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Málaga, 29 de julio de 2020

María José Marteache Martín
Trabajadora Social. Equipo de Orientación Educativo Especializado
Miembro de la Comisión de Educación del Consejo Andaluz de Trabajo Social – por la defensa del Trabajo Social en los Centros Educativos

El marco legislativo social que se va introduciendo supone un gran avance en derechos sociales. Las nuevas normas se van actualizando e incluyendo coberturas donde antes había necesidades sin resolver, así se puede fortalecer el sistema de protección social. Este horizonte esboza un antes y un después en el fortalecimiento de la ciudadanía más vulnerable.

Ya sea el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital o, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, ambos realizan un gran esfuerzo por resolver sus cometidos. Es una ingente labor incluir las diferentes realidades que soportan distintos grupos de personas, y establecer medidas eficaces para sacarlas de su vulnerabilidad.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia, es inevitable reconocer que viene a paliar carencias en diferentes ámbitos, educativo, servicios sociales, judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.

El proyecto de Ley es ambicioso y complejo, por ello es el momento de vislumbrar resquicios que puedan desmembrar la protección de niños y niñas. Escuchar al colectivo de Trabajadores Sociales, quienes están cercanos a las realidades sociales de las familias, ofrece la oportunidad de cerrar bien el círculo de la protección de la infancia y la adolescencia. El objetivo lo merece.

El sentido que recoge el proyecto de Ley aborda la necesidad de la notificación precoz de los casos de violencia. Así se incide en preparar a docentes, familias y al alumnado para mostrar atención ante cualquier indicio. Asimismo la difusión de los protocolos de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia es ventajosa para que salgan a la luz estas comunicaciones a los servicios necesarios cuando se producen. Además acciones como promover el respeto a la diversidad del alumnado, o la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos, son elementos para propiciar un clima protector y un aprendizaje para la vida en sociedad.

En el proyecto de Ley, el timón de estas acciones será el o la coordinador/a de Bienestar y Protección. Es de considerar que estas novedades aplicadas en todos los centros educativos presentan un avance significativo, y si están recogidas en una Ley, tienen mayor garantía para llevarlas a efecto.

Una diferencia abismal sería que desde los centros educativos, se atendiera de una forma cercana a las familias en sus diversos procesos de vida, dónde se originan las dificultades familiares, y dónde éstas pueden derivar en situaciones de riesgo o desprotección ante adversidades. Acompañar a las familias en las dificultades para que realicen avances o cambios, significa incidir en la prevención de daños perjudiciales en la infancia y la adolescencia. Esta forma requiere manejar técnicas, habilidades, y estrategias enmarcadas en el procedimiento social. Saber reconocer los diferentes momentos de la intervención, y acompasar avances y retrocesos son elementos necesarios para intervenir con las familias.

Es decir, una acción profesionalizada del Trabajo Social en los centros educativos, va a evitar la notificación de muchas de las situaciones familiares que se pueden cronificar a no ser que se intervenga desde el medio educativo a tiempo. Incide del mismo modo en aquellas situaciones adversas por la que atraviesan niños o niñas, realizando intervenciones conjuntamente con trabajadores sociales de los servicios sociales o equipos especializados en el tratamiento familiar, y va a realizar una canalización técnica de situaciones de posibles riesgo o desprotección al organismo competente.

La aplicación de acciones de prevención, detección, diagnóstico social, intervención en el centro educativo, y seguimiento, junto a la coordinación con las distintos servicios sociales locales y especializados, y la posibilidad de emitir informes sociales, conlleva mayor eficiencia.

La intervención de trabajadores/as sociales se completa con su acción en el grupo clase, y la comunidad educativa, o sea se aborda la gestión de las emociones que produce ciertos hechos acontecidos a niños o niñas, se trabajar en diversos tiempos la prevención de situaciones adversas, etc. El efecto de trabajar a tres niveles individuo/familia, grupo y comunidad lo comprende el procedimiento del Trabajo Social. Tener esto en los centros educativos produciría una subida exponencial del nivel en la protección de la infancia y la adolescencia.

Los y las trabajadores/as sociales de educación intervenimos con las familias de esta manera, y lo venimos haciendo desde 1976 en el ámbito educativo. Estamos inmersos en los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y aportamos la orientación sociofamiliar del alumnado.

Nuestras funciones están reguladas por en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa, y entre ellas se encuentran las siguientes:

  • El desarrollo de acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social.
  • La aportación de información sobre las características del entorno, de los recursos educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías adecuadas para su utilización.
  • La promoción de la integración de las familias y del entorno en las actividades de los centros y la colaboración con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para la atención a la infancia y a la adolescencia.
  • La colaboración en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera.
  • En el desarrollo de nuestras funciones, intervenimos entre otras acciones en:
  • Contextos familiares que obstaculizan el adecuado desarrollo del alumnado.
  • Procesos de aceptación de la familia ante las necesidades especiales de apoyo educativo de su hijos/as, o ante cualquier tipo de diversidad
  • El asesoramiento y la sensibilización de la comunidad educativa ante las características sociofamiliares del alumnado.
  • La resolución de conflictos entre el centro educativo y familia/s, o viceversa.
  • El asesoramiento y seguimiento en el proceso de detección y/o notificación de posibles situaciones de riesgo y desprotección de niños y niñas.
  • La coordinación de los casos de alumnos y alumnas en situaciones de riesgo o desprotección con los servicios sociales comunitarios, equipos de tratamiento familiar, servicio de protección de menores, etc.
  • El fomento de la coordinación entre el centro educativo y los agentes externos que intervienen con el alumnado.
  • El asesoramiento sobre la aplicación de protocolos en casos de absentismo escolar, acoso escolar, ciberacoso y acoso sexual, maltrato infantil, violencia de género, e identidad de género.
  • El desarrollo de actuaciones para proveer habilidades en la resolución de conflictos y prevenir dificultades en la convivencia entre el alumnado.
  • La realización de actuaciones para evitar la brecha digital entre el alumnado desprovisto de tecnología digital, y sus consecuencias.
  • Y otras intervenciones propias de la disciplina científica del Trabajo Social.

Es legítimo por tanto, que el trabajo que venimos desarrollando trabajadores y trabajadoras sociales en la administración educativa se refleje en la normativa educativa, y toda aquella que tenga repercusión en el ámbito educativo, especialmente en las Leyes que se están fraguando y que tendrán repercusión en los próximos años, como La futura Ley de Educación (LOMLOE) y en la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. En concreto es palpable que trabajadores/as sociales ocupen la figura de Coordinador/a de Bienestar y Protección en los centros educativos.

En el transcurso del tiempo en el que trabajadores/as sociales formamos parte del ámbito educativo, los/as trabajadores/as de educación, hemos observado los cambios en la forma de educar, a la vez que la sociedad en general ha ido experimentando avances. En el inicio se consideraba que el trabajo social en educación debía estar cerca del alumnado de necesidades educativas especiales en vías de integración, o tenía que centrarse en centros educativos situados en zonas en vías de transformación social para atender al alumnado de familias socioculturalmente desfavorecidas. Fueron las realidades de los años 70 y 80. Paulatinamente el sistema educativo fue otorgando mayor papel a la relación con las familias, pues sin éstas no se puede educar; pero esta transformación no acompañó el aumento de la plantilla de trabajadores/as sociales, se mantuvo igual, incluso con algún retroceso.

