Machado (1912) (1): “Caminante no hay camino, se hace camino al caminar”. Así que vamos allá, recorramos el camino.

En primer lugar, has de saber que, aunque por mucho concepto teórico que veamos en la carrera, conoceremos realmente lo que es el Trabajo Social cuando salgamos al mundo real.

Esto se debe a que durante los cuatro años que dura el Grado de Trabajo Social estamos en una especie de burbuja conceptual, donde nos enseñan  conceptos básicos de la profesión, pero no realmente sabemos aplicarlos. En pocas palabras, mucha teoría y poca práctica.

Durante mis años como estudiante de Trabajo Social las horas de prácticas profesionales eran escasas en comparación con otros grados universitarios. Afortunadamente, poco a poco la carrera está cada vez más orientada a la excelencia y van introduciendo cambios. No obstante, no será hasta que empieces a ejercer como profesional del Trabajo Social cuando conozcamos de primera mano la realidad.

Y será en ese momento donde podrás aplicar todo lo aprendido durante tus años de universidad, especialmente tus habilidades sociales y no en el pupitre de la facultad. La atención social pone a prueba tu asertividad, empatía y sobre todo la escucha activa. 

Otra realidad es que no, no vamos a cambiar ni a salvar al mundo (a gran escala) con nuestro trabajo ya que no somos superhéroes ni superheroínas. Debes saber que en ocasiones hay muchas trabas ya que dependes de muchos factores externos, los cuales la mayoría se escapan de nuestras manos. (Políticas Públicas, acuerdos, convenios con instituciones o burocracia administrativa)

Desgraciadamente no tenemos esa varita mágica pero no hay nada más bonito que poder aportar tu granito de arena cada día como profesional en la entidad u organización en la que trabajas.

Cosas tan simples como sacarle una sonrisa a una persona que le estás realizando cualquier trámite y tiene una situación realmente compleja, consultar un Ingreso Mínimo Vital que tramitaste, y ver que está resuelto de forma positiva o recibir la noticia de una usuaria a la que estás realizándole un itinerario de inclusión sociolaboral ha conseguido un puesto de trabajo, son esas pequeñas cosas que le dan sentido a la profesión, y a nunca tirar la toalla. 

Y no, con esto no quiero desanimar a nadie, pero la gran realidad del Trabajo social es esa, el riesgo de exclusión social y/o desigualdad, así como la pobreza no va a acabar solo con nuestro trabajo. 

Y creedme, ojalá pudiéramos acabar con todas estas situaciones. No podemos luchar contra gigantes, pero sí contribuir a reducir su impacto en la sociedad. 

Otra gran realidad de la que no nos hablan es la precariedad laboral. Actualmente, hay compañeros/as con contratos en dudosas condiciones económicas y laborales, así como como horas extra y trabajo que no se ve recompensado. 

Hernández Echegaray (2017) (2) afirma que la precarización laboral crea un mercado dual de profesionales del Trabajo Social, y un número alto de desempleo y subempleo.

Todo lo anterior crea la sensación de que simplemente podemos optar a un camino: El de la administración pública, o lo que es lo mismo opositar como única vía de salvación.

Hablando de lo público, opositar no es un paseo, quien decida optar por esta vía lo primero que tiene que saber es que es un camino largo, tedioso y en muchas ocasiones frustrante por muchos motivos: escasas convocatorias y oferta de plazas en Trabajo Social, preguntas de exámenes que no se corresponden en muchas ocasiones a las funciones del Trabajo Social, entre otras problemáticas.

Así pues, deciros que lo público existe y es una opción, pero el ejercicio libre cada vez es más real. Existen cada vez más compañeros/as que deciden emprender y embarcarse en este camino hoy en día desconocido para muchos.

Y hasta aquí lo negativo, sé que puede parecer abrumador, pero creedme cuando os digo que hubiese agradecido que me hubiesen dicho este tipo de realidades cuando todavía estaba en mis años de universidad.

A pesar de todo lo comentado, luchar por el Trabajo Social merece la pena. Personalmente estoy muy orgullosa de haber escogido la profesión, y seguir cada día intentando por lo menos aportar mi granito de arena.

La profesión ha dado pasos agigantados, cada vez hay más formación, los colegios profesionales cada vez están más al día y luchando por visibilizarnos, pero aun así debemos seguir remando y conseguir avanzar por conseguir un trabajo social digno, y con ello una sociedad más inclusiva, y que por fin se nos ponga en valor nuestro trabajo.

Todavía nos quedan pequeños cambios que deben llegar como por ejemplo el conseguir que se nos siga conociendo como ‘asistentas sociales’, o la mera tramitadora de ayudas. El trabajo social es más que eso, y prueba de ello es que el abanico es cada vez más amplio.

Solo me queda deciros que luchéis, que os sintáis orgullosos/as de la profesión, y que nos vemos pronto en el camino.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Manuel Machado. (1912). Campos de Castilla. 

(2) Arantxa Hernández Echegaray. (2017). La precarización laboral como factor de la desprofesionalización del Trabajo Social. Análisis y propuestas desde la perspectiva experta. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6588968

Valencia, Galicia y Málaga, 3 de agosto de 2023

A finales de junio, en el Valle del Baztán -lugar conocido por su belleza natural, su rica historia y cultura, enclavado en  Lekaroz (Navarra)- ha tenido lugar la II Edición de la Escuela de Verano: “Cuidar/nos para el bienestar y la calidad profesional”, organizada por el Consejo General del Trabajo Social, un espacio de encuentro y reflexión personal e interprofesional sobre la importancia de cuidar desde nuestra intervención y cuidarnos como profesionales del trabajo social.

Cuatro han sido los ejes temáticos sobre los que se ha trabajado: Cuidarnos para cuidar, Cuidado grupal, Ética del cuidado, Género y cuidados. 

Cinco profesionales del Trabajo Social, que han participado en esta Escuela, han querido compartir esta experiencia con nosotros/as.

Sonia Ricart Demira

En medio de una vorágine de obligaciones llegó el fin de semana de la Escuela de Verano de Trabajo Social. No tenía expectativas porque ni siquiera tenía tiempo para pensarlas entre TFM -Trabajo Fin de Máster-, trabajo y obligaciones varias. Además, iba a colaborar en ese lema del “autocuidado” con el que se organizó la escuela, dando clases de yoga a mis compañeras/os de profesión y eso me tenía un pelín nerviosa.

Después de un madrugón llegamos a la parada de autobús, había gente de muchos lugares, muy sonrientes y con sus esterillas. Navarra verde y la naturaleza imponente del Valle de Baztán, eran el escenario perfecto para abrazarnos en un fin de semana de crecimiento.

Llegamos y nos asignaron las habitaciones: la 213. Habitamos junto con personas procedentes de cada punta de España: Málaga, Galicia y Valencia, “un triángulo si unes los puntos”, pensé. 

Observar, nervios, primeros intercambios de palabras con las compañeras y compañeros de habitación. Empezamos la escuela con ilusión, ganas y arropadas por sonidos de bienvenida de la tierra que nos acogía. Con un discurso alentador y un espíritu compartido de profesión, en rebeldía para desobedecer y luchar en resistencia donde las cosas son posibles cuando lo parecen.

El primer día sirvió para romper el hielo con una dosis de herramientas para gestionar la incertidumbre: optimismo inteligente, relaciones sociales, autoestima, flexibilidad, determinación y gestión de emociones. 

Después cena de campamento e ilusión por el ‘aquelarre’. Había magia en el ambiente, historias de brujas del pasado, de mujeres fuertes que querían hacer callar. Excursión nocturna, conocer a otras/os compañeras/os: Cantabria, Castellón, Zaragoza, Canarias…, saltar hogueras con miedo pero con ímpetu, quemar un papel con cosas que quieres que desaparezcan como: el síndrome de la impostora, la culpa o la ultraderecha…, celebrar rituales con la intención de crear y creer, construir y compartir, de formar parte y de participar, de habitar nuestro territorio, a nosotras mismas y el grupo. Queimada bajo un cielo estrellado y conjuros.

A la mañana siguiente madrugaron 60 personas para venir a la clase de yoga, casi me da un ‘parraque’. Lo hice lo mejor que supe intentando transmitir los beneficios de una práctica de autocuidado accesible para todo el mundo. La habitación 213 al completo apoyándome, gracias compañeras y compañeros. 

Un desayuno como los de mi infancia. con su pan con mantequilla y su Colacao, y directas al taller sobre cuidado compasivo. Compasión, que gran palabra y que pedazo de significado, y como se ha denostado su utilización. Respirar para calmar emociones, algo tan básico como acompañar al grupo, hacer otro trabajo social desde otros espacios y con otras herramientas. Empieza por creértelo tú y actúa desde la empatía, la bondad, la generosidad y la aceptación.

Nos vamos al autocuidado con perspectiva feminista y con base humanista. El encuentro como mayor riqueza, cuestionar actitudes, crear un contexto seguro comunitario deconstruyendo el estado de bienestar actual asentado en una base individualista. Hacer el espacio nuestro, un espacio de encuentro desde la pertenencia y el poder con el afecto y la compañía atravesando todas nuestras acciones como técnicos y como personas. Cambiar la mirada, que es el sentido que más juicio introduce en nosotras/os y utilizar el cuerpo como medio de relación.

Visita a las Cuevas de Zugarramurdi, naturaleza salvaje y una energía brutal donde hicimos una foto de grupo que quedará grabada en la memoria de quienes compartimos esta escuela. Banquitos y escenarios bucólicos con sonidos de agua y mucho calor, pero seguíamos sonriendo, compartiendo y acercándonos cada vez más. Por la noche fiesta con canciones de todas las generaciones.

A la mañana siguiente psicodrama y más magia. Empezamos relajándonos, gritamos y lloramos. Nos tiramos por el suelo y jugamos a ser personas sin juicios y con amor desde la diversión, el respeto y la cohesión.  Un espacio seguro donde jugar, pero también donde crecer, donde soltar y donde nutrirnos. 

Compartimos un espacio de intimidad cerrando los ojos y acariciando las manos de un/a compañero/a, escuchamos indicaciones que al principio seguíamos con nervios pero que después se convirtió en una experiencia de bienestar con el cuerpo, de dejarse llevar y sentir. Y Maite despertó mis ganas de saber más, en septiembre me espera otro master.

Y como guinda del pastel nos esperaba la deontología y el cuidado. Desde el punto de partida de una ética dialógica y relacional, reflexionamos sobre la excelencia profesional: prudencia, responsabilidad y compasión. Hicimos un collage con la advertencia de que todo se convierte en producto de consumo y concluimos la necesidad de una centralidad distinta. Abajo la autosuficiencia y arriba la fragilidad del ser humano para universalizar el poder del cuidado, la vulnerabilidad politizada se acaba organizando.

Un cierre divertido, emotivo, bailongo y con alfombrillas de Mary Richmond, donde nos llevamos el corazón contento y la cabeza en acción.

Vuelvo con la certeza de que tenemos la capacidad, los conocimientos y las ganas como profesión para seguir generando cambios en la sociedad. Potenciar encuentros como la escuela de verano nos recordó nuestra esencia, nos movió hacia el grupo, hacia la generación de nuevas formas, nos reilusionó con la profesión, a pesar de los obstáculos. Compartir frustraciones, obligarnos a parar, el poder terapéutico de la palabra y el grupo vivido en primera persona, es claramente una estrategia de cambio. Pero además, incluyo la reflexión: “nos falta poder de lucha”, de unión, de cohesionarnos para generar demandas claras y firmes hacia nuestra profesión, tanto para las personas con las que trabajamos como para nosotras y nuestras condiciones laborales. La escuela sirvió para abrirnos en canal, junto con un montón de personas buenas y de buenas profesionales, intentando seguir creciendo para seguir estando disponibles a otras personas. Un sentir compartido de querer cambiar las cosas, de frustraciones y de ilusiones, un sentir compartido de grupo y de profesión.

Os recomiendo sin duda que no os perdáis la próxima. NAMASTE.

Javier Calvo Carrión

El madrugón se impuso para llegar a tiempo a la II Escuela de Verano: Cuidar/nos para el bienestar y la calidad profesional, celebrada en Lekaroz. Su paisaje en calma y su historia repleta de lucha en cada valle compensaba la inquietud y la sorpresa que me generaba esta escuela de verano. En primer lugar, un título que para qué negarlo, me continúa generando cierta resistencia, puesto que denominar “cuidar” a un acto realizado por una profesión eminentemente repleta de mujeres me genera muchas dudas. 

Las convenciones sociales, los estereotipos y las imposiciones de género, o de manera más directa, un sistema patriarcal cruel e infame que relaciona directamente los cuidados con las mujeres, ¿es admisible hacer uso de este concepto en una profesión que entre sus bases se encuentra la transformación social? ¿o más bien se trata de la reproducción de todas estas imposiciones por el hecho de ser mujeres? La relación del trabajo social con los flotadores sociales la podemos dejar para otra publicación y para evitar también la ofensa, porque al parecer, el paternalismo la profesión lo abandonó hace muchos años, o no… “El diablo está en los detalles”.

La alegría, la fraternidad y, en definitiva, la camaradería fueron la tónica de esta escuela de verano, con cierta sensación de palmadita en la espalda para poder continuar a la vuelta, cada una en su propio contexto precarizado. El sentirte parte de algo es la esencia misma del corporativismo, y la celebración de este tipo de eventos es llevarlo hasta el paroxismo, “los símbolos solo sirven para alimentar la frágil creencia de los fanáticos”. La exaltación de la profesión fue una constante, y los debates autocomplacientes no cesaron, incluyendo cierto tufo a coaching, vinculado este más a justificar la violencia y el empobrecimiento a través del lenguaje, que a la transformación social. En estos mundos de la psicología positiva, el coaching y demás magufadas no existe el conflicto, la desigualdad ni por supuesto, la lucha de clases. Lo estructural de los problemas sociales fue algo que eché de menos, aunque entendiendo el objeto de la escuela de verano es relativamente permisible.

La habitación 213 fue un pequeño refugio dónde soñar, dónde rememorar luchas pasadas y dónde intentar acercarnos a la utopía, creyendo que otro mundo es posible. La épica reside en los muros de la cotidianidad, y las relaciones de tú a tú fueron la verdadera esperanza de todo esto, compañeras que pelean desde el corazón, cada una a su manera, por la justicia social y la transformación. Diferentes realidades se imponían en las conversaciones, con el ánimo y las ganas de compartir, desde la bella tierra andaluza, labrada en base a la lucha y la tierra gallega en la que también se puede contar innumerables ejemplos de resistencia.

El sentir, el tocar y el compartir son los mayores regalos que nos ha podido hacer esta escuela de verano, desde el psicodrama hasta la relación con la sexología, la ética o el humor. Grandes personas unidas bajo un ideal relativamente común, en la que nos abrimos en canal y pusimos el cuerpo y alma en ella, dejándonos compartir y permitiéndonos la fragilidad.

Compañeras y compañeras de profesión, cada una con su mirada, con su manera de hacer las cosas, pero con unos valores que no se compran ni se venden, y con los que tampoco negociamos con la realidad. La principal conclusión, es que es necesaria la organización de clase, más allá del gremialismo de los colegios profesionales para hacer posible la transformación social. Un placer compartir estos momentos de fraternidad y comprensión, rodeados de unas montañas en las que aún resuena el eco de luchas pasadas por las que merece la pena recoger el testigo.

Fuente: Consejo General del Trabajo Social

Tania Luque Moreno

Participar en un encuentro con profesionales del Trabajo Social siempre es un acontecimiento importante y enriquecedor, pero hacerlo en un entorno especial, rodeada de naturaleza y con una temática sobre cuidarnos para cuidar, es otra historia. 

Si hay algo a destacar en esta escuela de verano es el ambiente, el físico, con un paraje natural precioso, pero sobre todo el relacional; porque desde el primer momento que fuimos llegando nos sentimos acogidas por todas las personas que conforman el CGTS y porque veníamos predispuestas, con buen ánimo y muchas ganas de disfrutar, y eso, lo cambia todo. 

Se creó buen clima desde el primer momento; en las habitaciones compartidas, en la nuestra, la 213, que conforme íbamos llegando nos saludamos con alegría y cercanía; y también en los talleres, la mayoría enfocados a lo emocional, a lo íntimo, a mirarnos y mirar a las/os demás, pero siempre con respeto y con un cuidado que te permitía expresarte y sentirte parte. 

Y que importante es sentirnos parte de algo, y para mi este encuentro ha ido mucho de eso; de reconocernos como profesionales del Trabajo Social, de reconocer a las compañeras y compañeros con nuestras vulnerabilidades, de contar las unas con las otras, y de saber que a veces podemos y tenemos que parar para reconducir y para mimarnos un poquito. Porque, sin duda, el cuidarnos es esencial para que podamos convertirnos a nosotras/os mismas/os en el mejor recurso y la mejor herramienta de intervención que tendremos nunca.

Espacios y experiencias como esta hacen equipo, aunque seamos de puntos de España a 1.000km de distancia; porque somos una profesión que se ocupa de las relaciones, pero a veces nos olvidamos de relacionarnos entre colegas, y de ahí, es de donde salen las mejores ideas.

Me vuelvo a casa con la mochila llena de buenos ratos, con ideas y conocimiento nuevos que seguiré explorando, y también con la suerte de haber conocido a compañeras y compañeros que tienen mucho que decir. 