En la actualidad cada vez menos personas dudan de que el Trabajo Social no solo se necesita para trabajar en contextos de pobreza, sino que situaciones familiares que pueden acontecer a cualquier tipo de familias como: la aceptación de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje, etc., conflictos de pareja, procesos de separación y divorcio, cambio de cuidadores en niños y niñas, perdidas de seres queridos, suicidio, duelo, etc. pueden dejar secuelas en menores, y que la intervención de trabajadores/as sociales en esta situaciones está indicada.

El principal detector de las necesidades de niños y niñas es la escuela. Es ahí el ámbito de base dónde es preciso dotar de trabajadores/as sociales si se quiere incidir en la infancia y la adolescencia, aparte de reforzar el sistema de servicios sociales, y el de protección.

La apuesta por la cobertura de trabajadores/as sociales en los centros educativos es todo un reto presupuestario, pero en la actualidad en que se va a disponer de un ingreso mínimo para sacar de la pobreza a una parte de la población más vulnerable económicamente, queda hacer los esfuerzos por su inclusión social, y esto va aparejado con la necesidad de prevenir situaciones adversas en las familias.

Evitar secuelas que den origen a conflictos personales en los hombres y las mujeres de las nuevas generaciones es la forma de conseguir esa inclusión. Así si se consigue la protección de la infancia y la adolescencia.

Málaga, 22 de julio de 2020

ENTREVISTA A
Cayetana Puertas Orozco.
Trabajadora Social. Centro de protección de menores.

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Sí. Ha cambiado en diferentes aspectos del funcionamiento en general. Por un lado, en la dinámica del trabajo puesto que desde que se declaró el estado de alarma he estado combinando trabajo presencial con teletrabajo. A su vez, las funciones diarias se han visto afectadas, ya que durante el confinamiento no se han efectuado ni ingresos ni traslados de menores, tampoco se han realizado visitas supervisadas ni permisos de salidas de los/las menores con los familiares, ni se ha llevado a cabo una gestión y coordinación con los diferentes recursos y entidades con las que nos coordinamos en nuestro día a día en el trabajo, puesto que todo ha estado parado.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

Haber contado desde primera hora con material suficiente de protección para prevenir el contagio del COVID-19, así como con un protocolo previamente establecido para hacer frente a la crisis sanitaria.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

A pesar de la importancia que tiene el desarrollar mi actividad laboral de manera presencial, considero que se puede implementar el teletrabajo combinándolo con el trabajo presencial. Desde mi punto de vista es una manera de optimizar el tiempo para llevar a cabo funciones, como por ejemplo, la realización de informes sociales, coordinación telefónica con otras entidades, e incluso las reuniones realizadas desde cualquiera de las diferentes plataformas que te permiten mantener una reunión en linea entre las distintas partes intervinientes en un caso.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

Desde mi puesto de trabajo y en relación a los contactos de los/las menores con sus familiares, hemos añadido durante el confinamiento la realización de videollamadas, así como la ampliación de los días de llamadas telefónicas.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Tener que trabajar bajo un estricto protocolo interno consistente en medidas de prevención del COVID-19.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID?

Un trabajo de calidad que garantice el acceso a los diferentes recursos y se apoye para cubrir las necesidades de todas las personas en situación de vulnerabilidad social.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Desde mi puesto de trabajo y teniendo en consideración las circunstancias y las limitaciones que hemos tenido desde que se declarase el estado de alarma, no se ha podido hacer más de lo que se ha hecho; ampliación de contactos familiares a través de llamadas telefónicas y videollamadas, ya que hemos estado muy limitados/as a la hora de poder coordinar con los diferentes recursos.

ENTREVISTA A
Macabea Cucarella Ortega.
Trabajadora Social. Centro de menores.

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Si ha sido distinto, se han paralizado en gran medida las gestiones técnicas propias, dando prioridad a las comunicaciones de los/as menores acogidas con sus familiares a través de videollamadas y en el desarrollo de actividades creativas, de ocio y deportivas.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

Soporte digital de calidad, para las gestiones telemáticas.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

Si, dotando de equipos y plataformas que sean capaces de soportar las gestiones de forma telemática.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

El desarrollo del régimen de contactos familiares, en lugar de forma presencial a través de videollamadas. Así como las reuniones de coordinación con las distintas instituciones intervinientes.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

A día de hoy, aún no me atrevería a decir nada más que la ejecución de gestiones de forma telemática; pues en mi opinión, el trabajo social requiere del contacto con las personas y su medio/contexto.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

Que somos profesionales imprescindibles para la sociedad.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Seguro se podría haber hecho algo más, ha sido una situación tan excepcional que no existían precedentes de intervención. Desde mi punto de vista, ha sido fundamental acompañar a los/as menores acogidos en el centro y a sus familiares, con actitud positiva, creativa y de recuperación.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el COVID 19?

El aumento de vinculación entre los/as menores acogidos y los profesionales (dirección, equipo técnico, equipo educativo y servicio externo) y la horizontalidad, siendo todos/as imprescindibles en la lucha contra la pandemia. Participando todos/as en la mayoría de las actividades programadas y la inversión en muchas ocasiones de roles, donde los/las menores apoyaban, animaban y empatizaban con sus adultos de referencias. Reconociendo y alabando el trabajo realizado y fundamental del servicio externo (limpiadoras) que normalmente en el día a día de un centro, es el menos reconocido.

Málaga, 14 de julio de 2020

Carlos J. Núñez Gómez
Trabajador Social
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología Doctor por la Universidad Pablo de Olavide

La profesión de Trabajo Social tiene una presencia destacada en los sistemas públicos de protección social, sistemas que sustentan el actual Estado de Bienestar, especialmente los sistemas de Servicios Sociales y los de Salud. Por su número destacan en servicios sociales y salud. Según datos aportados por el Consejo General de Trabajo Social (2016) la gran mayoría del colectivo realiza su trabajo en algún organismo público, siendo lo más habitual que desarrollen su labor en administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones).

En la esfera pública, el Trabajo Social junto a otras profesiones integran el conjunto de los empleados públicos, que se dividen en:

  • Funcionarios de carrera. Que son aquellos que en virtud de su nombramiento legal desempeñan servicios de carácter permanente, y que han sido seleccionados según los principios de mérito y capacidad a través de oposición, para los que no solo se requiere una formación específica, sino además conocimientos más concretos sobre el Estado y las administraciones públicas y otros relacionados con el funcionamiento del servicio público donde se va a prestar el servicio.
  • Funcionarios de empleo: los interinos- que por necesidad o urgencia ocupan plazas de plantilla en tanto no se provean por funcionarios de carrera. Los eventuales que son nombrados y cesados discrecionalmente- para desempeñar cargos de confianza o asesoramiento especial no reservado a funcionarios de carrera, que cesan automáticamente al cesar el cargo político al que sirven. También personal por contrato (trabajos específicos de carácter extraordinario o de urgencia), contratos de colaboración temporal
  • Personal laboral: fijos y de duración determinada.

Dentro de la administraciones son las relaciones de puestos de trabajo (RPT) el instrumento técnico a través del cual realizan la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto (Parada, 1995). También se llevan a cabo los concursos de provisión de puestos de trabajo (PPT) en los que rigen los méritos (grado personal consolidado, formación, antigüedad…) y que permiten acceder a las diferentes jefaturas con distintos niveles de responsabilidad. También existe la comisión de servicio (CS) una forma más de provisión de puestos pero para la cobertura urgente e inaplazable necesidad, siendo de carácter voluntario, cuya duración no podrá exceder de un año, prorrogable por un año más si, si sigue vacante.

Si nos acercamos al ordenamiento jurídico, tenemos en primer lugar la Constitución, que en su artículo 103.3 dice que:

“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.”