Lorena Bouza

2 de junio de 2023: era un viernes atípico; festivo local en mi centro de trabajo y extrañamente me encontraba en casa. Revisando novedades en mi ordenador algo llama mi atención: la última publicación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia ofreciendo 5 becas para asistir a la II Escuela de Verano. Sin pensármelo ni un segundo cubro los datos y cruzo los dedos esperando recibir noticias suyas pronto. Un fin de semana hizo que la espera fuese algo más larga de lo habitual pero la llamada llegó a golpe de lunes: efectivamente había sido admitida. Y un par de horas más tarde, uno de mis compañeros de profesión me confiesa que a él también lo habían seleccionado. Ahí empezamos a organizar el viaje con toda la ilusión y a la vez desconocimiento por lo que nos esperaba en el Valle del Baztán. Reconozco que acepté sin pensarlo, pero días antes venían a mi mente pensamientos tóxicos y recurrentes que intentaban sabotear la experiencia sin ni siquiera haber salido de nuestra Comunidad Autónoma. Menos mal que no suelo hacerles caso porque de lo contrario estaría perdiéndome, sin duda, una de las mejores experiencias que he vivido últimamente. 

Pablo y yo llegamos a Pamplona una hora antes de lo acordado. Nuevamente entraron las dudas durante la espera, pero rápidamente se disiparon con el trasiego de la gente. Entonces nos propusimos un juego: el de reconocer a nuestros/as compañeros/as. Así fue como conocimos a Tere, recién llegada de Alicante. Y a partir de ahí, fueron llegando el resto. Recuerdo esos primeros intercambios, las presentaciones, los nervios… que hicieron que el viaje de Pamplona al Valle de Baztán fuese más silencioso de lo habitual. 

En el albergue de Lekaroz nos recepcionan los/as compañeros/as del Consejo General del Trabajo Social y automáticamente nos asignan la “habitación 213”. Pablo y yo nos instalamos y rápidamente aparecen Javi y Sonia de Valencia y algo más tarde llegan Tania y David de Málaga. Las presentaciones fueron cortas porque la convivencia ya había empezado y el programa con sus tiempos ya establecidos había que cumplirlos.

Como buena convivencia, no podría empezar de mejor manera que con una comida, momento de dispersión para empezar a conocerse. Ya por la tarde, comienza la Escuela de Verano con la presentación oficial y algunos talleres y dinámicas para entrar en materia. El fin de semana discurre entre sesiones de yoga al despertar, talleres y momentos de ocio (con fiestas, visitas, etc). 

Las clases de yoga fueron un auténtico descubrimiento de manos de nuestra compañera de habitación; todo un acierto incluirlas en el programa ya que nos dieron la energía que necesitábamos para afrontar los días cargados de actividades. 

Los talleres, todos distintos, pero indispensables, nos dieron pequeñas nociones a ampliar para el autocuidado y la ilusión de traer nuevas ideas a nuestro día a día. 

Y los diferentes momentos compartidos con los/as compañeros/as hacen que salga con un gran sentimiento de pertenencia. A diferencia de otro tipo de eventos creo que tenía el número ideal de participantes, pero sobre todo éramos el grupo perfecto: con la sintonía idéntica de vivir la experiencia y querer compartir. 

Esas 48 horas giraron en torno a un número: la 213, ahí se dio la convivencia en su esencia más pura. 6 personas distintas y de diferentes puntos de la geografía española, sin embargo, desde el minuto 0 se generó esa buena conexión, con complicidad que hizo que todo fuese más fácil.

Sin duda, ha sido una de las experiencias más reconfortantes y que más ha llenado mi alma. 

David Caracuel Ruiz

Después de un viaje largo, con muchas incidencias y peripecias incluidas: trenes parados, carreras por las estaciones de esas que profesionales del Trabajo Social sabemos hacer para llegar a todo y conseguir alcanzar el último tren al toque del claxon, llegamos a tierra pamplonica. 

Pisar la tierra del Valle del Baztán te atrapa. con sus tonalidades verde y ocres, sus caseríos únicos,… Comenzar las jornadas con música de las manos de Idareta, tocando el alma, como esos dilemas éticos de los que nos tocan dejando ese aroma estelar en la escuela para el devenir de los días. 

Como el clima de confianza de la habitación 213 desde el primer momento, ese clima de confianza que se genera entre profesional y persona usuaria, de trabajar mano a mano para cambiar la situación, recorrer y vivir la que sería una experiencia única e irrepetible. 

Los talleres se van sucediendo, los momentos de encuentro y café para ir conociendo a la que sería la pequeña gran familia del fin de semana. 

Un lugar único, donde solo había personas corcho, de esas que nos habló Carlos, nada de personas plomo, que solo nos roban las energías, y que nadie nos cuidará si no lo hacemos por nosotras mismas, no hay un milagro como el de San Isidro Labrador, la labranza de esta sociedad es nuestra y solo nuestra. 

Cohesión grupal, rescatar y trabajar desde lo colectivo, pudiendo vencer nuestros miedos a decir “Basta/No” tal y como pudimos comprobar con Isabel y Belén, y seguir alzando las alas como los cóndores.
Sin olvidarnos que nos debemos abandonar la perspectiva feminista y que podemos encontrarnos a través de nuestro cuerpo. Y con nuestra deontología como bandera, para conseguir ser profesionales de excelencia, podemos desnudarnos y abrirnos en canal tal y como nos habla Pedro Pastor en su canción:

Desnudémonos para creernos
Pa’ comprendernos, para aprendernos
Para conectarnos

Sin duda también hubo tiempo para el ocio, visita cultural a las Cuevas de Zugarramurdi, a la localidad fronteriza de Ainhoa y para la magia para quemar todo lo malo en ese Akelarre en tierras de Brujas y la queimada ofrecida por colegas gallegas, con conjuro incluido. Sin dejar una “Noche Ochentera, Noventera” para mover el esqueleto. 

Indiscutiblemente una experiencia donde seguir aprendiendo a cuidarnos para cuidar, saliendo cómo profesión fortalecida con el famoso IPO de nuestra presidenta Emi; Identidad, Pertenencia y Orgullo, para seguir siendo agentes de cambio para nuestra sociedad.

Para concluir y estando en tierras navarras no hay mejor manera que haciendo un símil con ese famoso cántico pamplonica:

“Al Trabajo Social pedimos,
por ser nuestra profesión,
nos guíe a construir una sociedad,
más social, más igualitaria y diversa”.

Las Palmas, 20 de julio de 2023

Minerva Herrera Santiago
Trabajadora Social. Gran Canaria

Carla Segura Ortiz
Trabajadora Social. Gran Canaria

En los últimos años la llegada masiva de personas inmigrantes, procedentes de países extracomunitarios a territorios pertenecientes a la Unión Europea, ha traído consigo la llegada de un gran número de menores extranjeros no acompañados, que se hallan en diferentes países europeos y son las autoridades competentes de estos, los que deben tomar decisiones con respecto al futuro próximo de estos menores.

Este artículo pretende impulsar la reflexión acerca del procedimiento de determinación de edad con respecto a las personas inmigrantes. Además, son muchos los casos en que estas personas llegan a las costas como menores, sabiendo el provecho que pueden obtener de los servicios destinados a este colectivo. 

Por tanto, se requiere de un examen médico concreto, realizado normalmente por un médico forense, que pueda estimar dicha edad, para que posteriormente las autoridades competentes puedan tomar diferentes acciones que se consideren. Siendo este un proceso largo, este artículo tiene la intención de explicar y resumir las partes fundamentales del mismo. 

No siendo objeto directo de este documento, es importante mencionar que las actuaciones llevadas a cabo en este sentido, quedan enmarcadas dentro de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España, y su integración social. Además, se incluye el Real Decreto 240700 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; y por otro lado, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

El presente artículo se realiza a través de una revisión bibliográfica con análisis de contenido, de forma concreta, acerca de las pruebas óseas en el ámbito de la migración, desde un punto de vista autonómico. En este sentido, la metodología cualitativa llevada a cabo, aspira a recoger la información sobre un tema específico, ya mencionado con anterioridad, para posteriormente proceder a su interpretación, enfocándose hacia los aspectos más culturales e ideológicos.  Asimismo, este tipo de metodología hace referencia a un planteamiento más inductivo,donde se originan premisas generales a partir de situaciones concretas.

Razones de la emigración.

Desde un principio, se debe tener en cuenta que las personas extranjeras procedentes de África no suelen tener como objetivo principal llegar a la Comunidad Autónoma de Canarias al realizar una travesía de aproximadamente más de diez días.

El objetivo principal de toda persona extranjera es llegar a la España que se les prometió, una gran masa de tierra donde hay oportunidades para todas las personas, la cual está conectada con otros países, por lo que es el lugar de paso perfecto para conseguir dinero y seguir la ruta migratoria. La travesía que se les prometió se convierte en días de viaje, que para algunas poco se convierte en la suerte de llegar con vida a unas islas en las cuales se les retiene, y nada es lo que pensaban.

Si nos centramos en los menores extranjeros, muchos de ellos son enviados por sus padres, ya que tienen el pensamiento de que los/as más pequeños de su familia podrán llegar a un sitio mejor que su propio país para trabajar y mandar dinero a casa. Con esta idea, es con la que llegan la mayoría de menores extranjeros, pero nada tiene que ver con este gran sueño. 

Diferencias entre la edad legal y la edad biológica

Dentro del proceso de la estimación forense de la edad, en este caso, de un supuesto menor extranjero, lo primero a tener en cuenta es la existencia de una dicotomía entre la edad legal y la edad biológica.

Por un lado, la edad legal hace referencia a aquella que las autoridades legales y fiscales tienen la necesidad de conocer, para poder aplicar de forma adecuada las normas legales, y además, hace referencia a un orden cronológico. De este modo, se hace necesario la intervención de un profesional como es un médico forense, para estimar la edad cronológica de la persona en cuestión, y abrirle paso a otros profesionales en el desarrollo de sus funciones.

Por otro lado, la edad biológica no define un concepto cronológico, sino que se define por la identificación de factores en el proceso de maduración y desarrollo de la persona. Por tanto, en relación con la edad biológica no se hace necesario la intervención de un médico forense, sino quizás de un profesional orientado más hacia la psicología. Esta se considera una aproximación más subjetiva de la edad de la persona, ya que se estima mediante el mantenimiento de una conversación aislada con el mismo, normalmente en distintos idiomas, con ayuda de un/a intérprete, etc. Todo ello, en su conjunto, hace que la información se disipe y pierda firmeza.

La actuación profesional y las pruebas de determinación

La intervención por parte de los/as diferentes profesionales para determinación de la edad, en Canarias, comienza con una reseña policial donde se recogen los datos personales de los/as migrantes durante la filiación que tiene lugar en las primeras 72 horas y posteriormente, si es necesario, se pasaría a la realización de las pruebas de determinación de la edad, que en función de las isla son variables, pero se estipulan las siguientes pruebas:

  • Radiografía de mano.
  • Radiografía del desarrollo dental.
  • Radiografía de clavícula.

En esta recopilación de información no siempre se obtienen documentos oficiales donde se refleje la edad real de la persona extranjera, por lo que entra en juego el testimonio de la persona y la edad biológica. Es decir, que como punto de partida, los policías hacen uso de la edad biológica mediante la observación del físico del individuo o de su nivel cognitivo al responder las preguntas.

En este punto, se abre un debate extenso sobre la variabilidad de criterios que causa confusiones en proceso a la determinación de la edad, afectando a los/as profesionales en su actividad. Al seguir un proceso con la edad biológica la cual se basa en el criterio que tenga cada profesional de la policía, muchas personas mayores de edad se cuelan en el sistema preparado para menores, poniendo en riesgo a estos. Es por ello, que se considera necesaria la aplicación de un criterio general que abarque, al menos, al territorio español en cuanto a las pruebas que se requieren para determinar la edad, y de este modo, se unificaría el procedimiento a seguir, obteniendo como resultado una mejora de la práctica profesional, dado que existiría un sólo modo de actuación ante estos casos.

Con esta unificación en la práctica profesional, nos referimos al trabajo en red que se lleva años pidiendo desde los Servicios Sociales a nivel autonómico. Este planteamiento se orienta hacia una formación y apoyo por parte de Save The Children a la Cruz Roja y la Policía Nacional, ya que estas instituciones son las primeras que entran en contacto con las personas extranjeras al llegar a Canarias, y las que deben determinar la edad de las mismas. De este modo, la llegada y acogida de los/as menores se haría de un modo más sistémico y sencillo, agilizando los procesos de determinación de la edad de una forma más eficaz.

El tiempo de espera.

Se considera que se abre una nueva vertiente relacionada  con esta problemática, dado que la obtención de los resultados de las pruebas se alarga más de lo debido en el tiempo y contrae otra serie de cuestiones.

En este sentido, las pruebas forenses que se realizan en las islas son enviadas a penínsulas para su estudio, y posteriormente, son devueltas con sus respectivos resultados y enviadas a fiscalía; se trata de un proceso que a priori parece sencillo, pero que su temporalización se extiende, y además, hay que tener en cuenta el volumen de población extranjera que llega a las islas, y que deben ser atendidos y derivados a este recurso si es necesario.

Es por ello, que muchos de los supuestos menores extranjeros que son acogidos en residencias provisionales, en realidad son adultos que dicen ser menores, para poder beneficiarse del tratamiento que a estos les dan.

La radiografía del carpo es el procedimiento más usado y aceptado para concluir la edad de las personas, pero esta tiene un margen de error de aproximadamente dos años, mientras que las pruebas de mandíbula tendrían un 95% de certeza.

Además, si se requieren otro tipo de pruebas, los/as menores podrán ser derivados a otras comunidades autónomas, lo que trae consigo ciertos problemas ya que si no están registrados, pueden ser sometidos de nuevo a las mismas pruebas, que pueden dar resultados distintos, creando así confusión sobre los resultados y la edad del posible menor. En positivo, a la espera de las pruebas, el menor puede formarse para su futuro, por medio de los cursos ofertados.

Métodos de actuación tras los resultados de las pruebas.

En principio, si los resultados que se obtienen determinan que la persona es mayor de edad y esta es un extranjero indocumentado, podrá ser expulsado del país. Por otro lado, si las pruebas determinan que se trata de un/a menor, este será protegido por el Estado, y solo podrá ser repatriado si en su país de origen no corre peligro.

Ahora bien, si la persona extranjera tiene antecedentes penales cometidos en España pueden ocurrir otros dos posibles escenarios:

  • Si es menor de edad con antecedentes penales, podrá beneficiarse de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en la que se incluyen medidas cortas y dirigidas a la reinserción social.
  • Si es mayor de edad con antecedentes penales, se aplicará el código penal, con medidas duras y penas de prisión. También puede conllevar la expulsión del país en el que se encuentre, y la prohibición del regreso a cualquier país dentro del espacio Schengen si se trata de delitos graves.

Son múltiples las variables en lo que se refiere a la situación de las personas extranjeras en el país de llegada, pero es importante destacar que, pese a la incertidumbre que se genera en cuanto su edad o su situación legal de estas personas, es importante tratar debidamente a estas personas, sobre todo a aquellas consideradas menores, con independencia de su veracidad o no.

Conclusiones.

Tras el análisis realizado acerca de las pruebas de determinación de edad realizadas a los/as menores extranjeros de edad dudosa, se esclarece, aún más, la necesidad de la realización de las mismas, sobre todo en aquellos casos en los que las personas, a su llegada, se encuentran en estado de indocumentación.

Es necesaria la verificación de la edad de los/as menores, como paso previo a la realización de intervenciones, tanto administrativas como médicas, específicas para cada rango de edad .Por ello, hay que ser conscientes del fallo del sistema ya que, en ocasiones, los resultados se retrasan y  muchos de los supuestos menores a los que se han realizado dichas pruebas, han cumplido la mayoría de edad en medio del trámite sin ser identificados como menores. Esto hace que, se pase de un sistema preparado para menores a un sistema para adultos, sin proceso de adaptación y chocando con ámbitos, recursos y leyes totalmente distintas.

A lo anterior, también se le añaden otra serie de circunstancias que suponen un riesgo añadido, como es la convivencia en una misma institución de personas menores, que realmente lo son, con personas mayores que se identifican así mismas como menores. En este caso, existiría un mal aprovechamiento de los recursos por parte de aquellos mayores de edad identificados como menores, además de otra serie de problemáticas como abusos, reyertas, incitación a la violencia, etc.

Es por ello, que aunque las pruebas de verificación de edad sean un herramienta clave en el proceso de acogida a personas extranjeras, el margen de error y su temporalización, hacen de las mismas un proceso arduo. En este sentido, se generan una serie de contratiempos que pueden retrasar el desarrollo de las diferentes esferas de la vida de las personas extranjeras.

Así mismo, cabe destacar la importancia de la cantidad de personas extranjeras que circulan entre las diferentes rutas de migración, todas ellas buscando una mejora de futuro mayoritariamente en el sentido económico. Es necesario un cambio en las políticas que ordenan el ámbito de extranjería, para poder mejorar la situación de las personas extranjeras a todos los niveles, tomando decisiones que aporten una mejora en la calidad de vida y en las posibilidades de futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Madrid, 15 de junio de 2023

Rubén Yusta Tirado
Trabajador Social en la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica
Profesor Asociado del Grado en Trabajo Social en la Universidad Pontificia de Comillas

Desde hace algunos años, al hablar sobre Atención Centrada en la Persona (ACP) y “aterrizar” el tratamiento que muchas instituciones hacen de este enfoque, siempre había pensado que, sin tardar mucho, llegaría el momento en el que se hablaría de esta ACP en pasado o, cuanto menos, dando por hecho que se trataba de algo conseguido o de lo que se podía hablar en primera persona. Lejos de lo que hasta el momento podía parecer un comentario irónico tras el que se escondía cierta advertencia en el tratamiento que las instituciones estaban haciendo de estos modelos, la actualidad nos ha mostrado que el día de superar la ACP y dar paso a nuevos enfoques ya ha llegado. 