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su  artículo 1,  expone entre otros fundamentos de actuación, la igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. Por tanto, los empleados públicos, entre otros derechos, tienen el de la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas y procesos objetivos y transparentes de evaluación. Y entre los deberes tienen los de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los principios de objetividad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad o ejemplaridad. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas, ni deben influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Y aunque obedecerán las instrucciones y órdenes de los superiores, si estas constituyeran una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, deberán poner en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Por tanto, los funcionarios de carrera son una barrera ante comportamientos políticos no deseables.

Es por ello que las administraciones proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Donde el concurso consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.

Pero, sin duda, los funcionarios titulares pueden ser susceptibles de que se les influya, pues sus complementos salariales o su provisión profesional dependen a menudo de los políticos. En ocasiones la política campa a sus anchas en la administración pública, y utiliza mecanismos que no se ajustan de la mejor manera de hacer las cosas en cuanto a gestión de personal se refiere, como por ejemplo las comisiones de servicios interminables que sobrepasan con mucho los dos años máximo o a veces excesivas en número, refuerzos temporales o entrada de personal interino con carácter temporal. Si esto, además, se hace en tiempos de crisis y recortes públicos, su visibilidad es mayor al coincidir en el tiempo con recortes en personal y servicios, la no cobertura de jubilaciones o las bajas de larga duración. Por esto, resulta indispensable reglar al máximo estas cuestiones.

A veces la falta de una adecuada promoción interna, de convocatorias de concursos de provisión y de traslados, pueden llevar al personal funcionario a la desmotivación, la falta de ilusión y de iniciativas a posibles cambios en los servicios y puestos de trabajo. En este contexto aparece el desánimo, la exasperación y el agotamiento.

En el caso concreto del Trabajo Social, a lo anteriormente expuesto, se debe añadir las limitaciones que la profesión ha tenido y tiene dentro de la administración pública. Su acceso, en la mayoría de los casos, se ha realizado con un título de grado medio que limita la promoción  interna a niveles de superior  responsabilidad en la función pública (con un nivel tope de 26 frente a los 30 de las titulaciones de grado superior). Esto no parece haber mejorado con la nueva titulación de grado, pues las ofertas públicas, oposiciones y concursos que actualmente se vienen realizando por las administraciones para el acceso de trabajadores sociales se convocan dentro del grupo A2 (diplomatura), pero, sorprendentemente, incorporan a los titulados de Grado en Trabajo Social en el mismo grupo A2. Pero, curiosamente, se observa que cuando se convoca una plaza del grupo A1 se pide licenciatura o grado (ej. Grado en Derecho). Este hecho en sí es contradictorio y a la vez discriminatorio para los Graduados y Graduadas en Trabajo Social. ¿Cómo puede ser que un Grado de Trabajo Social se incluya en el grupo A2 y un Grado en Derecho en el grupo A1, máxime cuando ambas titulaciones tienen el mismo nivel universitario?

Lo anterior no es una cuestión baladí pues además de implicar una menor remuneración económica, lleva parejo un menor reconocimiento público y la imposibilidad de acceso a determinados puesto de mayor responsabilidad dentro de las áreas y servicios de las administraciones donde la toma de decisiones es mayor en relación a los servicios públicos que se prestan o se pretenden prestar.  

Los colegios profesionales, como menciona Parada (1995), es “el ejemplo más típico de los entes corporativos, entre sus notas más significativas está el interés homogéneo entre sus miembros” (p.30). Al ser corporaciones de derecho público, amparados por la ley y reconocidos por el Estado con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Estos deben garantizar la defensa de los intereses profesionales, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profesionales (artº 13 de la ley de colegios de 13/2/1974), que  entre sus funciones tiene la colaboración con las administraciones públicas, posibilitando su adecuado funcionamiento, pero también exigiendo aquellas cuestiones que son de derecho y que afectan al colectivo.

La Ley 10/2011 de los Colegios Profesionales de Andalucía en su Artículo 17, al hablar de los fines, establece la defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas, la defensa de los intereses generales de la profesión, así como la consecución de su adecuada satisfacción en relación con el ejercicio de la profesión respectiva.

Por lo dicho, los Colegios Profesionales deben abordar estos temas, con la mayor celeridad posible, pues esto afecta al desarrollo de la propia profesión y a su futuro. Independientemente de que los sindicatos tengan un papel destacado en las cuestiones planteadas.

Bibliografía

  • Bosch, J. y Escolar I. (2018) El secuestro de la Justicia. Roca Editorial de Libros
  • Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978 (BOE núm. 311-I, de 29 de diciembre de 1978.
  • Lima, A.I. (Coord.) (2016). II Informe sobre los servicios sociales en España. Consejo General del trabajo Social. Madrid.
  • Jefatura del Estado (1974) Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Publicado en BOE núm. 40 de 15 de Febrero de 1974. Revisión vigente desde 27 de Julio de 2012.
  • Junta de Andalucía. Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. 
  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE» núm. 261, 31/10/2015. https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con Parada, R. (1995). Derecho Administrativo, Organización y empleo público (9ºedic). Marcial Pons, ediciones Jurídicas, S.A. Madrid

Málaga, 7 de julio de 2020

En febrero de 2020, y tras casi un año de trabajo creando un nuevo proyecto de revista, TSDifusión inició su andadura. Apenas comenzó nuestro “rodaje” cuando éste se vio interrumpido por las consecuencias que ha traído la pandemia del COVID-19, y que tantas cosas ha cambiado en los últimos meses.

Si algo positivo nos deja la pandemia, es que hemos aprendido que las Nuevas Tecnologías nos permiten comunicarnos, interrelacionarnos y trabajar de forma conjunta, y pueden facilitar que TSDifusión cuente con un equipo de trabajo real e interprovincial que va a aprovechar la oportunidad que nos dan las herramientas digitales para fomentar la participación y enriquecer la revista.

En nuestra vuelta a las publicaciones, os invitamos a que contéis vuestras vivencias profesionales durante la pandemia. TSDifusión agradece la colaboración a las profesionales que nos han contado su experiencia a través de una entrevista, las cuales iremos publicando.

ENTREVISTA A
María del Pilar Estévez Muñoz
Trabajadora Social. Centro de Menores

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

Muy distinto. Tratándose de un centro de protección de menores, hemos tenido que confinar a 19 menores, los y las cuales no han podido relacionarse ni siquiera con sus familiares de manera directa, teniendo que cambiar una dinámica completa de funcionamiento, para adaptarla a la situación generada de dicho confinamiento. Con flexibilización de normativa interna, cambios en el Proyecto Educativo y demás instrumentos educativos de centros, reinvención en las formas de relación (video llamadas con familias, intervenciones telemáticas) etc.

Todo ello con el objetivo de reducir el impacto emocional que ha producido el aislamiento de la población atendida, y en un tiempo record para adaptar rápidamente la situación a las necesidades del grupo de menores atendidos/as.

Igualmente se ha tenido que imponer un protocolo estricto de medidas sanitarias, tanto para un equipo de profesionales que trabajamos en el centro, como para los propios y las propias menores, teniendo que integrarlo e interiorizarlo en la dinámica convivencial del recurso. Algo que ha sido realmente complicado.

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

En una fase inicial, más apoyo de la Administración Pública de la que dependemos. En la primera fase del confinamiento, los centros de protección de menores no se les reconocían como servicio esencial, por lo que no se nos consideraba como grupo de riesgo. A pesar de que tuvimos a un menor durante 20 días en aislamiento, con síntomas compatibles al COVID-19. Y en otros centros, me consta que también ha habido menores aislados/as.