Hace algunas semanas, cierta patronal de centros residenciales privados, la cual no nombraremos para no centrar el debate sobre ella, anunciaba una segunda fase de la Atención Centrada en la Persona que, como todo aspecto novedoso, iba más allá de lo que plantea este enfoque inicial. De acuerdo con esta institución, el nuevo horizonte hacia el que debemos dirigirnos se llama Modelo asistencial de Atención Centrada en la Conexión Emocional de la Persona (ACCEP), un enfoque que como su propio nombre indica, propone el acercamiento a las emociones de la persona para abordar aspectos como la soledad no deseada. En palabras de una de sus promotoras, además de suponer un segundo nivel de ACP, no trata tanto de preguntar a la persona si le gusta el puré o la sopa, sino más bien de abordar la soledad emocional, incluyendo aspectos “nuevos” dentro de este ámbito como el amor profesional, la construcción del proyecto vital o diferenciar entre soledad social y soledad emocional. Dejando a un lado la idoneidad de las medidas planteadas o su existencia, o no, dentro de los enfoques centrados a la persona, es necesario que hagamos una reflexión acerca de lo que supone este avance de la ACP a nivel general para el ámbito de la gerontología y, de forma concreta, en el ámbito residencial. 

Lo primero en lo que debemos reparar es en el escenario en que nos encontramos. Actualmente, la mayor parte de los centros residenciales se encuentran ajustando sus modelos de cuidados al nuevo modelo residencial aprobado de forma ajustada por el Gobierno y por las Comunidades Autónomas y entre cuyas medidas más importantes encontramos la limitación del número de plazas totales de los centros, el aumento del ratio de personal, la flexibilidad de los horarios de los/as profesionales o la supresión de las contenciones físicas. Tal y como demostró la votación de este modelo, con diez votos a favor y nueve en contra, este plan cuyo enfoque fundamental se encuentra sustentado en la Atención Centrada en la Persona, nace con cierta controversia, ya que a estas posturas disconformes de las nueve Comunidades Autónomas que votaron en contra, también se suma el rechazo de patronales, que consideran que este modelo es inasumible e instan a la administración a preguntarse por la sostenibilidad de este sistema, y al de sindicatos y asociaciones de familiares, que creen que este acuerdo es insuficiente y opinan que se ha perdido una oportunidad importante de avanzar en este sentido (Garde, 2022). 

Continuamos analizando este nuevo modelo y, aunque ya adelantamos que no disponemos de un amplio despliegue de principios y valores, esta institución sí que enumera alguno de los aspectos que se encuentran detrás de este enfoque. Entre los principios identificados encontramos la capacidad del modelo de generar que la persona se sienta única y merecedora de cuidado y respeto, la importancia de la implicación de la familia, más allá de la mera solicitud de información, o la construcción del proyecto vital de la persona cuando llega al entorno residencial. Si analizamos los principios del Decálogo de la Atención Centrada en la Persona (Martínez, 2013) o algunos documentos básicos en la construcción y el sustento de la ACP como suponen los de Bonafont (2020) o Martínez et al., (2014), se pueden extraer valores tales como la individualidad, la dignidad, la singularidad o la importancia de la biografía y del establecimiento del plan de atención y vida, curiosamente aspectos del todo significativos dentro del modelo de atención hacia el que, hasta el momento, todos/as nos dirigíamos y que como podemos comprobar coinciden con las novedades planteadas por este Modelo ACCEP. 

Pero si existe algo que nos llama la atención de este nuevo enfoque es la creación del concepto amor profesional. Lejos de ser un desarrollo literal del concepto, de acuerdo con este modelo el amor profesional es un requisito indispensable que debe estar presente en toda aquella persona que se dedica a la atención y que consiste en hacer sentir a la otra persona como un ser único. Sin entrar a valorar si este aspecto ya se encontraba presente en otros modelos, tales como la ACP o la Terapia de Validación, resulta cuanto menos llamativo que uno de los principios fundamentales del enfoque apunte de forma directa a unos/as profesionales que, como afirman Méndez et al., (2011) y Martínez et al., (2014), se encuentran sometidos/as a unas condiciones estresantes, en las que existe una tensión física y emocional cuyo origen se encuentra en su puesto de trabajo, que acaba desembocando en la aparición de cambios en los ciclos del sueño, irritabilidad, cansancio, tristeza, abuso de sustancias o el amplio espacio de aspectos medidos a través de las escalas de medición de las situaciones de burnout. En este sentido también se echa en falta la mención hacia aspectos tales como el tiempo de dedicación profesional necesario para poner en marcha este amor profesional o cómo encajaría este desarrollo dentro de los ratios y condiciones generales de las personas que se dedican a este ámbito. 

Y ya por último, puesto que tampoco disponemos de mucha más información de esta evolución de la ACP, también es interesante que, para tener un conocimiento general de este avance, analicemos el canal o el origen del mismo. Tal y como se ha comentado previamente, este enfoque es presentado a través de una agrupación de centros privados, los cuales gestionan en España alrededor del 70% del total de las plazas residenciales y alcanzando el 85% en Comunidades Autónomas como Málaga, Huelva, Barcelona, Sevilla o Comunidad de Madrid (Abellán et al., 2021). En este sentido, se entiende que los centros de titularidad privada manejan unos criterios de competitividad y de marketing que no son propios, o que por lo menos no son tan familiares para el ámbito de los Servicios Sociales, como ocurre con otros tipos de titularidad; en cambio, sería pertinente analizar si un nuevo enfoque o una evolución de un modelo aún en el horizonte de nuestra intervención es adecuado a la hora de abordar las necesidades que, por definición, presenta cualquier recurso de índole privada. Al hilo de esto, la institución afirma que se trata de un modelo teórico, no de un elemento comercial, aunque según apuntan ya se ha empezado a trabajar para incorporar este nuevo modelo a la formación de centros y profesionales en colaboración con los Laboratorios INDAS. 

A modo de conclusión, entendemos que el ámbito de la gerontología cada vez está tomando más relevancia en nuestra sociedad, potenciado en gran medida por el incremento del número de personas mayores que estamos viviendo y que está previsto que continúe en los próximos años (Díaz et al., 2022). Este aspecto está generando que cada vez sean más las voces, instituciones y organizaciones que intervengan en este ámbito, intentando sentar las bases de un futuro en el que este grupo de personas llegará a suponer, si las previsiones en materia demográfica se mantienen, casi un tercio del total de la población española. En cambio, es del todo discutible si esta preparación o evolución necesaria del ámbito de la gerontología debe pasar por la “superación de fases” en modelos que, como estamos viendo en este momento, aún no hemos empezado a desarrollar, y muchos centros e instituciones están presentando dificultades a la hora de alinear las necesidades básicas del modelo de cuidados con las prestaciones disponibles dentro de la potencialidad de sus centros. 

Entendemos el peso que actualmente tiene el sector privado en el ámbito residencial y no es difícil entender los aspectos particulares existentes dentro de este campo, pero la solución, o más bien la evolución, no pasa por la creación de nuevos modelos, técnicas o términos que compliquen aún más la realidad del sector, creando nuevas necesidades de formación o de implantación sin tener aún un manejo de todo lo que puede abordarse desde la ACP. La respuesta de este sector debería pasar por la asunción de la responsabilidad y la importancia por parte del ámbito privado, tal y como reflejan los datos actuales (Abellán et al., 2021), para dejar a un lado estrategias más propias del marketing, dando paso a un sistema centrado en la persona en el que verdaderamente se priorice el bienestar frente al llenado de plazas, la identificación de entornos y planes de vida frente a elementos técnicos alejados de las realidades de las personas usuarias o la apuesta por que todos los agentes implicados en los procesos gerontológicos, no solo las personas usuarias, se vean beneficiadas por este enfoque. 

En muchos casos, hablar de evolución consiste en una tarea de selección de oportunidades y esfuerzos, de tal manera que puedan alcanzarse los máximos objetivos con los recursos disponibles. Es por ello que, con la realidad del sector al que nos estamos refiriendo, identificamos aspectos mucho más urgentes y necesarios de ser abordados como son la coordinación sociosanitaria, la atención de todos los agentes, tanto públicos como privados, las condiciones laborales de las personas que a diario sostienen en sistema gerontológico o el avance hacia un sistema en el que se priorice las necesidades del servicio frente a los requisitos preestablecidos que pueda llegar a marcar una normativa. Únicamente con esto es con lo que, verdaderamente, nos posibilitaría hablar de una nueva fase.  

BIBLIOGRAFÍA

  • Abellán, A., Aceituno, M. P., Ramiro, D., y Castillo, A. B. (2021). Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de septiembre de 2020. Envejecimiento en RED. CSIC. http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadisticasresidencias2020.pdf
  • Bonafont, A. (2020). Guía Nº 5: Atención Centrada en la persona: Historia de Vida y Plan Personalizado de Atención y de Apoyo al Proyecto de Vida. Fundación Pilares. 
  • Garde, M. C. (30 de junio de 2022). ANEA pone en duda la viabilidad del nuevo modelo de residencias. Diario de Navarra. https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/06/30/anea-pone-duda-viabilidad-nuevo-modelo-residencias-533121-300.html
  • Martínez, J. P., Méndez, I., Secanilla, E., Benavente, A., y García, J. (2014). Burnout en cuidadores profesionales y calidad de vida en residentes de centros institucionalizados. European Journal of Investigation in Health, 4(1), 41-53. 
  • Martínez, T. (2013). Decálogo. ACP Gerontología. http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/sudecalogo.htm
  • Martínez, T., Díaz-Veiga, P., Sancho, M., y Rodríguez, P. (2014). Conocer a la persona y apoyar su autodeterminación. El plan de Atención y Vida. Cuadernos Prácticos. Matia Fundazioa. 
  • Méndez, I., Secanilla, E., Martínez, J. P., y Navarro, J. (2011). Estudio comparativo de burnout en cuidadores profesionales de personas mayores institucionalizadas con demencias y otras enfermedades. European Journal of Investigation in Health, 1(2), 61-70. 
  • Pérez, J., Ramiro, D., Aceituno, P., Muñoz, C., Bueno, C., Sebastián, J., Fernández, I., Castillo, A. B., de las Obras-Loscertales, J., y Villuendas, B. (2022). Un perfil de las personas mayores en España 2022. Indicadores estadísticos básicos. Informes Envejecimiento en red. CSIC. http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-indicadoresbasicos2022.pdf

Sevilla, 1 de junio de 2023

Fernando Relinque Medina
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide

Mireia Masdeu Valdivia
Alumna de Postgrado del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide

Desde hace algunos años, la Federación Internacional del Trabajo Social está haciendo esfuerzos por involucrar la profesión con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, como algo indisoluble del bienestar social y como parte del corpus profesional del trabajo social. Lemas del Día Mundial del Trabajo Social  como fue “Promoviendo comunidades y entornos sostenibles” en el 2017 o “Construyendo juntos un nuevo modelo ecosocial: sin dejar nadie atrás” en 2022, refuerzan este compromiso. 

La conciencia de pertenencia a una vida eco-sistémica, donde el bienestar de lo que nos rodea, sean personas, entornos, comunidades, organizaciones, etc. está directamente relacionado con nuestra propia calidad de vida y bienestar, constituye la base epistemológica sobre la que se cimenta el Trabajo Social Verde.

Sin embargo, la relación entre Medio Ambiente y Trabajo social ha sido tímidamente abordada en la bibliografía académica, profesional y científica especializada. En su mayoría han sido estudios puntuales, no integrales, que tratan de visibilizar las consecuencias sociales de determinados territorios con estrés ecológico o derivadas de catástrofes ambientales o climáticas (Dominelli, 2015; Sepulveda-Hernandez et al., 2022), y, por tanto, ponen el foco en cómo el trabajo social puede intervenir sobre estas consecuencias sociales de situaciones ambientales adversas como sequías (Chiwara & Lombard, 2018), inundaciones (Maarefvand et al., 2020),  migraciones por causas climáticas (Park, 2019), etc.  

Sin embargo, sin ánimo de restar un ápice de importancia a estos estudios y corrientes de pensamiento, se hace necesario transitar un recorrido, a menudo obviado, que supone el fundamento o la epistemología del Trabajo Social Verde o, quizás mejor dicho, Trabajo Social Ecológico (Ibrain, 1986).

EL DESARROLLISMO Y SUS CONSECUENCIAS PERVERSAS EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Sería pretencioso, para ello, retrotraer la mirada demasiado tiempo atrás para comprender el origen y significado de esta área del trabajo social, pero quizás desde la finalización de la II Guerra Mundial hasta nuestros días puede dar una visión clara de cómo el trabajo social se encuentra íntimamente ligado al medio ambiente.

La reconstrucción de una Europa devastada por las dos contiendas mundiales que se dieron cita en la primera mitad del siglo XX, debía hacer frente a un grave problema de vivienda e infraestructuras y a una economía resentida por la crisis postbélica. Sin duda, una situación de debilidad que le forzó a caer en los brazos de un capitalismo feroz importado que, a través de diferentes programas de reconstrucción, posibilitó la restauración urbanística, estructural y económica del viejo continente, y con ello, también inoculó el capitalismo por la vía del desarrollismo en la mayor parte de los países europeos. 

Este desarrollismo que se extendió por todo el territorio europeo, supuso una nueva era de auge y expansión con la llegada de grandes infraestructuras como presas, carreteras, crecimiento de grandes ciudades, urbanización, formación de la clase obrera (Domènech i Sampere, 2003), etc. 

Unido a este desarrollismo, a partir de los años 70, la población sucumbió al calor de los nuevos desarrollos turísticos, hoteleros y de servicios, permitiendo servir de salvavidas al ralentizado motor económico tras la reconstrucción europea (Marrero et al., 2011). El turismo residencial y hotelero se expandió como la pólvora, aunque para ello se hayan tenido que ver comprometidas zonas naturales de altísimo valor ecológico, sufrir desplazamientos forzosos de población nativa de sus lugares de origen e, incluso, la modificación o asimilación cultural, de tradiciones y legislación para hacer posible la llegada de la gallina de los huevos de oro, el turismo (Gascon, 2016; Huete, 2010).

Y con el advenimiento del turismo y la globalización nos hemos convertido en una sociedad de servicios (Rubio Benito, 2000), que se sostiene gracias a un consumo masivo. Este desarrollismo que hemos vivido no es más que el máximo exponente de las leyes del liberalismo que ya vislumbró Adam Smith en el siglo XIX (Elton, 2012), un liberalismo cuya base es la acumulación de riqueza y, por supuesto, el individualismo por encima del colectivismo.

El individualismo es un mecanismo perverso en el que estamos inmersos desde hace más de medio siglo y que hemos naturalizado en nuestras relaciones y nuestro modo de vida, aun siendo el responsable de dejar a mucha gente atrás.

Desde esta óptica, podría verse el desarrollo del sistema de servicios sociales en los años 70 como una estrategia para mitigar un desarrollismo que paulatinamente va degenerando la sociedad y dejando fuera a más personas (desempleo, pobreza, adicciones,…) poniendo en tela de juicio la viabilidad del propio sistema liberal. En síntesis, desde esta visión, la función de los servicios sociales es rescatar a todas aquellas personas y colectivos que quedan fueran de este sistema capitalista y reintroducirlas en el mismo sistema injusto que hemos creado.

Y a esto es lo que se suele llamar Estado de Bienestar. ¿De verdad ha existido un Estado de Bienestar? Indudablemente han sido unas generaciones con un nivel de bienestar muy elevado, pero con una serie de consecuencias nefastas que hemos interiorizado como sociedad. En primer lugar, hemos asumido la tesis individualista, cada uno trabaja para su beneficio propio, trasladando al Estado la responsabilidad de qué hacer con aquellos que, por diversas circunstancias, no pueden alcanzar un adecuado nivel de bienestar o de inclusión. Y, por supuesto, hemos asumido la acumulación de riqueza, equiparando el éxito en la vida con la capacidad de acumulación y consumo. Este éxito se ha convertido en un fin como miembros de la sociedad, aunque para ello se generen procesos de exclusión social o se esquilmen los recursos naturales de los que depende la vida misma.

Sin embargo, en la crisis del 2007, los motores económicos tradicionales dieron muestras serias de agotamiento, habiéndose llegado a un punto de inflexión tras años de aumentos históricos en la producción (Niño Becerra, 2010). También el consumo había llegado a su tope máximo con un endeudamiento masivo de la sociedad. Si el mundo hiperdesarrollista y de consumo ha llegado a su cénit ¿qué podemos hacer? Quizás merecería una reflexión profunda sobre el resultado de esta crisis socioeconómica del 2008 y de la oportunidad perdida de reinventar una nueva sociedad más justa y respetuosa con los demás y con el medio, pero la inercia de consumo y desarrollo opacaba cualquier otra opción que no fuera seguir consumiendo, hiperdesarrollando y acumulando. 

Pero llegaron las tecnológicas y su mundo online aún por construir. De la mano de ellas, con Apple a la cabeza, en la segunda década del siglo XXI se reactivó el desarrollismo e hiperconsumo gracias a la tecnología. 

Por otra parte, desde finales del siglo XX va emergiendo con una fuerza creciente una verdad incómoda (parafraseando a Al Gore), las consecuencias climáticas de este hiperdesarrollismo. En 2003, en la COP3, se firma el Protocolo de Kioto en el que se exige a las partes que inicien negociaciones para reducir las emisiones mediante objetivos cuantitativos y plazos concretos. No obstante, a pesar de las sucesivas reuniones mundiales, los esfuerzos de organizaciones ecologistas y los potentes movimientos de la sociedad civil, los gobiernos han mostrado una sorprendente debilidad frente a los intereses de las grandes empresas e industrias, alcanzando compromisos con demasiado retraso y de muy bajo nivel a pesar de la emergencia climática a la que asistimos.  