Empezamos a afrontar la situación sin los equipos de protección adecuados y suficientes. Los pocos que teníamos se consiguieron a través de nuestra propia organización Prodiversa. A medida que fueron pasando las semanas, la Junta de Andalucía, reconoció a los centros de protección de menores, como servicio esencial y de riesgo, y empezaron a surtir de los medios para llevar a cabo nuestras funciones. Hasta el momento, que han vuelto a retirar la distribución de los EPI, coincidiendo con la reanudación de las visitas familiares e intervenciones con las mismas, aludiendo que el material está disponible en distintos comercios.

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

El teletrabajo combinado con lo presencial de las intervenciones, ha supuesto una novedad importante, que ha resultado ser bastante positiva y productiva.

Pero es imposible un Trabajo Social solo desde el teletrabajo, éste debe quedar para la parte más creativa y de desarrollo de nuestras funciones, como la elaboración de los planes de intervención, acciones administrativas telemáticas, proyectos, programaciones y memorias, redacción de informes sociales, etc.; y de coordinación con reuniones telemáticas. En cierto modo el COVID-19 ha servido para reinventarnos.

Y la parte presencial para intervenciones directas, que éstas evidentemente siempre deben ser presenciales, porque se ha demostrado en estos días de confinamiento, en las que se han tenido que hacer intervenciones sociales vía telemática, han perdido cercanía, calidad y calidez en las mismas. Algo que en Trabajo Social es fundamental, para conseguir unos resultados óptimos.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

Seguimos manteniendo dos días de teletrabajo, para todas las funciones que anteriormente se ha mencionado, y las reuniones de coordinación telemáticas con distintos profesionales externos e internos de nuestra área.

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Aprender a trabajar con un estricto control en protocolos y medidas sanitarias que muchas veces cuesta mantener, sobre todo en cuanto al distanciamiento social.

Trabajamos con personas, y cambiar un sistema de relación, en intervenciones sociales, teniendo en cuenta las situaciones que tratamos, es muy difícil. Pero hay que integrarlas, a pesar de lo que nos va a costar cambiar ese modelo.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

El Trabajo Social es un servicio esencial que debe estar presente más que nunca en estos momentos. Debemos aportar todos los medios técnicos necesarios para resolver aquellos problemas derivados de esta grave crisis, y acompañar a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dotándolos de todas las herramientas necesarias para que puedan salir de la situación en la que se encuentran. Esto solo lo puede hacer la profesión.

Si se me permite la comparación, yo siempre digo, que el Trabajo Social es como la Medicina en el ámbito de los problemas sociales. Más que nunca debemos estar al pie de cañón interviniendo de manera directa en los problemas derivados de esta grave situación. Porque somos los/las profesionales especializados/as y formados/as para ello.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

En mi área de trabajo, se ha hecho todo lo que se podía hacer. No creo que se podría haber hecho más, dadas las circunstancias.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el Estado de Alarma?

En un centro de protección de menores, se podrían escribir mil anécdotas. Momentos de angustias y miedo, familias desesperadas y asustadas por sus hijos e hijas sin poder verlos, el aislamiento de un menor, etc.  

Pero de todo me quedo con la lección que me han dado 19 menores con sus diferentes problemáticas, que han superado de manera muy positiva una situación tan complicada a pesar del aislamiento que han tenido; y el trabajo de un equipo interdisciplinar que ha trabajado intensamente, demostrando que sin ese espíritu de equipo y gran profesionalidad hubiera sido imposible salvar estos días tan terriblemente duros que hemos pasado. 

ENTREVISTA A
Josefa Rodríguez Galán
Trabajadora Social. Centro de personas con diversidad funcional

Tu trabajo diario, durante el confinamiento, ¿ha sido distinto? ¿En qué ha cambiado?

No ha variado mucho, en el sentido de que he seguido con mi día a día, gestionando recursos para las familias que lo precisan e informando

¿Qué has echado en falta para haber podido desarrollar tu trabajo en unas mejores condiciones?

El contacto directo con las familias y las administraciones. 

¿Se puede implementar de manera permanente la tecnología en algún aspecto de tu trabajo? ¿De qué forma?

Si, a través de video llamadas con familias y otras Asociaciones.

¿Han puesto en marcha desde tu puesto de trabajo algún nuevo servicio o prestación? ¿Algo relevante o innovador?

No, he seguido trabajando como siempre, de forma presencial en mi trabajo a puerta cerrada, pero con los mismos recursos (telefónicos y ordenador).

¿Qué supondrá la situación post-COVID de cara a tu trabajo diario? 

Más labor social, ya que debido a esta situación han aparecido muchas familias en situación de riesgo y vulnerabilidad.

¿Qué debe aportar el Trabajo Social después de lo vivido en estos tiempos de crisis sanitaria por el COVID? 

El Trabajo Social debe aportar mucho ánimo a las familias y reforzar las medidas de protección para los usuarios y familiares  para poder volver a la normalidad lo antes posible, ya que nuestros/as usuarios/as son de gran riesgo.

¿Qué más se podría haber hecho desde tu puesto de trabajo?

Se ha trabajado e intervenido en todas las situaciones que se nos han planteado, dentro de nuestras limitaciones, ya que no se ha podido tener un contacto directo, que esto siempre facilita mucho el trabajo.

¿Podrías contarnos alguna anécdota o un caso relevante durante el Estado de Alarma?

Una familia que me comentó que su hija gravemente afectada, llevaba una semana en la cama sin poder levantarla para sentarla en la silla de ruedas, por ser ellos mayores y no poder hacer la transferencia.

Me puse en contacto con Servicios Sociales Comunitarios para solicitarle ayuda a domicilio, les expuse el tema y les comuniqué que esta usuaria, aunque asiste al Centro de día, y debería de tener las 22 horas mensuales de ayuda domicilio, la familia nunca la había solicitado. Les comenté la posibilidad de que pudiera ir una cuidadora por la mañana para asearla y levantarla y nuevamente por la tarde/noche para volverla a asear y acostarla, para evitar que se le produjeran escaras.

A la semana llamé a la familia y ya tenían a la cuidadora que les prestaba el servicio solicitado. Volví a retomar la conversación con el padre, para que una vez que finalice el confinamiento, debe solicitar la ayuda domiciliaria, de una hora diaria de lunes a viernes que le corresponde por asistir al centro de día, ya que su hija lo precisa y ya han visto el problema que les ha surgido por no haberla solicitado en su momento. Siempre que se les proponía, la rechazaban. 

Málaga, 11 de febrero de 2020

Mónica Tabares Arrebola
Trabajadora Social en Servicios Sociales Comunitarios. Experta en Intervención Comunitaria y Bienestar Social. Miembro de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Servicios Sociales del CPTS de Málaga

Actualmente, las personas profesionales de Trabajo Social estamos inmersos en una crisis política que nos afecta en nuestra forma de intervenir y nuestro quehacer profesional diario. Cuando la esfera política confunde las políticas sociales con políticas de beneficencia, los y las profesionales de lo social nos enfrentamos a un gran debate moral interno: ¿Seguir la directriz establecida o no?  

A las/os trabajadoras/es sociales se nos conoce por ser agentes de cambio social, pero, si esto es así, debemos avanzar en políticas igualitarias, menos asistenciales, y no ser partícipes y cómplices del sistema benéfico y desigual que, algunos políticos quieren imponer porque, de cara a la ciudadanía, se reviertan en votos. Nosotras/os no somos políticos, somos profesionales técnicos y como tal deberíamos actuar.  