Los estudios científicos sobre cambio climático dibujan una  realidad dramática en la que millones de personas van a ver comprometidas sus vidas, en la que vamos a tener que afrontar problemas cruciales como la carestía alimentaria, condiciones meteorológicas más agresiva, falta de materias primas, desplazamientos forzosos por causas climáticas, etc, con las herramientas que nos ha dejado el desarrollismo en las últimas décadas: individualismo, acumulación de riqueza e hiperconsumo. 

NECESIDAD DE UN CAMBIO DE PARADIGMA. HACIA UN TRABAJO SOCIAL VERDE

El trabajo social no puede situarse al margen de esta realidad. La mitigación de las consecuencias sociales del cambio climático, la reivindicación de políticas sostenibles que tendrán efectos directos en la reducción de desigualdades sociales y la corresponsabilidad de los servicios sociales con el medio ambiente son áreas prioritarias de la profesión del trabajo social en el siglo XXI. Se requiere de un cambio de paradigma, que debe basarse en tres elementos principales:

  1. Ser consciente del impacto que el desarrollismo ha tenido en la manera de organización y gestión de las sociedades, comprometiendo seriamente el medio ambiente y el bienestar de la sociedad.
  2. Comprender la transversalidad del medio ambiente, que genera consecuencias directas sobre la vida de las personas y que, por tanto, el trabajo social debe asumir esta transversalidad desarrollando políticas sostenibles en todas y cada una de las prácticas profesionales.
  3. Generar prácticas comunitarias alternativas que favorezcan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y potencien el cooperativismo, frente al individualismo, para minimizar el impacto social del cambio climático.

En definitiva, como profesión, debemos transitar de una lógica desarrollista, basada en la sociedad de servicios, donde el trabajo social se encuadra como uno más de los servicios que se ofrecen, a una lógica eco-social, donde el trabajo social hace valer su cuerpo epistemológico, teórico y práctico para la generación de comunidades resilientes, desarrollo de políticas respetuosas con el medio ambiente, con la sociedad y su diversidad y reivindicar prácticas sostenibles para reducir las agresiones al medio ambiente que inevitablemente inciden directamente en el bienestar social. 

Este cambio de paradigma comporta la base y definición del Trabajo Social Verde o Trabajo Social Eco-Social.

Trabajar desde el paradigma del Trabajo Social Verde requiere tomar conciencia de que el bienestar de la sociedad pasa por tener presente la noción econsistémica, generando entornos eco-socialmente resilientes, esto es, entornos donde las personas que lo habitan disponen de capitales, relaciones y herramientas adecuadas para afrontar de manera participada los procesos y cambios sociales, económicos políticos y culturales que les afectan y son capaces de producir soluciones y estrategias sostenibles en el tiempo, respetuosas con el medio e integradores de los sujetos en su diversidad.

REFERENCIAS

Dominelli, L. (2012) Green Social Work: From Environmental Crises to Environmental Justice. Polity Press. Cambridge.

Chiwara, P., & Lombard, A. (2018). Mitigating the impact of drought in Namibia Implications for social work practice, education and policy. En L. Dominelli (Ed.), Routledge Handbook of Green Social Work (pp. 293-306). Routledge. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000462909900027

Domènech i Sampere, X. (2003). La otra cara del milagro español: Clase obrera y movimiento obrero en los años del desarrollismo. Historia contemporánea, 26, 91-112.

Dominelli, L. (2015). The opportunities and challenges of social work interventions in disaster situations. International Social Work, 58(5), 659-672. https://doi.org/10.1177/0020872815598353

Elton, M. (2012). The Morality of Self Interest in Adam Smith. Convivium, 25, 71-89.

Gascon, J. (2016). Residential tourism and depeasantisation in the Ecuadorian Andes. Journal of Peasant Studies, 43(4), 868-885. https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1052964

Huete, R. (2010). Opinions and attitudes towards residential tourism in the south of the Valencian Community. Pasos-Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 8(4), 445-461. https://doi.org/10.25145/j.pasos.2010.08.040

Ibrain, T. (1986). Sobre el sentido «ecológico» del trabajo social. Servicios sociales y política social, 5, 39-40.

Maarefvand, M., Ghiabi, M., & Nourshargh, F. (2020). Social work post-disaster response in Iran: A case study of the 2019 mass flooding in Poldokhtar, Lorestan. International Social Work, 00208728211018742. https://doi.org/10.1177/00208728211018742

Marrero, G. A., Puch, L. A., & Gutiérrez Navratil, L. F. (2011). Los efectos medioambientales del boom y el parón inmobiliario. Economía industrial, 379, 145-158.

Niño Becerra, S. (2010). El crash del 2010. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=593942

Park, Y. (2019). Our House Is on Fire: Social Work and the Crisis of Immigration. Affilia-Journal of Women and Social Work, 34(4), 413-420. https://doi.org/10.1177/0886109919880349

Rubio Benito, M. T. (2000). De la sociedad agraria a la sociedad de servicios. A distancia, 1, 191-200.

Sepulveda-Hernandez, E., Ucar, X., & Rodriguez-Flores, P. (2022). Social intervention in socio-natural disasters (SND): Analysis from social work students from Coquimbo and Atacama in Chile and the challenges for disciplinary eco-training. Eleuthera, 24(2), 295-320. https://doi.org/10.17151/eleu.2022.24.2.15

Málaga, 17 de mayo de 2023

Santiago David Gallardo Herrero
Orientador del programa de Mayoría de Edad Alta intensidad (P+18)

Santiago David Gallardo Herrero, orientador del programa de Mayoría de Edad Alta intensidad (P+18) desde sus inicios en Málaga. Ha desarrollado su labor profesional en diversas asociaciones, siempre ligado a dicho programa desde el año 2006, previamente trabajó en distintos recursos residenciales para menores tutelados. En el siguiente artículo comparte su experiencia.

Comencé a trabajar casi por casualidad en un centro de protección de menores, más concretamente en un residencial básico con forma de piso integrado en la comunidad, en el año 2002. En aquel momento el desconocimiento tanto en relación al trabajo que se realizaba en dichos dispositivos por parte de los profesionales recién licenciados como yo, como la escasa incidencia mediática que tenían tanto los y las menores tutelados/as como los lugares en los que se trabajaba con esta infancia más o menos olvidada, nos situaba de cara al público general en un lugar poco profesionalizado, más cercano a la caridad y al voluntariado que a una rama de las distintas disciplinas sociales que pretenden solventar, de alguna manera, las carencias de distintos sectores de la población y evitar así su condena a la exclusión social. 

En este sentido, y como veremos después, la infancia en riesgo y el trabajo con ella parecía no estar en el centro de ningún tipo de debate, quedando oculta entre otras cuestiones sociales “más acuciantes”, acaparando un escaso porcentaje de los discursos políticos, y por lo tanto, un escaso porcentaje de la inversión por parte de los diferentes gobiernos. 

Menor extranjero no acompañado

En estos años comienza a verse con más asiduidad una figura ya conocida en otras zonas fronterizas como es “menor extranjero no acompañado”. El desarrollo económico, la entrada en el euro por parte de España y el consiguiente aumento de  las diferencias económicas con nuestros vecinos africanos vuelve a nuestro país, ya no solo una zona de paso en el viaje hasta Europa,  sino un lugar apetecible en sí mismo como destino para mejorar las condiciones económicas de familias enteras y, en el caso que nos ocupa, de hijos (y en mucha menor medida hijas) menores de edad sin un futuro laboral y económico cierto y deseosos/as de aportar a la situación económica de sus progenitores. 

En este panorama, el paso a la mayoría de edad de este colectivo directamente no existía en la mente de nadie. La pregunta acerca de qué pasaba con un o una menor que residía en un centro de protección al cumplir la mayoría de edad, era una cuestión que sorprendía en sí misma por la paradoja que suponía: ¿Un/a menor mayor? ¿Se tutela a un/a mayor de edad sin familia?¿Qué pasa con estos niños y niñas cuando dejan de serlo al menos legalmente?.

Básicamente lo que ocurría en la mayoría de los casos en los que un/a menor de edad cumplía los 18 años era que, o bien era capaz de mantenerse económicamente con un empleo medianamente estable para poder emanciparse, o volvía con la familia de la que una vez había sido retirado por ser incapaces de protegerlo y cuidarlo, o, en el peor de los casos, terminaba en circuitos de exclusión social, marginalidad y precariedad. En el caso de los/as menores extranjeros/as sin familia, en el territorio español se añadía a esta precaria perspectiva el propio hecho del desarraigo cultural, un manejo del idioma insuficiente y la imposibilidad de contar con una documentación que les permitiese trabajar para poder sustentarse, quedando abocados en muchos casos a la exclusión social, al trabajo irregular y en numerosas ocasiones al ilegal (drogas, prostitución, etc.).

Recursos de atención

Concretamente en nuestra comunidad autónoma, Andalucía, los primeros proyectos entre los años 1997 y 1998 relacionados con la integración y emancipación de los y las jóvenes tutelados/as, surgen a través del desarrollo del Plan +18, que inicialmente contaba con medidas y programas de media intensidad (orientación externa y algún apoyo económico a través del Programa Labora).

Alrededor del año 2000 comienzan las primeras experiencias piloto en algunas provincias andaluzas como Cádiz, en relación a los programas de alta intensidad, es decir, enmarcados dentro del Plan +18 aparecen los primeros recursos residenciales exclusivos para jóvenes extutelados entre 18 y 21 años en los que, además de la orientación formativa y laboral, comienzan a trabajarse también aspectos relacionados con la integración social y comunitaria y la vida independiente. 

En Málaga los primeros recursos residenciales se conciertan en el año 2004 con las asociaciones Movimiento por la Paz (MPDL) y Nueva Alternativa de Intervención y Mediación (NAIM), inicialmente se cuenta con dos recursos para chicos con un total de 8 plazas y uno para chicas con 4 plazas. A partir de la redacción en 2005 de la ley que regula las subvenciones para entidades colaboradoras con recursos para jóvenes que hayan estado tutelados por la administración, se amplían el número de plazas en Málaga en 2006 a un recurso residencial más con 4 plazas para chicos, en el que comienzo a trabajar. Así, finalmente, contábamos con 4 recursos residenciales en Málaga con un total de 12 plazas para chicos y 4 para chicas. 

La escasez de plazas no se ve solucionada hasta bien entrada la década de 2010, cuando se origina en gran medida, como veremos después, la dinámica de trabajo de los propios recursos residenciales para personas extuteladas y se hacen patentes los propios déficits que emergen en ellos. Así surgen algunas asociaciones que, con recursos propios y subvenciones menos específicas, comienzan a acoger también a jóvenes extutelados en recursos para personas sin hogar o reservan algunas plazas para esta población, hasta que también comienzan a aparecer subvenciones de ámbito estatal (IRPF) pero gestionadas a través de la comunidad autónoma multiplicando los recursos residenciales.

Finalmente, aparecen en el 2021 los programas JEM (Jóvenes Extutelados Migrantes) que definitivamente han aumentado, hasta sobrepasar la centena, el número de plazas residenciales dedicadas en exclusiva para jóvenes extutelados y extuteladas. 

Por último, el aumento de plazas en recursos residenciales exclusivos para jóvenes extutelados/as también se ha visto acompañado de un aumento de los programas de media y baja intensidad para trabajar con estos/as jóvenes preparándolos/as así para la vida adulta, desde que se encuentran en los propios centros de protección y ven cada vez más cerca la mayoría de edad. 

Programas de intervención

Tanto en los recursos de media intensidad como en los recursos de alta intensidad nos encontramos con jóvenes de diversas características y problemáticas que pueden definir concretamente las áreas de trabajo fundamentales, siendo siempre este trabajo individualizado y personal a cada joven. Algunas de las áreas que son desarrolladas en los diferentes recursos por distintas figuras profesionales han ido modificándose hasta llegar al  trabajo más integral que se puede dar en la actualidad, en ámbitos como empleo, documentación, formación, integración o más relacionadas con la vida cotidiana.   

Como decíamos anteriormente, la propia dinámica de la escasez de plazas planteó y afianzó unas líneas de trabajo que priorizaban una serie de cuestiones sobre otras. Así el hecho de contar, por ejemplo, con 12 plazas para chicos en toda la provincia de Málaga cuando más de 100 menores de edad cumplían los 18 en un solo año, hacía que la selección de los jóvenes participantes fuese muy dura. Los criterios a tener en cuenta siempre valoraban e intentaban ponderar entre la necesidad manifiesta y la capacidad de aprovechar un recurso. 

Así numerosos jóvenes con itinerarios fluctuantes, incidencias y/o problemáticas añadidas eran rechazados, ya que no se veían a la altura, en el limitado tiempo disponible -normalmente un año después de cumplir los 18- alcanzar una serie de objetivos extremadamente difíciles para poder conseguir emanciparse adecuadamente. Si había una mínima posibilidad de reagrupación, emancipación en solitario, o de participación en otro tipo de recurso, también eran desestimadas determinadas candidaturas. 

A partir de estas mismas necesidades se comienzan a priorizar algunas áreas de trabajo sobre otras. Él área de documentación para los y las  jóvenes migrantes se convierte en prioritaria, seguida del área laboral y económica ya que, a pesar de todos esfuerzos y el trabajo de los diferentes equipos, si los y las jóvenes no eran capaces de sustentarse por sí mismos mediante un empleo no podían emanciparse de ninguna manera. Se convierte en un objetivo primordial que los y las jóvenes pudiesen  sustentarse económicamente en el menor tiempo posible. Desgraciadamente, en muchos casos el único empleo al que podían acceder solía ser precario y mal pagado como en el régimen agrario, en los puestos más básicos de la hostelería, etc. 

Las habilidades relacionadas con la búsqueda de empleo y su mantenimiento, los recursos formativos breves que capacitan al desempeño de trabajos sin mucha especialización, han sido los aspectos más utilizados y demandados en el trabajo con los y las jóvenes, que a menudo abandonaban sus estudios (grados medios y superiores) debido a la escasez de tiempo, llegando a ser casi residual la participación en estudios universitarios por parte de la juventud extutelada. Actualmente, la ampliación del número de plazas ha conllevado una flexibilización del tiempo disponible, siempre ligado a la consecución de objetivos, propiciando así la participación en formaciones más complejas y duraderas y favoreciendo especializaciones, incluso en el ámbito universitario. 

Uno de los aspectos que se ha priorizado, y aún hoy sigue siendo fundamental, es la posibilidad de documentación de los y las jóvenes migrantes. Desde las primeras legislaciones específicas en materia de extranjería -Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y posteriores modificaciones- el reconocimiento de la autorización de residencia para menores extranjeros no acompañados/as, se ha basado siempre en la autorización de residencia no lucrativa, es decir, una autorización de residencia que permitía vivir legalmente en territorio español pero incapacitaba para trabajar legalmente. 

Los criterios de renovación de la misma se fueron volviendo más y más duros hasta llegar a la práctica imposibilidad de renovación de la autorización de residencia de un mayor de edad extutelado si no mediaba una modificación hacia una autorización para trabajar. En este caso nos encontrábamos con requisitos tan complicados (contrato de un año a jornada completa, justificación económica de los 3 últimos años mostrando impuestos y otros pagos, presentación personal por parte del administrador/a de la empresa en las oficinas de extranjería, aportación a la administración de documentación sensible e importante para las empresas, etc.) que hacía que solo las empresas más comprometidas socialmente estuviesen dispuestas a contratar a un o una joven migrante. Afortunadamente, y tras muchos años de movilizaciones por parte de los colectivos profesionales y diversas entidades, la última modificación en relación a los artículos 197 y 198 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, las autorizaciones de residencia de menores tutelados/as y jóvenes extutelados/as autorizan a trabajar y se renuevan en las mismas condiciones que un permiso de trabajo, favoreciendo así la integración social y una posible emancipación económica y personal.  A pesar de las mejoras producidas en el ámbito de la legislación, continúa siendo de extrema importancia el proceso de documentación y renovación de la misma, de cara a una participación social activa y a una integración real de la población extutelada.

Otra de las áreas, que cobra cada vez mayor importancia, tiene que ver con las habilidades relacionadas con la vida cotidiana. Así uno de los puntos fuertes de los recursos de alta intensidad en los programas de mayoría de edad está directamente relacionado con la presencia/ausencia de los y las profesionales que trabajan con los y las jóvenes. La ruptura con las dinámicas más asistencialistas de los centros de protección de menores y el comienzo de gestión de la vida cotidiana con el apoyo y supervisión de profesionales, que no convive con ellos/as, facilita su futura integración en la comunidad que, en otras ocasiones, se veía abocada a un ‘salto mortal’ en el que, tras las condiciones de protección y a veces sobreprotección de los centros, encontraban en la libertad de la vida en solitario una distancia tan grande que eran incapaces de gestionar de una manera adecuada, provocando grandes fracasos.

El reto de la emancipación

La mejora de las condiciones, el aumento de las plazas disponibles y de subvenciones dedicadas a la mejora de la situación de los y las jóvenes extutelados/as ha supuesto un increíble salto en relación con las posibilidades de integración de esta población tan desconocida por un lado y tan usada mediáticamente por otro. No obstante la distancia efectiva entre la mayoría de edad legal, que determina las obligaciones por parte de los distintos gobiernos con la infancia, con la mayoría de edad efectiva, tal y como se vive en la mayoría de las familias españolas y que determina la emancipación de la juventud y/o el abandono del hogar familiar, no para de crecer. 

La mayoría de los y las jóvenes que viven en familias normalizadas, cada vez, abandonan más tarde el hogar familiar mientras que los y las jóvenes tutelados/as deben romper con una infancia/juventud de forma drástica para poder acceder a un mundo adulto. 

Es importante tomar conciencia de este fenómeno y desarrollar futuras medidas que pasen por reconocer la duración insuficiente del tiempo de integración que actualmente permite la permanencia en los pisos de mayoría de edad y la diferencia social que se genera entre jóvenes que provienen de familias normalizadas y jóvenes extutelados/as.

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