Para la ciudadanía, tristemente, estamos, nuevamente, afianzándonos en meros dispensadores de prestaciones económicas, las famosas “ayuditas”.  Pero ¿es este realmente el Trabajo Social qué queremos hacer? Parto de la base de que no es así. Otra cuestión diferente, es que estas prestaciones económicas, sean un recurso, un medio, para que el profesional haga uso de él, durante el transcurso de su intervención.  

Me gusta mucho una frase de Mahatma Gandhi que dice: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”. Desde mi punto de vista, con meras “ayuditas” poco vamos a cambiar el mundo. 

Si realmente queremos hacer un verdadero Trabajo Social, igual nos tendremos que plantear explicarle, a más de un político, en qué consiste nuestra profesión, cuáles son los campos de intervención y dejarle muy claro cuáles son nuestras funciones ya que, estoy convencida que, la mayoría de los políticos, desconocen en qué consiste nuestra profesión. En nuestro devenir profesional diario, nos encontramos también con políticos que dicen conocerla, pero, visto lo visto, habrá que refrescarles también la memoria.  

Por otra parte, me parece fundamental que no solo se nos reconozca como profesionales de referencia en el ámbito de los servicios sociales, ya que somos profesionales de referencia, desde la perspectiva social, en todos los sistemas de protección social públicos, entidades privadas y   tercer sector.  

Está claro que, aún nos queda mucho por hacer en nuestra profesión, pero en ocasiones es importante realizar también una autocrítica y analizar, con objetividad, dónde estamos fallando, como profesionales, para poder, a partir de ahí, articular mecanismos de solución que nos permita empoderar nuestra profesión y llevar a cabo un TRABAJO SOCIAL con mayúsculas. 

Antonio Machado decía: “Caminante hace camino al andar…” que no se nos olvide que de nosotras/os depende que ese camino lleve una dirección de avance o de retroceso. Yo, estoy dispuesta avanzar, espero que vosotras/os también lo estéis porque tenemos mucho que aportar como profesión a la sociedad, mucho aún por hacer y un largo camino que recorrer hacia adelante.  

En nuestras manos está el demostrar que, somos realmente agentes de cambio, por eso sigamos luchando por la defensa de nuestra profesión, de los derechos sociales y de políticas sociales realmente eficientes, eficaces y de calidad.

Málaga, 4 de febrero de 2020

Pedro González Aceituno
Trabajador Social del Programa de Intervención en Salud Mental y Exclusión Social – PISMES, hasta su reciente jubilación

En 1980, cuando entré a trabajar en el manicomio, perdón, en el Hospital Psiquiátrico, me encontré con una realidad que hasta entonces no conocía: cientos de personas hacinadas en salas con camas litera, sin ropa personal, ni taquillas, en unas deficientes instalaciones, encerrados e invisibles a la sociedad. En nombre de la ciencia, de la salud, de la seguridad, se encerraba a unas personas para ponerlas en tratamiento, para protegerlas, o quizás era para proteger a la sociedad de esas personas que no queríamos en la comunidad, que no queríamos como vecinos/as, porque generaban incertidumbre y miedo. El resultado era la exclusión social de un colectivo, lo que entraba en contradicción con los derechos humanos más elementales, algo que no podía soportar una sociedad que salía de una dictadura. La Reforma Psiquiátrica fue un proceso imparable que posibilitó la apertura de las puertas del manicomio, la salida de estas personas a recursos sociales comunitarios, logrando su derribo definitivo tras un proceso de más diez años. Algunos pensaron en utilizarlo para actividades ocupacionales y rehabilitadoras, pero su demolición fue algo lleno de simbolismo, había que destruir físicamente el lugar donde se había producido tanto sufrimiento y exclusión.

Años después pudimos ver que la desaparición física fue positiva, pero quedó manicomio en nuestras mentes, en la de los/as usuarios/as, en la de los familiares, en la de los/as profesionales y en la sociedad. Algo que, hoy día, todavía perdura. El manicomio sigue vivo en nuestras actuaciones y en el ideario colectivo, que lo sigue reivindicando, aunque sea teñido de hermosas palabras protectoras.

Durante los noventa aparece por Málaga, pero es en el cambio de milenio cuando nos encontramos con un fenómeno nuevo que no cesa de crecer, aunque ya teníamos referencia de su existencia en otros lugares. Son las personas en situación de sin hogar –PSH- que sufren un Trastorno Mental Grave –TMG-. Me encontré, como profesional de los servicios sociales y de la salud mental, con unas personas doblemente estigmatizadas, por su situación social, vivir en la calle, y por su salud, sufrir una enfermedad mental.

¿Qué sociedad hemos construido? ¿Hemos cerrado los manicomios, centros de reclusión y exclusión social, para ingresarlos y excluirlos en las calles? ¿Habría que abrir de nuevo instituciones para acoger a quienes viven en la calle y sufren una enfermedad mental?

Muchas voces achacaron la culpa a la Reforma Psiquiátrica; “quienes viven y deambulan por las calles son locos, no tienen un lugar donde recibir tratamiento y vivir”, era frecuente escuchar  en reuniones sociales, sanitarias y políticas. La presión no se hizo esperar. Los vientos de libertad y respeto de los derechos humanos de finales de los setenta habían amainado, e incluso, si se me apura, corrían vientos contrarios, eso sí, camuflados en discursos proteccionistas, en los que se proclamaban la ayuda a estas personas, sacándolas de la calle, diseñando maravillosas instituciones donde ser acogidas y cuidadas. Eufemismo de los manicomios tradicionales, se buscaba volver a la exclusión mediante el encierro. “Hay que recogerlos/as de la calle y meterlos/as en una institución adecuada para que sean atendidos/as, no digo que sea un manicomio”, era la respuesta más frecuente que escuché en aquellos años, por parte de profesionales sociales, sanitarios y políticos.

No nos engañemos, las PSH con TMG resultan desagradables cuando nos tropezamos con ellas, sucias y malolientes, dañan nuestra vista y olfato, son un mal ejemplo para nuestros menores, ¿qué explicación le vamos a dar cuando nos pregunten por qué vive esa persona en la calle, cerca del parque donde ellos juegan? Pero nunca se plantearon los/as profesionales preguntarle a estas personas por qué vivían en la calle, cuáles fueron las razones por las que terminaron en situación de calle. Jamás se cuestionó que quizás el sistema sanitario, los servicios sociales y las prestaciones de protección estaban fallando en alguna medida. El sistema es perfecto, luego el fallo estaba en ellos/as.

Creo que las PSH, en general, con o sin TMG, son el síntoma que nos muestra que vivimos en una sociedad gravemente enferma, donde prima la insolidaridad, la competitividad, lo que provoca la exclusión social de las personas más vulnerables. Me niego a aceptar que la solución sea la institucionalización de estas personas, le pongan el nombre que le pongan a la institución, no me vale un nuevo manicomio con barrotes de oro y suelos de mármol. Hay que diseñar alternativas residenciales inclusivas, tratamientos asertivos comunitarios, promocionar actividades de ocio, formativas, de empleo. Trabajar en el camino de la recuperación y en que las personas puedan tener un proyecto de vida.

Hoy partimos con ventaja. Antes eran “locos, locas”, personas sin derechos ciudadanos, encerradas en manicomios, excluidas e invisibles, ahora son personas que aún en situación de exclusión, mantienen sus derechos aunque no tienen acceso a su disfrute, pero son visibles, están en la calle, entre nosotros/as, antes no nos molestaban, ahora molestan.

Han pasado casi veinte años, y las PSH con TMG constituyen un problema que no para de crecer y no se le dan las alternativas adecuadas, ni desde salud mental, ni desde los servicios sociales con la Ley de la Dependencia. Es más, cada día expulsamos a la calle más personas y más jóvenes, que, tras sufrir sus primeros episodios psicóticos, carecen de los apoyos adecuados; familiares, sociales, económicos, de alojamiento…

Las causas para que una persona termine en situación de calle son muchas y variadas, algunas las podemos encontrar en la propia persona, otras en su entorno familiar, en la sociedad, o en los sistemas (sanitario, social, laboral). No hay una única razón, ni una misma razón interfiere por igual es todas las personas. El proceso hacia la exclusión social es multidimensional y largo. Vemos caer la persona, pero no hacemos nada por evitarlo, lo más frecuente es culpabilizarla del proceso de deterioro, el resultado final es la calle o, en el mejor de los casos, su alojamiento en un centro de acogida.

¿Es un centro de acogida el lugar más adecuado para estabilizarse y realizar un tratamiento?, ¿puede alguien construir un proyecto de futuro desde un centro de acogida? Ante esta realidad, la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga se plantea en 2004 la necesidad de poner en marcha un programa de atención a las personas en situación de sin hogar que sufre un TMG. El objetivo es contactar con estas personas para mejorarles su calidad de vida e iniciar tratamiento, esto nos lleva a tener relaciones con las instituciones que trabajan con las personas en situación de calle, con el objetivo de coordinarnos y establecer planes conjuntos de atención. Pese a que los recursos para atender a las personas en situación de sin hogar han crecido y se han agrupado mediante la creación de la Puerta única, contándose hoy con un Equipo de Calle, la realidad supera a los recursos actuales, que son insuficientes y no adecuados para atender la problemática de estas personas en general, menos para quienes sufren un TMG.

Algunas reflexiones

  1. Las personas en situación de sin hogar tienen carencias económicas y materiales, pero los problemas más importantes son los no visibles, como la soledad, afectividad, aislamiento, intimidad, falta de autoestima, de familia, amigos, derechos, redes de apoyo social,… provocando que la dignidad, esencial en la construcción de la persona, se dañe hasta destrozar al ser humano, impidiendo que sean vistas y se sientan como personas valiosas. Los recursos solo suelen ofrecer alojamiento, comida, aseo, ropa, apoyo en las gestiones,… lo que es insuficiente para atender a las personas en situación de sin hogar, más cuando llevan años de calle, momento en el que prevalece la indefensión aprendida y no confían en los/as profesionales ni en las instituciones.
  2. Los centros no se adaptan a las necesidades de las personas; sus normas, la burocracia, la rigidez administrativa,… provocan que las personas sean excluidas de los centros que deben acogerlos para trabajar su inclusión social. Faltan recursos, pero no hay que aumentar las plazas en más de lo mismo, menos construyendo macrocentros, hay que diversificar las instituciones, evitando la masificación, especializarlas en diferentes perfiles, y que sean los centros los que se adapten a las necesidades de las personas y no a la inversa.
  3. Huir de la creación de experiencias, con subvenciones temporales, en las que no esté garantizada la continuidad. Hay que conseguir un compromiso institucional en los presupuestos para que la atención se mantenga en el tiempo. No es ético atender a unas personas durante un periodo de tiempo para después abandonarla por falta de presupuesto. El daño es irreparable y la desconfianza aumenta, la próxima vez que se le aborde será más difícil.
  4. El voluntariado, el paternalismo, la caridad, el consejo… hay que sustituirlo por los profesionales, la planificación, los derechos, la calidad,… las personas en situación de calle han de ser las protagonistas, quienes decidan su proceso de inclusión, su proyecto de vida, hasta ahora son vistas como objetos de nuestro trabajo, tienen poco margen para decidir, solo pueden huir de nuestros despachos y no acudir a los centros, las ayudas y prestaciones son “impuestas”, no consensuadas, los ritmos y tiempos se ponen desde la institución, sin contar con sus dificultades y deseos. Son consideradas beneficiarias, de beneficencia, no ciudadanos/as con derechos. Cuando hay fracaso se les culpa y añadimos “no quieren nada de nosotros/as”.
  5. Los recursos existentes no reúnen la calidad que exigiríamos para nosotros/as. Debemos exigir recursos de calidad, dignificando la atención, protegiendo la intimidad, lo que no se protege solo aplicando la ley de protección de datos, a lo que estamos obligados, sino evitando dormitorios con camas litera y donde duermen varias personas, colas en la calle de los comedores sociales, en el reparto de alimentos, colas indignas, humillantes.
  6. Hay que profesionalizar la atención y darle al voluntariado su lugar. Si entendemos la atención a las personas en situación de sin hogar como el reparto caritativo de alimentos, no es preciso profesionalizar, pero si vamos a atender a una persona destrozada por los sucesos vitales estresantes que ha sufrido durante su proceso de exclusión social, hacen falta profesionales. La exclusión social se trabaja desde la dignidad de las personas, no desde la caridad, apoyando a la persona a recomponerse, a estructurar su proyecto de vida. Igual que caer en la exclusión social es un proceso largo, trabajar la inclusión es un proceso no exento de dificultades, donde, a veces, surgen momentos duros y se fracasa, pero que no deben ser vistos como la derrota y ni motivo de abandono, ahí debe estar atento/a el/la profesional para retomar la motivación.
  7. Las órdenes de alejamiento, los ingresos involuntarios, los encarcelamientos, el apoyo tras el excarcelamiento, las incapacitaciones, son elementos que no apoyan la inclusión social, todo lo contrario, facilitan el proceso de exclusión social. En el caso de las PSH con TMG problemas de salud mental, que deben ser atendidos desde lo sanitario y servicios sociales, se han convertido en problemas judiciales, las togas negras están sustituyendo, dando las respuestas que no se dan por las batas blancas.

¿Qué hacer? ¿Dejar que la calle se siga llenando de personas en situación de exclusión social? ¿Son correctas las actuaciones profesionales y políticas que realizamos?

Dicen que en un barrio obrero, mal iluminado, había un hombre agachado en el suelo debajo de una farola, camino de su casa iba un vecino, que al verlo agachado le preguntó qué hacía. “Busco las llaves de casa, que se me han caído”. El vecino, solidario, se agachó y se puso a buscar con él. Tras un rato buscando, el vecino le preguntó, “¿Estás seguro de que se te cayeron aquí?”. A lo que el hombre le respondió. “No, se cayeron en la acera de enfrente, pero allí no hay luz”.

Buscamos soluciones donde ya sabemos que no las hay, reproducimos actuaciones ancestrales, las fáciles, el protocolo y las normas las cumplimos a rajatabla, aunque sabemos de antemano que no solucionan el problema. Los/as profesionales nos dedicamos a replicar las actuaciones sin pensar, sin innovar, sin ajustar nuestro modelo de trabajo en beneficio de las personas, lo importante es cumplir los objetivos administrativos y las leyes, que ¿por qué han de estar por encima de la dignidad de las personas, conculcando los derechos humanos? Mientras que no crucemos la acera y busquemos las llaves allí donde hay posibilidades de encontrarlas, mientras que no perdamos el miedo a afrontar soluciones difíciles, será imposible dar una respuesta digna y de calidad a las personas en situación de sin hogar.

Huelva, 4 de febrero de 2020

Julio Piedra Cristóbal
Trabajador Social

La institución familiar ha tenido y tiene un peso decisivo en la articulación social en todas las culturas. De manera global, la familia aparece definida en el Diccionario de la Real Academia Española como “grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”.

Desde un punto de vista antropológico, la familia ha sido descrita a partir de sus funciones, en concreto el afecto y apoyo (social, económico, político, entre otros) que se deben profesar sus miembros (Cicerchia y Bestard, 2006). A partir de esa funcionalidad, cada sociedad ha definido su tipología familiar, incluyendo una composición y estructura diferenciada según el contexto cultural de que se trate. En este sentido, en las sociedades occidentales se le ha dado mucha importancia a la biología en la construcción de las relaciones de parentesco. Es importante dejar claro que la biología en el parentesco es una construcción cultural, pues tal y como se ha señalado, otros aspectos como los cuidados, las interacciones, la ayuda mutua o la libre elección también determinan en gran medida la naturaleza de las relaciones familiares.

Desde el punto de vista social y antropológico, la diversidad familiar siempre ha existido (noción de clan; familia extensa). Los acelerados cambios demográficos, económicos y sociales de los últimos 50 años no han pasado inadvertidos para la familia. El nuevo horizonte que han abierto los derechos sociales y jurídicos contemporáneos trae, a primer plano los nuevos tipos de familia como una realidad problemática para algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, lejos de ser una fuente de incertidumbres, creemos que puede y debe ser el abono para construir una sociedad más libre, diversa y justa.

La familia nuclear sigue siendo la forma de convivencia más extendida en nuestro país (Cordero, 2010). Pero también emergen otros modelos, lo cual revela la transformación operada en España desde el período democrático. La progresiva laicización de las prácticas y ritos sociales, la evolución de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo, el aumento de los divorcios y segundas nupcias, la generalización de las parejas de hecho o la maternidad/paternidad desvinculada al matrimonio, son algunos de los factores que explican estos cambios, según diferentes estudios.

Para entender este marco sociológico y demográfico, Cea D’Ancona (2009) refiere la convergencia de varios rasgos distintivos. En primer lugar, el surgimiento de una pluralidad de modelos familiares: además de la familia nuclear tradicional aparecen otras como consecuencia de los cambios sociales y legislativos que permiten el divorcio o las uniones entre personas del mismo sexo. El núcleo familiar ya no pivota mayoritariamente en la procreación, sino en los vínculos que construyen sus miembros, les unan o no lazos matrimoniales y/o de consanguinidad e incluso parejas sin hijos, por tanto no tiene que existir reproducción. Todos estos cambios implican una redefinición del concepto de familia, alimentado por la conquista de derechos civiles por parte del colectivo de personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y queer. En efecto, en las familias actuales hay una disociación entre relaciones conyugales y filiales, así como las relaciones con los hijos e hijas y la relación de pareja (familias reconstituidas, homoparentales y monoparentales) que llevan a un cuestionamiento del modelo heteroparental ¿Supone esto un riesgo para la familia, al quedar desligada de su elemental función reproductora? En mi opinión, no. Distintas investigaciones han demostrado que el bienestar de los y las menores de edad no depende de la estructura familiar sino de las relaciones que se tejen y de la calidad de las interacciones que se dan en su seno (Frías et al., 2004; Montalbán, et al., 2011; Patterson, 2002; Pedreira et al., 2008).

Resulta muy acertada la visión de Rivas (2009) cuando habla de relaciones de parentesco ejercido a través de las prácticas cotidianas. Así la única ligadura que debería existir entre los miembros de una familia es la del amor y el afecto, sin valoraciones morales o políticas sobre su origen. En las sociedades individualistas de la era posindustrial, la vulnerabilidad y el riesgo que rige nuestras vidas se suple con la relación afectiva. El amor se convierte, por tanto, en el epicentro de la vida y es lo único que justifica y dota de sentido al vínculo entre dos personas y a las nuevas maneras de configurar un hogar. La diversidad familiar debe verse como una oportunidad para reflexionar críticamente sobre los vínculos humanos y, en última instancia, para educar a los niños, niñas y jóvenes en el respeto, la negociación y la tolerancia como bases sobre las que construir relaciones sanas. La educación —en casa y en la escuela— juega un papel clave en la transmisión de la diversidad familiar como un valor positivo. Hoy contamos con variados recursos para esta tarea, de los que a continuación presentamos un somero resumen.

A nivel institucional y normativo, la Ley 8/2017, de 28 de diciembre para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía ya contempla la necesidad de proteger los derechos de las familias homoparentales. Además, en 2018 la Consejería de Educación promulgó una instrucción incluyendo la celebración del Día Internacional de las Familias (15 de mayo) en el calendario de actividades de los centros, que ha de contemplar actividades sobre la diversidad familiar.

Dado que es una realidad social palpable, cada vez más centros escolares la incluyen en sus materiales y en el tratamiento transversal de derechos y valores, aunque todavía quedan muchos centros que no hacen nada e incluso reproducen el modelo de familia nuclear heterosexual (por ejemplo, el lenguaje empleado en los formularios o la celebración de ciertas efemérides como el día de la madre o del padre).

A nivel asociativo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) cuenta con un Grupo de Trabajo con Familias que ha editado una Guía titulada “Las Familias en las Aulas”, que recopila 74 recursos para trabajar este tema en los centros educativos, para todos los niveles de enseñanza. Además, existe una variada gama de colectivos que incluyen este tema como uno de sus ejes de trabajo y divulgación, como la Fundación Triángulo, la Asociación Familias LGTBI (GALEHI), Solas, AMASOL o la Asociación de Madres Solteras por Elección (centradas en familias monomarentales), o las numerosas asociaciones de familias de adopción y acogida que existen en nuestra Comunidad, entre otras. Un ejemplo muy inspirador para padres, madres y profesionales es la web TTransformando (https://www.ttransformando.com/) que reúne recursos e información sobre identidad de género y diversidad afectivo-sexual.

En los últimos años las editoriales han incrementado también los títulos dirigidos al público infantil donde aparecen reflejadas estas nuevas realidades, apoyadas por instituciones y colectivos que trabajan por normalizar lo que ya es habitual en nuestros hogares, escuelas y centros de trabajo. Ejemplos como el libro infantil “Un puñado de botones” de Carmen Parets o “Familias” de Oh! Mami Blue, juegos como “Tutty” o el juego de mesa “¿Quién vive aquí?” reflejan de modo muy didáctico los distintos modelos de familias.

La diversidad afectiva y familiar es una oportunidad, nunca una amenaza. Informar, sensibilizar y concienciar desde edades tempranas sobre la diversidad familiar contribuye a una educación sin prejuicios, justicia social y defensa de derechos humanos. Desde el Trabajo Social, como profesión que promueve el cambio social, es muy importante contar con una adecuada formación e información a este respecto. A través de uno de sus instrumentos básicos como es el Proyecto de intervención se puede prevenir y participar tanto a nivel individual, como familiar o comunitario en sus diferentes ámbitos de actuación (servicios sociales, servicios sanitarios, educación, tercer sector, etc.) para que la infancia se desarrolle de manera integral, sin prejuicios y en libertad.

Referencias

Cea D’Ancona, Mª Ángeles (2009). «La sociedad española ante los nuevos modelos de familia». Panorama Social, 10, 8-22

Cicerchia, Ricardo y Bestard, Joan (2006). ¡Todavía una Historia de la Familia! Encrucijadas e itinerarios en los estudios sobre las formas familiares. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 17 (1), 36 – 62.

Cordero del Castillo, Prisciliano (2010). «La familia española entre el tradicionalismo y la postmodernidad». Humanismo y Trabajo Social, 9, 157-170.

Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales [s.f.]. Las familias en las aulas. Guía práctica de herramientas y recursos de diversidad familiar. [En línea].

Recuperado de: http://www.felgtb.com/descargas/familias/Lasfamiliasenlasaulas.pdf

[Consultado: 25/01/2019].

Frías Navarro, Mª Dolores; Pascual Llobet, Juan y Monterde i Bort, Hector (2004). «Hijos de padres homosexuales: Qué les diferencia». Ponencia presentada en el Quinto Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis. [En línea]. Recuperado de:

http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/investigaciones/i/1386/531/

hijos-de-padres-homosexuales-que-les-diferencia [Consultado: 25/01/2019]

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y nodiscriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. BOJA nº 10 de 15 de enero de 2018. [En línea]. Recuperado de: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1

 [Consultado: 28/01/2019]

Montalbán Peregrín, Francisco Manuel; Domínguez de la Rosa, Laura y Castilla Mora, Mª del Rosario (2012). La construcción social de la realidad homoparental: nuevos retos para el Trabajo Social». Documentos de Trabajo Social: Revista de trabajo y acción social, 51, 301-316.

Patterson, Charlotte J. (2002). «Lesbian and gay parenthood». En: Marc H. Bornstein (ed.). Handbook of parenting, 3.Being and becoming a parent. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Pedreira, José Luis; Rodríguez, R.; Seoane, Ana Mª y Martín, Luis (2008).«Parentalidad y homosexualidad: de la ideología a la metodología». Monografías de Psiquiatría, 20, 55-65.

Rivas, Ana María (2009). «Pluriparentalidades y parentescos electivos». Revista de Antropología Social, 18, 7-19

Valdivia Sánchez, Carmen (2008). «La familia: concepto, cambios y nuevos modelos». La Revue du REDIF, 1, 15-22.

Cádiz, 4 de febrero de 2020

Fernando de la Riva
Socio colaborador

La sociedad de nuestro tiempo hace frente a retos inéditos en la historia de la humanidad. Vivimos los inicios de un importante cambio climático y la consiguiente crisis medioambiental que de él se deriva -con el empobrecimiento de la diversidad natural y la extinción de un gran número de especies animales y vegetales- cuyas consecuencias dramáticas, en todos los órdenes de la vida, resultan sin embargo previsibles (aumento de las desigualdades sociales, de la emigración por causa de la pobreza, de la violencia y las guerras por el agua y los alimentos, del desorden social, etc.).

El agotamiento de los combustibles fósiles y de muchos recursos naturales, nos aboca, junto con otros importantes factores como la revolución tecnológica, a lo que se ha denominado un “Cambio de Era”, que exige cambios profundos en los modelos de producción y de consumo de nuestras sociedades y, lo que es más esencial, requiere un importante cambio cultural en las personas y las comunidades sociales.

Este cambio civilizatorio tiene dimensiones globales, o sea, afecta a la totalidad de la humanidad, sin que sea posible aislarse o quedarse al margen de él, e incluye por supuesto a la ciudad de Cádiz, que ha de prepararse obligadamente para ese nuevo tiempo.

En este escenario de transformaciones sociales profundas y aceleradas, la Agricultura Urbana (que se concreta en prácticas como los huertos urbanos y periurbanos, las azoteas verdes, los huertos verticales, los maceto-huertos, etc) aparece como un potente recurso para enfrentar el cambio de era y la emergencia climática, y para generar alternativas de empleo -dentro de la Economía Social y Solidaria- para un número importante de personas.

El impulso de la Agricultura Urbana en todas sus formas, no es solo un fin de interés ecológico o sociolaboral, sino que también tiene repercusión en el desarrollo socio-comunitario, el fortalecimiento de las redes convivenciales, la generación de alternativas de ocio saludable, el fomento de una alimentación sana, etc.

Por esas importantes razones, nace en 2017, la Asociación La Mar de Verde, Huertos Urbanos de Cádiz: para impulsar el desarrollo de la Agricultura Urbana en nuestra ciudad y, al mismo tiempo, crear empleo verde para personas desempleadas de larga duración y/o en riesgo de exclusión social.

La asociación está formada por un grupo de socios/as promotores/as, que se encargan de promover los distintos proyectos de Agricultura Urbana, otro de socios/as colaboradores/as, que llevan a cabo trabajos voluntarios de apoyo al desarrollo de la organización y de sus actividades, y un tercero de socios/as simpatizantes, que participan en esas actividades y contribuyen al sostenimiento de la asociación.

Las actividades que lleva a cabo la asociación son de muchos tipos:

  • De sensibilización y divulgación sobre temas de interés medioambiental y sobre la Agricultura Urbana y Ecológica, como charlas y visionado de vídeos, visitas al invernadero de grupos de niños y niñas, etc.
  • De formación, como pequeños talleres de iniciación a distintos temas prácticos propios de la Agricultura Urbana (la creación de huertos verticales, la producción de compost casero, las enfermedades y plagas de las plantas, etc.)
  • De cultivo del suelo, con jornadas abiertas a la participación de las personas simpatizantes que lo deseen.
  • De asesoramiento y acompañamiento de iniciativas ciudadanas de Agricultura Urbana que solicitan apoyo.
  • Actividades convivenciales y festivas, como comidas y cenas “de traje” para el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y experiencias sobre la Agricultura Urbana.
  • Actividades reivindicativas y de participación en campañas y movilizaciones socio-ecológicas.
Difundiendo la asociación

La Mar de Verde tiene su base operativa en el invernadero del Centro Tartessos, cedido mediante convenio de colaboración por la Asociación Nivel, en cuyas zonas verdes también se desarrollan distintas prácticas agrícolas.

Precisamente esta forma de crecimiento, mediante la cooperación y la creación de redes de apoyo mutuo con otras iniciativas ciudadanas y el aprovechamiento de los recursos sociales ya existentes en el tejido asociativo (espacios, medios de transporte, recursos de conocimiento, contactos y relaciones, etc.) constituyen otro de los rasgos organizativos que quiere “cultivar” La Mar de Verde.

Nos comemos el huerto

En la actualidad la asociación está llevando a cabo un Curso de Introducción a la Agricultura Urbana y el Diseño de Huertos Urbanos, subvencionado por el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación La Caixa, en el que se están inscritas más de 20 personas desempleadas de Cádiz y que servirá para la selección y formación básica de un grupo de promotores y promotoras que impulsarán, a partir del próximo otoño, distintos programas de Agricultura Urbana en la ciudad, como una Red de Huertos Escolares, otra Red de Huertos Comunitarios y Vecinales, una Red de Azoteas Verdes, etc.

Visitas al huerto

Con esa perspectiva, La Mar de Verde espera disponer pronto de la cesión, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, de una parcela baldía donde se pueda poner en marcha un Huerto-Escuela que sirva de espacio formativo e impulsor de estos distintos proyectos.

Lo cierto es que esta iniciativa ha despertado un gran interés y expectativa en una ciudadanía cada vez más sensibilizada hacia los problemas medioambientales y la necesidad de construir alternativas de producción y consumo que pongan la vida en el centro. Más de 900 personas engrosan el grupo de “seguidores” del perfil de la asociación en Facebook @lamardeverde.huertosurbanos y un número creciente de ellas se vinculan, como socios/as colaboradores/as o simpatizantes a sus actividades. Y este es, sin duda, otro de los aspectos más interesantes de esta experiencia. Como otras muchas organizaciones de iniciativa social, es un espacio de encuentro interpersonal, de diálogo, de convivencia, de cuidado mutuo, en una sociedad que cada día necesita más de estos valores.

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